VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto I

«Es en los hospitales públicos donde se producen las muertes y torturas por aborto. Las mujeres no mueren en sus casas», se afirma en la columna de opinión.

El encubrimiento y el efecto naturalizador de la tortura llevado a cabo por generaciones de jueces tomando decisiones de impunidad sobre la tortura de mujeres, lesbianas, niñas, travestis, transexuales, en las casas, en las calles, en las comisarías, en los hospitales, durante la dictadura, en democracia, son engranajes fundamentales del heteropatriarcado que la construcción de una justicia democrática debe no sólo desengrasar, sino desmantelar.
En el caso de la violencia obstétrica, se juega nuevamente la relación del poder judicial con el poder médico, y el desafío consiste en romper la complicidad entre el poder judicial, el poder policial y el poder médico que actúan en cada barrio.
Del análisis de los casos de mujeres y niñas muertas por aborto en nuestro país se desprende que son víctima de la mortalidad por abortos inseguros no sólo las mujeres más pobres, sino aquellas mujeres y niñas pobres que abortan durante el segundo y /o tercer trimestre de embarazo. En estos casos la OMS establece que los abortos, para ser seguros, deben realizarse en un hospital. Como ello no es posible en nuestro país salvo en casos excepcionales establecidos por el Art. 86 del Código Penal, las mujeres que abortan en el segundo o tercer trimestre en la clandestinidad acuden al hospital con el aborto en curso o pos aborto (El Consejo Federal de Salud del que participan el Ministerio de salud de la nación y de todas las provincias estableció en 2010 la atención de emergencia obstétrica posaborto como prioridad sanitaria nacional).
Es en los hospitales públicos donde se producen las muertes y torturas por aborto. Las mujeres no mueren en sus casas. En nuestro país los tribunales hacen referencia a este hecho enfáticamente desde 1968, cuando el famoso plenario Natividad Frías de la Cámara Criminal Federal, convertido en precedente judicial por más de 50 fallos de Tribunales Superiores y Cámaras Provinciales, y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (y recientemente confirmada en el fallo Arriola), estableció el alcance de la prohibición de denunciar que tienen todas las personas en el ámbito de salud respecto de las mujeres y niñas que atiendan por aborto, o cuya situación conozcan en virtud de su trabajo en el ámbito de la salud. Este precedente sólo fue violado durante la última dictadura militar y luego del pacto explícito establecido por el gobierno de Menem con el vaticano en 1998, hasta 2002, cuando fue nuevamente reivindicado en las cortes.
Sin embargo, hasta ahora, desde el poder judicial no se ha podido avanzar mucho más para reivindicar los derechos humanos de las mujeres, lesbianas, transexuales y niñas que abortan. Y en los hospitales somos una de las carnes de cañón más frecuentes: en la Línea Aborto, más información, menos riesgos (011 15 66 64 7070), recibimos denuncias de todo el país especialmente por retraso en la atención de las emergencia por abortos del segundo trimestre. Quienes se comunican con la línea o tuvieron acceso al libro Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, saben identificar los signos de alarma y el momento en que deben ir al hospital para bajar los riesgos de abortos inseguros. Sin embargo, una vez en la guardia lo primero que encuentran es la espera, pero no una espera como en una sala de espera de un consultorio, de una salita, sino una espera feroz.
Esta espera puede durar de 4, 10, hasta 24 hs. antes de que la mujer sea atendida por alguien que no sea un policía o miembro de la seguridad del hospital. Va a continuar en un múltiple confesionario que la mujer deberá enfrentar a solas con el médico, pueden ser muchos médicos de a uno por vez, donde le son proferidas preguntas exclusivamente sobre la salud del feto, muchas veces en tono injuriante, infamante, humillante, acusatorio, intimidante.
Luego viene la etapa del oprobio en una instancia de panóptico de conchas: el desnudo colectivo de la cintura para abajo en una sala con camas obstétricas ocupadas en más de la mitad por mujeres que abortaron o abortando, donde las vaginas son propiedad del médico y ya no de su portadora, la revisión en el pasillo, los comentarios sobre las condiciones de la concha o del aborto o del feto, el insistente mamita, y como ya hemos referido, no excepcionalmente, el legrado innecesario, sin anestesia, con sangre y saña, con la amenaza más o menos real de la denuncia ante la policía. Luego el policía del hospital buscando el registro, la visita en la casa, la coima, la nueva violación. Todo esto, que en la Línea las mujeres ya casi que nos vienen gritando hace 4 años, ha pasado inadvertido como torturas ante el poder judicial: no existe el caso del médico condenado por tortura por legrado sin anestesia, por espera, por muerte, así, sin más. Ni siquiera el horrible caso de Ana María Acevedo.
Sin embargo, en materia de derechos humanos son profusas las normas y recomendaciones al poder judicial y al poder médico sobre su actuación debida ante estos casos de violencia de género. Uno de los principales deberes es el de debida diligencia: la demanda de la debida diligencia está en directa relación con la capacidad del estado para desterrar la impunidad generalizada respecto de la violencia de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “la falta de debida diligencia para aclarar y castigar esos delitos (de violencia de género) y prevenir su repetición refleja el hecho de que los mismos no se consideran como problema grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de que esa violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación”. Posturas similares han sido desarrolladas desde el Comité contra la Tortura de la ONU. En su Observación General No. 2 sobre aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, documento CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008 y con referencia a la protección de las personas y los grupos que resultan vulnerables a causa de la discriminación o la marginación señaló que: “22…La condición femenina se combina con otras características o condiciones distintivas de la persona, como la raza, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la edad o la situación de extranjería, para determinar las formas en que las mujeres y las niñas sufren o corren el riesgo de sufrir torturas o malos tratos, y sus consecuencias. Las situaciones en que la mujer corre riesgo incluyen la privación de libertad, el tratamiento médico, particularmente en el caso de las decisiones relacionadas con la reproducción …Tanto los hombres como las mujeres y los niños y las niñas pueden ser víctima de infracciones de la Convención por su disconformidad real o aparente con las funciones que determina la sociedad para cada sexo…”
El Código Penal de la Nación, además de determinar penas para autoras/es de tortura, determina plazo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho para su denuncia e investigación, así como penas para quienes por incumplirlos resulten encubridoras/es. El extenso y detallado articulado del código contrasta con la ausencia de condenas en casos concretos. A lxs criminólogxs, que catalogan los delitos según la ropa de los autores, se les podría ocurrir el nombre de “delitos de bata celeste”.
Fuente: Agencia Paco Urondo

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