TOPA

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RAÚL TOPA, UN VICE CON PESO E HISTORIA PROPIOS

Los antecedentes represivos de Topa, revelados por Página/12, salieron a la luz a raíz de una carta extorsiva que le envió en diciembre un miembro de la patota de Leopoldo Galtieri en el “chupadero” de la Quinta de Funes: Eduardo Constanzo, “Pochi” o “El Tucu”. Constanzo alude en esa misiva a una vieja relación política, familiar y de amistad con Topa, le recuerda que “los dos estamos manchados por mucha sangre, por una causa que ambos abrazamos con profunda y patriótica convicción”, y refuerza su pedido de “ayuda” al vicegobernador con la amenaza de que “algún medio masivo de comunicación” pueda hacer “mención a episodios que vos los viviste tanto como yo en los años 1975 y 1976″. Estas revelaciones causaron revuelo ayer en Tucumán, donde desde siempre han circulado versiones sobre el papel jugado por el abogado Topa en los años de plomo, desde su incorporación al Ejército en 1975, en pleno Operativo Independencia, hasta su estrecha colaboración con la dictadura.

Por Felipe Yapur

Desde Tucumán

 

El general Antonio Domingo Bussi está suspendido por sesenta días, aunque se niegue a notificarse. Su vicegobernador Raúl Topa se prepara a asumir en su reemplazo, aunque se niegue a decirlo. Los bussistas temen que nunca le devuelva el cargo a su jefe, aunque no se animan a expresarlo en voz alta. Las cosas pintan feas para el ex dictador devenido gobernador democrático que parece no saber qué rumbo tomar y que desde hace sesenta días viene viendo cómo se diluyen su poder y su consenso.

Bussi viene sufriendo una larga agonía política desde hace dos meses (ver página 2) y ayer se deterioró aún más. La Legislatura tiene un plazo de sesenta días para juzgarlo y condenarlo. Si no lo hace, el gobernador podrá retornar. La oposición no tiene el número de legisladores necesarios para condenarlo pero los propios bussistas temen que una combinación entre el creciente desprestigio de su jefe, la falta de apoyo del gobierno nacional que ayer reiteró por boca del secretario Alberto Kohan y del ministro del Interior Carlos Corach y la poca confiabilidad del vicegobernador determinen que nunca vuelva a la Casa de Gobierno.

Sin dudas, el lunes fue un día agitado para Antonio Bussi y sus huestes republicanas. La Comisión de Juicio Político dio curso a los pedidos presentados por la Alianza UCR-Frepaso y por los ciudadanos Gerónimo, Guillermo y Rodolfo Vargas Aignasse, parientes del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, quien desapareció el 24 de marzo de 1976. La comisión, como se preveía, resolvió enjuiciar al general por falta de cumplimento de los deberes de su cargo y desórdenes de conducta y una vez que se lo notifique quedará automáticamente suspendido por 60 días.

Durante la mañana todo el gabinete de Bussi presentó la renuncia. Esto se entendió como una forma de presionar al vicegobernador, Raúl Topa, para que no asumiera en caso de que los legisladores decidieran suspenderlo. Por las dudas, Topa no dijo nada y se mantuvo en silencio.

Hacia las 14 y cuando ya era pública la decisión de suspender al gobernador, el último intento desesperado de los abogados de Bussi por frenar el juicio político fue la presentación ante la Corte Suprema de Justicia local, a través del abogado Ramón Gamboa, para que ésta resuelva sobre un conflicto de poderes que provocó la decisión de la comisión.

Cientos de rumores ganaron la calle. Algunos sostenían que se realizaría una pueblada republicana para “defender hasta con sangre al general de los ataques de la izquierda”. Pero en las puertas de la Casa de Gobierno sólo se vio a unos cincuenta republicanos esperando que los enviados de la Comisión de Juicio Político se presentara para notificar a Bussi y suspenderlo en sus funciones.

Los republicanos sólo encontraron periodistas en la Casa de Gobierno. Bussi, con más sentido de la autopreservación que demagogia, había decretado asueto y la casona estaba completamente vacía. Por si acaso o tal vez cumpliendo una orden, los efectivos de la guardia policial cubrieron los vidrios de la oficina y no atendieron a nadie. Tucumán no tenía gobierno.

