UN PLAN PARA DEFENDER EL OTRO CAMPO

Organizaciones campesinas e indígenas, con el apoyo del Movimiento Evita, presentaron un proyecto para la formación del Instituto de la Agricultura Familiar y Campesina. Buscan proteger a los campesinos frente al avance del “sistema de agricultura industrial concentrado”.

Diversas organizaciones campesinas e indígenas presentaron ayer un proyecto de ley para crear un instituto destinado a defender y fortalecer el sector agropecuario campesino y familiar. La iniciativa propone “avanzar hacia una política integral de tierra” que reconozca los derechos de las familias indígenas, consolide la soberanía alimentaria y proteja a los campesinos frente al avance del “sistema de agricultura industrial concentrado”.

 

 

 

Durante la presentación se reclamó, a su vez, la aprobación de una ley presentada el año pasado, pero que perdió estado parlamentario y que apunta a detener los desalojos rurales.
En la Sala I del Anexo de Diputados del Congreso Nacional se dio a conocer la propuesta para la formación de un Instituto de la Agricultura Familiar y Campesina. El objetivo de este organismo es fortalecer la producción campesina e indígena y garantizar la soberanía alimentaria mediante la asignación de recursos hacia el sector, la creación de un registro nacional de poseedores de tierras, la mejora del material tecnológico disponible y el saneamiento de los cultivos. “Venimos trabajando desde hace tiempo en la articulación y presentación de propuestas en conjunto que tengan que ver con la defensa de nuestro territorio. La creación de este instituto sería un gran avance para nosotros. Y no es que estamos proponiendo nada nuevo, en América latina existen organismos como éste, que consideran a la tierra como un bien social. En el país, la gran mayoría de las familias campesinas indígenas no tenemos títulos de propiedad de las tierras en las que estamos viviendo. La posesión ancestral que tenemos nos otorga derechos. Trabajar la tierra durante tanto tiempo, de forma ininterrumpida, haciéndole mejoras, nos hace dueños de esas tierras”, explicó a Página/12 Dolinda Carrizo, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), una de las organizaciones que impulsan el proyecto. El instituto funcionaría como un ente autárquico en el seno del Ministerio de Agricultura de la Nación.
El sistema agrario, campesino e indígena es un tipo de producción donde la familia está integrada al proceso productivo. Mientras que los integrantes de la familia aportan la fuerza de trabajo, la producción se dirige al autoconsumo y al mercado. Su importancia radica no sólo en sus características económicas, sino también en sus implicancias sociales, culturales y ambientales. “Este sistema está sustentado sobre un sentido de arraigo en los territorios ancestrales y de pertenencia cultural. Además, propone discutir lo que significa la producción de alimentos: en manos de quién la dejamos y destinada para quiénes”, señaló Carrizo.
En el marco de la presentación de la iniciativa, los miembros de las organizaciones campesinas e indígenas recordaron el proyecto de ley “Cristian Ferreyra” para frenar los desalojos en el campo. La propuesta, impulsada por el diputado del Frente para la Victoria Edgardo Depetri, fue presentada el año pasado en el Congreso Nacional, pero perdió estado parlamentario a pesar del apoyo de diputados de distintos bloques. La recuperación, primero, y la sanción, después, de esta ley “es central para defender nuestras tierras frente al modelo agroexportador”, sostuvo a este diario José Luis Castillo, dirigente de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), otra de las organizaciones que asistieron ayer a la presentación. “Tanto el instituto como la (ley) Cristian Ferreyra forman parte de nuestros frentes de lucha. El modelo agroexportador no sólo tiene plata y matones, sino que también cuenta con la venia de concejales, intendentes, gobernadores y jueces. Por eso necesitamos reforzarnos con este esquema administrativo, que es el instituto, y con la ley de defensa de tierras que proponía suspender los desalojos durante cinco años. Reclamamos un Estado que se involucre en la problemática y tenga una política sistematizada. En las provincias, las resistencias a los desalojos se hacen por medio de la organización de los campesinos. Los empresarios se meten en tierras fiscales, expulsan a las familias campesinas que están ahí y el Estado no hace nada”, agregó Castillo.
Además del MNCI y la ACINA, el anteproyecto es impulsado por otras organizaciones campesinas e indígenas como el Frente Nacional Campesino (FNC), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el Frente Agrario del Movimiento Evita. La presentación fue acompañada por los diputados del FpV Edgardo Depetri, Adela Cegarra y Leonardo Grosso.

Informe: Nicolás Andrada

Fuente: Página|12

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