SEMANAS DECISIVAS EN EL JUICIO POR CRISTIAN FERREYRA

En el juicio de Monte Quemado, declararon los principales acusados por el asesinato del joven campesino Cristian Ferreyra. El empresario Ciccioli, en su defensa, acusó de “violentos y corruptos” a los integrantes del MoCaSe. Concluida la etapa probatoria, se acerca el momento de las definiciones. El próximo miércoles 3 de diciembre se leerán los alegatos.

El martes 25 de noviembre tuvo lugar la novena jornada del proceso, en la que declararon los dos principales imputados.

Jorge Antonio Ciccioli, productor agropecuario de 61 años, con domicilio en la ciudad de Cañada de Gómez, Santa Fe, dueño de la empresa Pampa Gringa SRL, creada en el año 2007 con el objeto de realizar “todo tipo de actividades agropecuarias, en especial la producción de forrajeras destinadas a la alimentación animal”.

En noviembre de 2012, cuando ya estaba detenido en Santiago del Estero, Ciccioli introdujo cambios contractuales en su empresa: “Se resuelve acotar el objeto social a las siguientes actividades: realización de actividades de cultivo y comercialización de cereales y oleaginosas”.

Su labor como empresario se remonta al año 2002 cuando fundó, junto a su hermano mayor Oscar David, la empresa Máximo Domingo SRL, para dedicarse a “la actividad de contratista rural agrícola, abarcando todos los procesos inherentes”.
Uno de los ejes principales de su declaración fue desmentir que fuera “un poderoso empresario sojero, soy simplemente un pequeño productor agropecuario”. Admitió haberle comprado en febrero de 2011 el campo de San Bernardo, de 1.872 hectáreas, a la firma Gimi SA, del empresario tucumano Luque. Dijo que se cercioró expresamente que el título dominial fuera legalmente válido y que no hubieran pobladores en su interior.
La propiedad había sido alambrada por su anterior dueño. Las actividades de desmonte tuvieron que retardarse porque la autorización emitida por la Dirección General de Bosques y Fauna de la Provincia estaban a nombre de Luque, pero en julio del mismo año las topadoras estaban talando árboles a destajo. Fue entonces cuando los campesinos de la zona, organizados en el MoCaSe, decidieron actuar. Y empezaron a desalambrar. 17 km de cercado fueron inutilizados.
Siempre según Ciccioli, recién en ese momento se dio por enterado de la existencia del movimiento campesino. Gracias a los servicios legales de la Dra. Ana Alsogaray, a quien contrató como asesora, Ciccioli se reunió en la capital de Santiago del Estero con el abogado del MoCaSe, el Dr. Antenor Ferreyra. En esa oportunidad acordaron realizar una segunda reunión en el campo San Bernardo, donde tendrían la oportunidad de conciliar posiciones con los pobladores. Antes de que pudiera concretarse la concertación, su empleado Javier Juárez asesinó a Cristian, integrante del MoCaSe. El empresario aseguró que nada tenía que ver con el hecho. Y puso énfasis en negar que haya provisto de armas a sus empleados.
Sin embargo, el empresario santafecino se esmeró en desprestigiar el accionar del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, acusándolos de violentos y corruptos. Le reclamó al Tribunal fallar con absoluta independencia .Y concluyó con un indicio de sus futuras intenciones: “Me ha llegado la información de que mientras yo estoy aquí preso, el MoCaSe está construyendo en mi campo dos represas”. Desde el público, Mirta Noemí Salto, madre de Cristian Ferreyra, no pudo soportar la afrenta.Y gritó: “Vos has matado a mi hijo”. Luego se descompuso, y tuvo que ser retirada de la sala.
Más tarde fue citada a declarar la Dra. Ana Alsogaray, con domicilio en la capital santiagueña, actual Procuradora del Tesoro Provincial, y esposa del Ministro de Gobierno de la Municipalidad de Santiago, Humberto Santillán. Alsogaray fue contratada en 2011 por el empresario santafecino imputado, para realizar servicios legales. El día del asesinato de Cristian estaba en Buenos Aires, donde se enteró del hecho por la televisión. Allí recibió el llamado de Ciccioli, para que asumiera su defensa. Pero Alsogaray se negó por motivos profesionales.
Precisamente porque resulta inverosímil pensar que la Dra. Alsogaray tenga simpatía alguna con el MoCaSe, su testimonio fue clave en la causa. Según ella, Ciccioli no prestó suficiente atención al conflicto por la tierra en la provincia. “Acá, en Santiago, los títulos de propiedad no siempre coinciden con la realidad geográfica”. Confirmó que fue la promotora del encuentro entre el empresario y al representante legal del MoCaSe. Y que le aconsejó evitar los conflictos con el campesinado: “Acá se vive tranquilo cuando se concilia”.
Para comprender la dinámica de la conflictividad social en la zona, vale la pena retomar algunos pasajes de la declaración en el juicio del ingeniero agrónomo Cariló Olaiz, de 37 años y residencia en Quimilí. Según Olaiz, los problemas aparecen en el año 2002, “cuando Conexa SA, de los hermanos Buratovich, compró 75 mil hectáreas, tres lotes, al oeste de Monte Quemado”.
