vecinos de El Palomar

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La prueba fue la previa del primer vuelo comercial que FlyBondi realizará desde Córdoba a Iguazú este viernes, pero el panorama es otro para el primer vuelo programado para el 9 de febrero desde El Palomar. La jueza federal de San Martín Martina Forns canceló la venta de pasajes desde la base aérea que el Gobierno nacional convirtió en comercial por decreto.

Al mismo tiempo, suspendió las obras que se realizaban en los hangares, tras realizar una inspección ocular el 8 de enero pasado, en la que ni los funcionarios del Ministerio de Transporte ni los de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pudieron explicar la ausencia de un estudio de impacto ambiental previo y varias fallas de seguridad.
Sin embargo, la cautelar dictada por Forns no ordenó el cese total de las reformas que la cartera de Transporte inició junto a la empresa Aeropuertos Argentina 2000, entre ellas la reforma del espacio conocido como “el chalet”, proyectada como el área de ingreso de los pasajeros de los vuelos comerciales. Ese lugar funcionó durante la última dictadura cívico-militar como puerta de ingreso del centro clandestino de detención que funcionó allí, por lo que está protegida por la ley de Sitios de Memoria.
El reclamo por la violación de la ley de Sitios de Memoria está incluído en el amparo vecinal, pero la jueza Forns en su fallo solicitó la opinión del juez federales Daniel Rafecas, a cargo de las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos de la base donde partían “vuelos de la muerte”, y al juez de Morón Néstor Barral, quien tienen en su tribunal una denuncia en el mismo sentido presentada por la Liga por los Derechos del Hombre y la titular de la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham.
Frente a la falta de respuesta de Rafecas y Barral, Nora Cortiñas e Iris Avellaneda —madre del “negrito” Avellaneda, víctima de los “vuelos de la muerte”— se presentaron ante el juzgado de Forns para pedir la ampliación de la medida cautelar que “ordene la clausura de las obras ilegales que siguen siendo realizadas en forma clandestina destruyendo un Sitio de Memoria”.
En la presentación, Cortiñas y Avellaneda le recordaron a la jueza que recorrieron junto a ella las obras durante la inspección ocular del 8 de enero, en la que “pudieron ver diversas irregularidades” y “diversos ilícitos que impunemente eran cometidos frente a los ojos de la jueza en grado de flagrancia”.

Fuente: Resumen Latinoamericano

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