URUGUAY: HACIA LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD PENAL

Por Soledad Platero

Finalmente ocurrió lo que se sabía que iba a ocurrir: fueron presentadas las firmas para someter a consulta popular la baja de la edad de imputabilidad penal. Es previsible que, tras el conteo obligatorio de las firmas, la consulta terminará por implementarse.

La iniciativa se ha sostenido en un discurso recurrente que señala a los menores de edad como una plaga incontrolable que alguien debe frenar. No han servido para rebatir esa idea ni las cifras que indican que la mayoría de los delitos son cometidos por mayores, ni las que muestran que el mayor número de homicidios tiene lugar entre conocidos y no en el contexto de un delito contra la propiedad.

La rapiña (el nombre es un hallazgo) es el delito que más ha venido creciendo en los últimos años, y los rapiñeros son menores, y los menores además de ser violentos, son inimputables, según la idea que sustenta la campaña oportunista promovida por buena parte de la oposición.
¿Y el Frente Amplio? ¿Y el gobierno? La respuesta, tanto de la fuerza política como del aparato de Estado, ha sido, por decir lo menos ofensivo, timorata y elusiva. Vagamente se ha dicho que las cárceles son «escuelas del delito» y que no es conveniente que los más chicos entren directamente a recibir lecciones de los graduados. Algunos cuadros, de formación más bien técnica, han insistido en las falacias implícitas en el discurso de la inseguridad y en el tratamiento amarillista que tiene en los medios. Pero lo cierto es que en este tema, como en otros que deberían haber sido de indiscutible toma de posición por parte de la izquierda, la respuesta ha sido vaga, lenta, ambigua y desapegada.
Pero si la consulta se hace, y la iniciativa prospera, quien esté en el gobierno deberá encontrar la manera de implementar ese mamarracho jurídico y esa estafa moral. Como bien observa el periodista Gabriel Pereyra en El Observador del miércoles 18 de abril, habrá que ver si los jóvenes de 16 años van a las cárceles de adultos o si hay que construir nuevas cárceles para ellos. Y si se construyen nuevas cárceles, habrá que resolver si se quedan ahí durante todo el tiempo que dure su condena (es decir, hasta ser adultos hechos y derechos, con una buena cultura tumbera) o si son «promovidos» a una institución penitenciaria de las que ya existen, a partir de cierta edad.
A esta altura del partido, el asunto más grave, más allá de los problemas prácticos que siempre distraen de los problemas de fondo y sirven para que se ceben los periodistas, es que no se sabe bien qué piensa el gobierno de este tema. Porque no todas las figuras vinculadas al Ejecutivo han manifestado pensar lo mismo. En estos días asumieron las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), encabezadas por Ruben Villaverde. No sé si todo el mundo lo recuerda, pero hace cerca de un año, cuando se hizo pública la designación de Villaverde para ese cargo, unas declaraciones del recién nombrado director del Sirpa dejaron espantada a buena parte de la ciudadanía atenta al tema. Villaverde dijo, entre otras cosas, en La Tertulia de El Espectador, que «el menor asesino no tiene recuperación» y se despachó a gusto sobre el tema dejando muy claro que no es de los optimistas en materia de rehabilitación. La transcripción completa de esa charla circula en varios lados, y seguramente el material todavía sea accesible on line en el sitio de la radio.
Pero más allá de la convicción de Villaverde, lo llamativo es que nadie del gobierno hizo comentario alguno sobre esa intervención, notoriamente inadecuada, de un jerarca recién designado. Y ahora, varios meses después, el jerarca asume oficialmente y nadie le pregunta (y en eso la prensa es tan omisa como el gobierno) si sigue pensando lo mismo: si sigue convencido de que el menor asesino no tiene recuperación. Porque si es así, no se entiende muy bien la inversión en cárceles especiales, granjas, educadores, psicólogos, convenios laborales y demás esfuerzos que, aparentemente, encararía el Sirpa con el presupuesto que le fue asignado.
¿No pasó nada entre aquellas declaraciones y esta toma de posesión? ¿Alguien habló con el jerarca, lo convenció de que estaba equivocado, le pidió discreción, le explicó que el sentido de todo ese esfuerzo por parte del Estado es, justamente, pensar en la recuperación de los internos? ¿Cuántos integrantes del gobierno coinciden con Villaverde en que no se puede hacer nada con un menor asesino? ¿Qué hacen, si no pueden hacer nada, ocupando esos cargos? ¿Qué sugieren que debería hacerse con los irrecuperables? Porque en nuestro país no existen la pena de muerte ni la cadena perpetua.
El problema con estas cosas -el miedo, la sensación de inseguridad, las ganas de mirar para otro lado- es que se han generalizado tanto que ya nadie parece tener ganas ni energía para exponerlas como problema. El Uruguay del nuevo uruguayo es el de las posibilidades de ir mejorando con ayuda de créditos al consumo y discursos de manual de autoayuda, y es difícil que en ese contexto alguien quiera salirse de la deliciosa fantasía del confort y la prosperidad para poner sobre la mesa el asunto de que hay más violencia (y no sólo en el ámbito del «delito») y más frustración y más soledad, y que los cuidados paliativos para los muertos en vida -como refugios, centros diurnos y tazas de caldo- no dan respuesta a la injusticia estructural del sistema en el que vivimos. Pocos quieren exponer el asunto de que el delito es también un modo de vida, como la mendicidad, y que mucho de la cultura del «emprendedurismo» y del revolverse se relaciona con la práctica del «rescatate» que alienta detrás de toda acción cometida contra otro.
La práctica del simulacro de soluciones, del enmascaramiento de la omisión detrás de convenios marco, acuerdos multisectoriales y creación de comisiones no sólo hace circular las energías y los dineros públicos inútilmente, sino que sirve para poner freno a la urgencia de enfrentar los problemas sociales con discusión y pensamiento crítico, con reflexión política ideológica y no con regateo político partidario.
La dictadura no nos dejó sólo un miedo internalizado que nos mantiene callados y quietos en nuestro rincón, rogando por ser invisibles: nos dejó la sensación -no me excluyo de este conjunto- de que ya tuvimos nuestra cuota de sacrificio. De que ahora nos toca estar tranquilos, aunque el precio de esa tranquilidad sea, paradójicamente, el miedo constante y la amenaza cierta de entregarnos como corderos bajo la protección de un pastor que sabrá mantener lejos a los lobos y nos prometerá que pastaremos a gusto si no nos separamos del rebaño.
Pero no habría que olvidar que así, con ese miedo y ese pedido de ayuda a los vigilantes, fue que empezó todo.

Fuente: Agencia Uruguaya de Noticias

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