VENEZUELA: EL PLAN FALLIDO DE LA DERECHA GOLPISTA

Por Micaela Ryan, desde Caracas

El Poder Electoral inicia la segunda fase de auditorías, tras señalar las inconsistencias en el pedido de la derecha de impugnar las elecciones. Al mismo tiempo, el Poder Judicial continúa con las detenciones a los implicados en los hechos violentos.

El desconocimiento de los resultados electorales por parte de Capriles y la Mesa de Unidad Democrática (MUD), tuvo como epicentro el ataque mediático al Consejo Nacional Electoral (CNE), uno de los Poderes Públicos del Estado venezolano.

Un operativo comunicacional desestabilizador se desplegó sistemáticamente desde la noche del 14 de abril, aunque la presentación formal de impugnación no se realizó sino hasta el 17 de abril ante el CNE.
El sábado 27, en cadena nacional, la rectora del organismo electoral, Tibisay Lucena, anunció el cronograma de la segunda fase de auditoría, que se extenderá hasta el 4 de junio. Lucena afirmó que este proceso no modifica los resultados electorales ni tampoco forma parte de un reconteo de votos. Explicó que analizaron la petición de la MUD y decidieron rechazarla por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque la ley establece que no es ese organismo quien realiza un procedimiento de impugnación sino el Tribunal Superior de Justicia. En segundo lugar, porque no existió ninguna prueba contundente que indique qué mesa o centro se estaba impugnando. Lo que el CNE ofreció, entonces, fue la ampliación de la segunda fase de auditoría –realizar una auditoría sobre una muestra del 46% de votos restantes- para evidenciar, una vez más, la transparencia y efectividad del proceso electoral.
Si bien la derecha aceptó esta medida, inmediatamente se presentó ante los medios privados para manifestar su rechazo, reclamando el conteo de votos con el cotejo de sus propios cuadernos electorales. Llama la atención la jerarquía que la MUD le otorga a estos documentos, ya que en las internas de febrero de 2012 quemaron sus cuadernos de forma inmediata.
La demanda obvia la legalidad del proceso y es impracticable ya que el procedimiento es electrónico. El sistema electoral venezolano fue refrendado y apoyado por más de 370 observadores y organizaciones internacionales -y recientemente por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de EEUU- y atravesó satisfactoriamente 17 de los 18 procesos de auditoría, donde se verificó, el mismo día de las elecciones, el 54% de los votos. Este proceso de auditoría es el más exhaustivo entre los sistemas electorales del mundo.

La complicidad de los medios privados
Los días posteriores al 14 de abril se sucedieron innumerables acciones violentas por parte de grupos de derecha que dejaron el saldo de nueve asesinatos -confirmados oficialmente- y 71 heridos. Estos ataques se produjeron principalmente contra partidarios chavistas y militantes sociales, luego que Capriles llamara a sus seguidores a expresar su “arrechera” (ira) en las calles.
Decenas de instituciones fueron atacadas; los Centros de Desarrollo Integral (CDI) -centros de salud de primera atención, construidos en el marco de la Misión Barrio Adentro donde trabajan 32.000 médicos cubanos- fueron el principal objeto de ataques violentos e incendios.
Es que los operadores mediáticos de la derecha desplegaron un plan comunicacional a través de las redes sociales en el que denunciaban que los médicos cubanos ocultaban cajas de resguardo -urnas de votación- en los CDIs, al mismo tiempo que denunciaban sistemáticamente el fraude electoral. También difundieron fotos donde se observaba la quema de material electoral: eran imágenes que pertenecían a un proceso de rutina legal de eliminación de material del año 2010.
Los medios privados venezolanos -que tienen casi el 80% de la audiencia local- silenciaron y minimizaron los asesinatos, haciéndolos pasar como víctimas del “hampa” (inseguridad). El diario de tirada masiva El Nacional no mencionó los hechos, mientras que Últimas Noticias tuvo menciones esporádicas en recuadros marginales de sus publicaciones. No obstante, estos medios gráficos junto con Globovisión, Venevisión y Televen, continúan hasta el día de hoy introduciendo noticias sobre “fraude” e “impugnaciones” en sus informativos. Son los mismos medios que ocultaron información durante el golpe de Estado contra el presidente Chávez del 11 de abril de 2002.

Los artífices externos: la injerencia de Estados Unidos
Los países de América del Sur y el Caribe, a través de los organismos Unasur, Alba y Celac, dieron su respaldo inmediato a las instituciones venezolanas y reconocieron al nuevo presidente, Nicolás Maduro. No obstante, representantes del Estado Español, Francia y los Estados Unidos, desconocieron a las instituciones venezolanas y al presidente electo.
Con el paso de los días, diversos gobiernos fueron rectificando su posición, aunque hasta el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos no reconoce a las instituciones venezolanas ni al presidente constitucional de Venezuela. En una actitud injerencista, la vocera del Departamento de Estado Roberta Jacobson, mencionó la posibilidad de “aplicar sanciones” contra Venezuela.
El viernes 25, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, reveló información obtenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sobre la existencia de una operación denominada “Conexión Abril”, que consistía en el incremento de maniobras terroristas posteriores a las elecciones con el objetivo de crear una “guerra civil” en Venezuela.  Como resultado de esta investigación, se detuvo al ciudadano estadounidense Timothy Hallett Tracy, quien se había infiltrado en grupos revolucionarios para brindar información a los estudiantes de ultraderecha de la Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU). Tracy estaba en el país financiado por Organizaciones No Gubernamentales y sería el nexo de la “Conexión Abril”, entre los grupos de ultraderecha local y organismos de inteligencia norteamericanos.
Con la demostración de evidencia fílmica, se constató que este grupo de jóvenes montó la “Operación Soberanía”, donde manifiestan haber recibido financiamiento del exterior para llevar adelante ataques violentos en los Estados. Además, se los vinculó con el general retirado Antonio Rivero, a quien se lo veía impartiendo instrucciones sobre cómo generar disturbios. Rivero, militante de Voluntad Popular, fue detenido por funcionarios del Sebin en cumplimiento de una orden del Ministerio Público al Tribunal 2º de Control del Área Metropolitana de Caracas.

Fuente: Revista Marcha

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