Jorge Lobo Aragón, el único legislador republicano que se presentó en la Comisión de Juicio Político (ver recuadro aparte) y defensor de la tesis de que no hay elementos para juzgar al general, aseguró sorprendiendo a varios que “lo mejor que le puede pasar a la provincia es que Bussi acate lo que decidió la comisión, y que Raúl Topa asuma la gobernación. Es lo más saludable”.

La transformación de Lobo Aragón no fue la única. Un asesor muy cercano al gobernador dijo a este diario que “la única alternativa que le queda a Bussi es acatar la decisión. Ya hemos realizado varias presentaciones ante la Justicia y ahora sólo nos resta esperar que la Corte decida. ¿Topa? Es mejor que él asuma. Al fin y al cabo es republicano y no podemos estar dudando de cada miembro del partido”.

El asesor, que también presentó la renuncia a su cargo, fue desde un primer momento un acérrimo defensor del general y siempre aseguró que “jamás Bussi acataría las decisiones de esa comisión porque es política” (sic). Pero ante los hechos y apesadumbrado desde un bar céntrico reconoció que no había otra salida. “Eso de resistir es una locura”, concluyó.

La pregunta era una sola: ¿cuál sería la actitud que tomaría Raúl Topa? Y hasta el cierre de esta edición sólo había especulaciones, ya que el vicegobernador permanecía encerrado en la casona de Bussi en la coqueta Rinconada. Todo indica que Raúl Topa, el hombre que también tiene un pasado comprometido con la dictadura militar, aceptaría hacerse cargo de los destinos de la provincia por sesenta días. Los paladares negros de Bussi, como el legislador Roberto de la Orden o el secretario del Interior, Atilio Peluffo, se oponen con fiereza a esta posibilidad. Pero todo indica que Bussi ya no tiene márgenes para movilizarse, sólo le queda el pedido ante la Corte y rápido viaje a Buenos Aires a pedir ayuda.

Por lo pronto, Silvio Manservigi, secretario de la Legislatura, no pudo dar hasta anoche con el ex dictador devenido en político para notificarlo del inicio del juicio político en su contra. Luego de buscar vanamente a alguien que recibiera el escrito en la Casa de Gobierno, emprendió viaje hasta la casa del gobernador, a unos siete kilómetros de distancia del centro tucumano, y en la puerta lo atendió la secretaria general de la Gobernación, Silvia Bollca de De la Orden. Esta le dijo a Manservigi que el gobernador no estaba allí y que de todas formas ella recibiría la notificación en la mañana del martes.

Mientras tanto, en la sala VIP del aeropuerto local se realizaban los aprestos para la transferencia de mando porque todo indica que Bussi buscará, por última vez, una ayuda de los amigos menemistas. Pero éste no es el único problema que afrontan los Bussi. Ricardo, el hijo del dictador, dijo el martes de la semana pasada en un acto organizado para resistir la intervención que “los republicanos están dispuestos hasta a enfrentar a la Gendarmería”. Los diputados nacionales de la Alianza local, Alfredo Neme Scheij y Félix Mothe, presentarán ante el Congreso de la Nación un pedido de expulsión de “Ricardito” por apología de la sedición y violar la Ley de Defensa de la Democracia. Algunos radicales recordaron que “Al ex diputado Angel Luque, padre del condenado Guillermo Luque por la muerte de la joven María Soledad Morales, lo expulsaron por mucho menos”.

Antonio Bussi huye hacia Buenos Aires mientras Tucumán se incendia. Esta tarde, la multipartidaria y la multisectorial convocaron a una marcha para expresarse contra el ex dictador. Todo indica que los acólitos de Bussi harán algo similar en un acto prácticamente desesperado por salvar a su devaluado líder.

 

TODOS A BUSCAR Página/12

La noticia de que Página/12 publicaba en su edición del lunes una investigación sobre el pasado del vicegobernador Raúl Topa cayó como un baldazo de agua fría a primera hora de la mañana. En Tucumán los diarios nacionales llegan hacia el mediodía. Todos querían conocer cuál era la información que implicaba a Topa con la dictadura militar. Ansiosos, varios legisladoras llamaron a los amigos de Buenos Aires para que a través del fax les enviaran copias. Otros recurrieron a Internet. El vicegobernador Topa optó por callar. No salió de su despacho ni concedió entrevistas. En el bloque de la Alianza todo era alegría hasta que alguien gritó: “Nos jodieron el nuevo gobernador. ¿Me quieren decir cómo podremos apoyar a otro represor?”. El silencio ganó la sala hasta que otro agregó: “Nos concentremos (sic) en la Comisión de Juicio Político y después vemos qué hacemos”. Entre los justicialistas cundió el desconcierto y terminaron concentrándose en el juicio político: “Vamos por paso, primero el juicio y luego vemos qué haremos con Topa”, confesó un legislador que rogó no ser identificado.