La mencionada empresa fue fundada en 1915 por inmigrantes croatas, y posee dos grandes centros de acopios de cereales, uno ubicado en la localidad bonaerense de Arrecifes y el otro en General Pinedo, Chaco. En 2006, un nuevo diferendo tiene lugar con Madera Dura del Norte, propiedad del conocido empresario ferroviario Gabriel Benjamín Romero, dueño de Ferrovías y uno de los socios mayoritarios de Ugofe y TBA. Más tarde, en 2009, la empresa tucumana Gimi comienza los trabajos de alambrado en el campo de San Bernardo. En cada uno de estos casos, y ante las protestas campesinas, los conflictos se dirimen a través de la conciliación, evitándose los desmontes.
Para cuando Ciccioli arriba a la región al comando de su empresa Pampa Fértil, las familias asentadas desde siempre en el territorio habían procurado sus propias herramientas legales para resistir el avance de la frontera de los agronegocios.
Desprovistos histórica y sistemáticamente del acceso a los títulos de propiedad de las tierras que poseen, los campesinos encontraron en el reconocimiento como comunidad indígena Ashka Kaicu (resolución 662 del 2010, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) la posibilidad de participar en las decisiones productivas y ambientales que los afectan.
Al contemplar, en junio de 2011, la llegada de una decena de topadoras de la empresa Picat Hnos., contratada por Ciccioli, los campesinos realizaron la denuncia correspondiente ante la policía del lugar. Más tarde, en julio del mismo año, comienzan los trabajos de desmonte. Y los pobladores multiplican sus denuncias frente a la Dirección General de Bosques, amparados en la ley provincial 6.841 según la cual “se prohíbe la eliminación de bosques por medio del desmonte total o parcial cuando se afecten sitios de valor cultural, poblaciones y/o territorios de pueblos originarios, o se lesionen derechos de poseedores conforme a la ley de fondo”. Las mismas se han incorporado a la causa, están fechadas en agosto y octubre de 2011 y fueron firmadas, entre otros, por el propio Cristian Ferreyra. Todas fueron desoídas.
Entre julio y octubre de aquel año, incluso con posterioridad a la reunión mantenida entre el empresario y el representante legal del MoCaSe, Antenor Ferreyra, los desmontes alcanzaron la extensión de 600 has, el mayor realizado en la zona. Cuando el 16 de noviembre de ese mismo año Javier Juárez asesinó al joven Cristian, su patrón estaba decidido a proseguir con el negocio, costara lo que costase. Sólo como consecuencia de este crimen evitable, el gobierno de Gerardo Zamora decidió suspender durante seis meses los desmontes en todo el territorio provincial.
El pasado martes declaró también el principal acusado, Javier Juárez. Según Deolinda Carrizo, coordinadora de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC), “su testimonio fue bochornoso, plagado de mentiras y miserable desde el punto de vista ético”. Según Juárez el día del crimen él pasaba por casualidad por el frente de la casa de Darío Godoy, en el paraje Campo de Mayo, donde Cristian Ferreyra estaba almorzando junto a sus familias. También por casualidad, iba armado.
Godoy lo llamó e invitó a entrar a su patio. Comenzaron a discutir y apareció Cristian, “con algo en la cintura”. Luego le sacaron las llaves de la moto, lo patotearon, lo tiraron al piso, le pegaron, y sólo entonces sacó el arma y disparó para defenderse. Le preguntaron por qué iba armado y respondió que solía hacerlo, para cazar: “En el campo es así, porque uno no consigue carne todo el tiempo y tenés que arreglartela con los animalitos que uno encuentra”. Le preguntaron por el arma con la que mató, que nunca pudo ser secuestrada; contestó: “No recuerdo”.
Concluida la etapa probatoria del juicio de Monte Quemado, se acerca el momento de las definiciones. El próximo miércoles 3 de diciembre se leerán los alegatos, pero el dictado de la sentencia aún no tiene fecha cierta. Cualquiera sea la decisión del Tribunal en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, tendrá efectos trascendentes para la dinámica futura del conflicto por la tierra.
De confirmarse la condena al empresario imputado se fortalecerán las posibilidades de erigir una nueva generación de derechos sociales, objetivo manifiesto del Movimiento Campesino con el apoyo de distintas organizaciones e instituciones a nivel nacional e internacional. Pero si el resultado es una absolución, entonces quedará liberado el camino para la multiplicación de los desmontes y la expansión de los agronegocios, incluyendo la aplicación de una violencia mortífera sobre los pobladores.
Nadie ignora la resonancia política de este caso testigo. Tampoco la influencia que una fuerza como el “zamorismo”, con varios mandatos a cuesta y una hegemonía maciza a lo largo de la última década, posee sobre los tres jueces provinciales a cargo del Tribunal.
Los juicios de lesa humanidad nos enseñaron lo que es posible hacer respecto del pasado. El juicio de Monte Quemado, junto a experiencias recientes como el proceso contra los asesinos de Mariano Ferreyra, el Triple Crimen de Rosario o la causa por las desapariciones de Luciano Arruga y Franco Casco, por sólo citar algunos casos, nos muestran la potencialidad de una intervención en el presente, a la altura de los desafíos que se vienen.

Fuente: Miradas al Sur

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