TIEMPO DE NUEVAS BATALLAS

Política Nacional

 

Comienza a aplicarse la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con ella llueven las protestas de quienes no se resignan a perder su lugar hegemónico y dominante en la producción de discursos desde los medios. El artículo 161 disparó la polémica y, tras el pronunciamiento de la Corte Suprema, se abren otros debates en vista a las nuevas batallas que quienes pugnan por una comunicación más democrática deberán librar.

 

A poco más de un año de la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el último mes hemos visto cómo los grandes multimedios están librando una dura batalla contra la aplicación de la ley, en general, y de los artículos que los afectan más directamente, en particular.

 

Durante las discusiones que dieron lugar a la redacción de los 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación, los actores participantes coincidieron en la necesidad de pensar al modelo de medios desde el modelo de democracia que se busca construir; de este modo, se llegó a un acuerdo acerca de la necesidad de combatir la concentración y centralización de la propiedad, producción y distribución de los discursos, dado que se producen efectos directos sobre la comunicación, la democracia y la construcción de las identidades nacionales.

La ley fue pensada y discutida en el marco de estos debates. Se tuvo en claro que la comunicación de todo un país no puede quedar reducida a la lógica mercantil, dado que los medios cumplen funciones simbólicas y sociales que atraviesan la vida cotidiana de todos los individuos.

Con la puesta en marcha de la aplicación de la ley, los grandes grupos económicos dueños de importantes multimedios salieron a dar pelea. El martes 5 de octubre la Corte Suprema de emitió un falló unánime en donde los jueces del máximo tribunal ratificaron la suspensión que pesa sobre el artículo 161 de la nueva ley. El artículo en cuestión es el que obliga a las empresas propietarias de medios audiovisuales (que exceden el número de licencias otorgadas por la nueva ley) a desprenderse en el plazo de un año desde la vigencia de la ley de las emisoras que superen el número permitido legalmente. Esto obligaría a oligopolios como el del Grupo Clarín, por ejemplo, a vender en un año gran parte de sus propiedades, dado que el proceso de acumulación y concentración que atravesó este importante grupo económico le permitió poseer numerosas licencias y numerosos medios de comunicación a la vez.

El pronunciamiento de la Corte confirmó la medida cautelar dictada por el juez federal Edmundo Carbone y confirmada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal.

El fallo en cuestión ratificó además la “plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, puesto que al tratarse de una “medida cautelar, cuyos alcances se encuentran limitados al actor (titular de las licencias) no afecta de ningún modo la aplicación de la ley”.

Por otro lado, el argumento de la Corte se sostuvo sobre el hecho de que las licencias fueron prorrogadas a partir del Decreto 527/05 por el Poder Ejecutivo, él mismo que envió el proyecto de reformas de la ley. Es decir, de aplicarse el artículo 161 (que afecta la concentración de la propiedad de medios de comunicación) se estaría afectando derechos que el propio Estado había otorgado a estos grupos económicos un tiempo atrás.

Como era de esperarse, con la aceptación de esta medida cautelar empezaron a llover reclamos similares por parte de otros grandes multimedios. El viernes 1 de octubre la Asociación de Teleradiodifusores Argentinos (ATA) interpuso una demanda contra la Ley 26.522/09 en la que declara la inconstitucionalidad de 34 artículos de dicha ley.

El riesgo más importante que plantea el pronunciamiento de la Corte Suprema es el de dejar abierta una brecha que permita hacer nulos los artículos de la ley que fueron pensados con el objetivo de reducir las posibilidades de que un mismo dueño sea poseedor de radios, diarios y canales de televisión. Si la concentración económica permite la concentración de la propiedad de medios de comunicación corremos el riesgo de que los mensajes y sentidos producidos desde los medios se reduzcan a las voluntades de 3 o 4 empresas. Esto afecta directamente a la democracia y a la posibilidad de plantear visiones diferentes de nuestra realidad cotidiana.

Los últimos acontecimientos demuestran que con las leyes nunca basta, que la lucha, para que sea verdadera, debe ser en varios frentes. Existen tal infinidad de recursos legales que se hace difícil pensar en la posibilidad de atacar el oligopolio de la producción mediática sólo desde las leyes. En este marco se hace necesario pensarnos como productores y consumidores de mensajes; se vuelve indispensable tener una lectura crítica sobre los relatos de los medios, una lectura que nos permita analizar qué se dice, cómo se dice y quién lo está diciendo.

Pero es importante también pensarnos como receptores activos, con el pleno derecho a producir mensajes y sentidos desde nuestro lugar. Los medios alternativos de comunicación han demostrado ser una poderosa herramienta para eso.

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