Un LOBO muy legalista

Jorge Lobo Aragón fue el único legislador republicano que participó en la reunión de la comisión de Juicio Político (ver nota central). Su presencia sorprendió a propios y extraños. Lobo Aragón siempre fue considerado un republicano crítico, pero desde que se descubrió la cuenta en Suiza, se volvió ultrabussista. Nadie sabe cuál fue la razón de la transformación, pero hay quienes se arriesgan a decir que fue un “apriete” de los paladares negros de Antonio Bussi. Pero Jorge Lobo Aragón se define como un hombre que sabe soportar las presiones. En 1992 estaba a cargo de un juzgado de instrucción y le tocó investigar y solicitar la captura del comisario Mario “Malevo” Ferreyra. Ramón Ortega, cuando era gobernador, lo nombró secretario de Seguridad de la provincia. El idilio duró poco. Unos días más tarde Lobo Aragón anunció su renuncia “por serias diferencias con el gobierno del Frente de la Esperanza” y se afilió a Fuerza Republicana. En las elecciones de 1995 accedió a una banca en la Legislatura y desde un primer momento se mostró como un legislador con una posición más o menos independiente.

RAÚL TOPA, UN VICE CON PESO E HISTORIA PROPIOS

Raúl Topa, filoperonista, el más político del bussismo.
Tal vez por eso la gente del gobernador le desconfía tanto.

Es uno de los bussistas más políticos y con mayor diálogo con la oposición. Es el preferido por el gobierno nacional. Tiene un pasado oscuro en la represión, durante el Operativo Independencia y la dictadura militar. Ese es el perfil de Raúl Topa, vicegobernador de Tucumán y, por lo tanto, sucesor constitucional del general Antonio Domingo Bussi. Aunque Topa se ha declarado “leal al gobernador”, nunca dijo categóricamente si seguirá la suerte de éste o si lo reemplazará. Todo hace suponer que asumirá, provocando enormes recelos entre los ultrabussistas que no confían en él.

Los antecedentes represivos de Topa, revelados ayer por Página/12, salieron a la luz a raíz de una carta extorsiva que le envió en diciembre un miembro de la patota de Leopoldo Galtieri en el “chupadero” de la Quinta de Funes: Eduardo Constanzo, “Pochi” o “El Tucu”. Constanzo alude en esa misiva a una vieja relación política, familiar y de amistad con Topa, le recuerda que “los dos estamos manchados por mucha sangre, por una causa que ambos abrazamos con profunda y patriótica convicción”, y refuerza su pedido de “ayuda” al vicegobernador con la amenaza de que “algún medio masivo de comunicación” pueda hacer “mención a episodios que vos los viviste tanto como yo en los años 1975 y 1976″. Estas revelaciones causaron revuelo ayer en Tucumán, donde desde siempre han circulado versiones sobre el papel jugado por el abogado Topa en los años de plomo, desde su incorporación al Ejército en 1975, en pleno Operativo Independencia, hasta su estrecha colaboración con la dictadura.

El vicegobernador es considerado como integrante del ala dialoguista de Fuerza Republicana, el partido fundado y liderado por Bussi. Para el menemismo, es la oportunidad de evitar que la excelente relación que ha mantenido con Bussi se desmorone junto con el general, ahora arrastrado por el descubrimiento de su cuantiosa y oculta fortuna. De esa relación habla el llamado telefónico que el 27 de febrero hizo el propio Presidente al gobernador en desgracia.

