UNA BATALLA GANADA PARA LA TIERRA

Un empresario acusó hace nueve años de usurpación a ocho familias que habitan unas 2600 hectáreas del nordeste cordobés. Ahora la Cámara confirmó los derechos de quienes las trabajan. La propiedad comunitaria ya existía para indígenas, pero no para campesinos.

Unas ocho familias de la comunidad campesina de El Chacho, localidad del nordeste de la provincia de Córdoba, celebraron un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de Cruz del Eje que ratificó que son legítimas poseedoras de las 2613 hectáreas que habitan y trabajan. La sentencia, que habla de una “propiedad comunitaria”, sienta un precedente para la comunidad campesina argentina en futuros litigios.

 

 

 

“El fallo es histórico para el norte de Córdoba y el campesinado a nivel nacional. Como dice Eduardo Galeano, la Justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos. Pasaron nueve años desde que los campesinos fueron acusados de usurpación hasta hoy, que se les reconoce la propiedad comunitaria. Esto fue posible gracias a que las familias estaban organizadas y contaron con la ayuda del Movimiento Campesino de Córdoba”, afirmó en diálogo con Página/12 Rodrigo Fresneda, abogado de la Asociación de Productores del Noroeste Cordobés (Apenoc), quien con Mariana Romano llevaron conjuntamente este juicio desde 2004.
La causa se inició con una demanda por parte de un empresario que acusó a los pobladores de usurpación, algo que fue avalado por el juez penal de primera instancia, Ricardo Aristides Pi, cuestionado por el letrado. “La sentencia fue arbitraria, siguió los intereses de los poderosos en detrimento de los habitantes históricos. Pero el Tribunal Superior de Justicia revirtió esto: determinó que no eran delincuentes sino legítimos poseedores.”
“Esta situación de ataques a la cultura familiar campesina se repite cotidianamente. La mayoría de las provincias carecen de políticas públicas y no hay seguridad jurídica para los campesinos frente a los intereses empresarios. Por otro lado, los jueces desalojan a los campesinos porque no los consideran sujeto de progreso ni sujeto de derecho”, agregó Fresneda.
Sin embargo, después de que liberaran a las familias de los cargos por usurpación, faltaba el último paso reparador dado el martes por la Cámara en lo Civil y Comercial, que fue reconocerles la propiedad comunitaria.
“La Cámara rechazó el recurso de apelación que había planteado el demandado y, por ende, le ordenó a éste que cese las turbaciones contra la posesión de las ocho familias”, explicó, por su parte, Romano.
Tal expectativa había generado la sentencia que unos sesenta campesinos de diferentes localidades cordobesas se reunieron a esperar el resultado, en las inmediaciones de los tribunales de Cruz del Eje.
Eduardo Belelli, del Movimiento Campesino de Córdoba, relató a este diario lo vivido. “Estoy afónico de la emoción y los festejos de ayer. Son nueve años de padecer la persecución de la policía y la segregación de algunos integrantes de la misma comunidad. Algunos querían que ganara el empresario porque les había prometido empleos. Es algo que pasa con la humanidad, algunos tienen menos conciencia y amor por su tierra.”
En cuanto al fallo, destacó “que les dieron la posesión a los dueños de la tierra, que se reconoció el campo como propiedad comunitaria, algo que ya existía para las comunidades indígenas pero no así para las campesinas, y que se revierte de alguna forma la primera sentencia penal”. “Con el escrache que le hicimos al juez Pi la familia judicial de Cruz del Eje se sintió muy afectada porque le tocamos la puerta y le dijimos que las familias que están ahí desde siempre y personas de 80 y pico de años no son usurpadores.”
“Esto repercute en la vida cotidiana, ya que, por la orden de no innovar, no podíamos hacer una obra para traer agua a las familias del barrio a pesar de tener la plata. Ahora vamos a empezar con las obras”, consideró Belelli.

Informe: María Julieta Rumi

Fuente: Página|12

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