UN NUEVO INFORME SOBRE LA REPRESIÓN

El pasado viernes 19, como cada año desde 1996, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó en la Plaza de Mayo el Archivo 2010, donde recopila datos e información sobre cualquier situación represiva que se haya cobrado una vida en algún lugar de Argentina en el último año.
Recuperamos algunas de las principales conclusiones de este trabajo, indispensable para el debate en torno al accionar del Estado a través de sus fuerzas represivas.

Por Maitén Pauni Jones

 

La presentación del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado tiene por objetivo “mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de estado. Un Estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión”. Los miembros de la CORREPI señalan que la represión para asegurar el disciplinamiento y el orden social pudo haber cambiado de formas a lo largo de la sucesión de los diferentes gobiernos, pero que persiste un denominador común que es la sistematicidad represiva.

Ningún gobierno democrático podría proclamarse inocente ante esta preocupante problemática que año tras año denuncia la Coordinadora: “Son 3.093 los datos confirmados de personas asesinadas por el estado desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner. Hasta 2009, el año 2001 había sido el año con mayor registro de muertes a manos del estado, con 242 casos. Pero en 2009 las fuerzas de seguridad estatales mataron 253 personas; y en los 12 meses transcurridos desde que presentamos el Archivo 2009, registramos 219 casos. Se evidencia, así, que la represión de la clase dominante es aún mayor en momentos de cíclicas crisis del capitalismo”.
CORREPI denuncia, además, que a pesar del mejoramiento de los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, muchos episodios represivos son invisibilizados por las mismas fuerzas represivas, imposibilitando cualquier investigación sobre esos casos.
El informe sostiene que durante este año se ha producido un avance cualitativo y cuantitativo de la represión “selectiva”, es decir, de aquella que tiene como principales víctimas a las organizaciones y militantes sociales. “En “democracia”, son 56 los asesinados en movilizaciones populares, cifra que muestra claramente cuál es la respuesta de los diferentes gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo: Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, los muertos en la masacre del puente de Corrientes en 1999, los 39 muertos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008. En 2010, cuatro manifestantes fueron asesinados mientras participaban de una movilización: Facundo Vargas (Pacheco), Nicolás Carrasco (Bariloche), Sergio Cárdenas (Bariloche) y Mariano Ferreyra (Ciudad de Buenos Aires)”, sostiene la Coordinadora.
Otra de las conclusiones del Archivo 2010 es que, al igual que en todos los demás años, la pertenencia a la clase trabajadora es el denominador común en el conjunto de víctimas de la represión. Además, los jóvenes constituyen el sector más afectado, ya que más de la mitad del total de víctimas corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años.
La CORREPI denuncia que los intentos por “democratizar” el aparato represivo del Estado mediante capacitaciones en Derechos Humanos dictadas a los efectivos de las fuerzas son inútiles, ya que los último datos revelan una significativa cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras policiales y militares que ya han pasado numerosas veces por cursos y talleres dictados por dirigentes de ONG’s. La solución, al parecer, dista mucho de las medidas reformistas superficiales.
Finalmente, el Archivo expresa la necesidad de destacar la persistencia, como política estatal, de la sistemática aplicación de torturas y tormentos a personas detenidas legal o ilegalmente. Un parte muy importante de las muertes producidas en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas por ese delito.
Con la confección del Archivo, sostiene CORREPI, se busca generar una herramienta “que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva”. El objetivo no es contribuir a un lamento por los pibes muertos, sino generar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de Estado, “porque, adopte la forma que adopte, la represión siempre es de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación”.

 

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