Este diario adelantó a fines de febrero la posibilidad de que Topa reemplazara a Bussi. En una entrevista publicada a poco de estallar el escándalo por la cuenta en Suiza y otros bienes del gobernador, el vice se describió como “filoperonista”, definición que tiende un puente hacia el gobierno nacional. En esa misma entrevista, mantuvo una prudente ambigüedad hacia la situación de su jefe. Aseguró que “Topa no se prueba ningún traje, sino que acompaña institucionalmente a Bussi”, pero tuvo buen cuidado de decir que “voy a estar con él hasta el final en lo que corresponda”. ¿Dónde está el final y hasta qué punto llega lo que corresponde? Las preguntas admiten más de una respuesta. Especialmente, porque en la misma entrevista, Topa rechazó la posibilidad de la intervención federal, distinguiendo con esmero a las instituciones (“están trabajando a pleno”, dijo) y “la cuenta suiza, que es un tema personal del gobernador”.

Ayer fue un día arduo para él. Página/12 (ver recuadro aparte) hizo público su pasado. Y todo Tucumán lo buscó para que hablara de ese pasado y de su futuro político. Nada dijo. Pero todo hace suponer que asumirá como gobernador. En el entorno de Bussi nadie está seguro de que esté dispuesto a devolver la banda a su jefe caído en desgracia.

LOS HECHOS MAS SALIENTES DE DOS MESES AGITADOS

 

DE LA NEGATIVA A LA LICENCIA

 

* Cuenta: el 13 de febrero se conoció la existencia de una cuenta bancaria a nombre de Bussi en Suiza. Como respuesta, Bussi denunció una campaña en su contra y, sobre la cuenta, dijo: “Ni niego ni afirmo”.
* Investigación: el 14 de febrero, la Legislatura tucumana aprobó la formación de una comisión investigadora.
* Manifestaciones: el 16 de febrero, frente a la Casa de Gobierno, se realizaron manifestaciones en contra y a favor de Bussi.
* Competencia: el 17 de febrero, Bussi se negó a entregar su declaración de bienes a la comisión investigadora, por “dudas sobre su competencia”.
* Sobre: el 18 de febrero, la Cámara de Diputados de la Nación abrió el sobre con la declaración jurada depositada por Bussi, cuando fue integrante de la misma, comprobando que no constaba la cuenta en Suiza.
* Llanto: el 19 de febrero, en una conferencia de prensa, Bussi lloró, admitió la existencia de la cuenta y dijo: “Cometí una omisión”.
* Repudio: el 24 de febrero, 4000 manifestantes, convocados por la Multisectorial, repudiaron al gobernador.
* Menem: el 27 de febrero, Menem mantuvo una conversación telefónica con Bussi, que sólo fue reconocida por ambas partes una semana después.
* Tractorazo: el 3 de marzo, 500 bussistas hicieron un “tractorazo”, escucharon un discurso del gobernador y amenazaron a periodistas.
* Juicio político: el 5 de marzo, la Legislatura aprobó poner en marcha el trámite de juicio político.
* Multitud: el 6 de marzo, una multitudinaria manifestación, convocada por toda la oposición unida, pidió la renuncia de Bussi.
* Honor: el 12 de marzo, Bussi presentó su descargo ante el Tribunal de Honor formado por orden del teniente general Martín Balza. Sostuvo que, al mentir, actuó “como político y no como militar”.
* Amonestación: el 16 de marzo, el Tribunal de Honor militar sancionó a Bussi con una amonestación grave.
* Doble repudio: el 24 de marzo, tres grandes manifestaciones repudiaron en Tucumán a Bussi y al Proceso.
* Proceso penal: el 26 de marzo, el fiscal Paulo Starc denunció a Bussi por enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.
* Intervención: el 31 de marzo, el ministro del Interior Corach desmintió las versiones sobre intervención federal a la provincia.
* Disculpas: el 1º de abril, Bussi inauguró el período de sesiones de la Legislatura, ante la ausencia de todos los legisladores de la oposición, y afirmó que “no pediré disculpas por gobernar”.
* Resistencia: el 7 de abril, ante una manifestación de 2000 partidarios, el diputado Ricardo Bussi, hijo del general, aseguró que resistirán al arresto del gobernador: “Somos capaces de enfrentar a la Gendarmería”.
* Rebelión: el 8 de abril, Bussi afirmó que no acatará la resolución de la Comisión de Juicio Político, si dispone su suspensión.
* Suspensión: el 13 de abril, la Legislatura suspendió al gobernador por sesenta días e inició el juicio político.

 

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