TAREFEROS: BORDEANDO LA ESCLAVITUD

Por Sebastián Premici

Son los cosecheros de hoja que trabajan, en aproximadamente un número de 13 mil, en Corrientes y Misiones. Se consideran víctimas, a la vez, de los grupos que dominan el sector y de la desatención de Uatre, el gremio de los trabajadores rurales.

“Los obreros tareferos somos los menos beneficiados en el sector yerbatero. Muchos estamos bordeando condiciones laborales de esclavitud. Casi ningún gobierno ha reconocido la que cosecha la yerba. Hay una cuestión histórica de cómo se gestó este sector. Las Marías, Taragüí, Rosamonte son las empresas que se enriquecieron con el trabajo precario de miles de tareferos”, sostuvo a Página/12 Roque Pereira, presidente de la Asociación Civil de Tareferos y Obreros Rurales de Misiones.

En esta provincia y en Corrientes, distintas agrupaciones político gremiales denunciaron públicamente la precarización laboral de este sector, como también la connivencia entre el gremio que representa a los trabajadores rurales, Uatre, conducido por Gerónimo “Momo” Venegas, y las empresas del sector. “El que quiere plantear algo diferente se queda sin trabajo. La presencia de Uatre es nula”, agregó a este diario Carlos Escobar, secretario general de la agrupación de trabajadores rurales Sebastián Montoya (Movimiento Evita).
Entre las provincias de Corrientes y Misiones hay 17.444 productores de yerba y otros 13.000 tareferos, el primer eslabón en la cosecha de la hoja verde de la yerba. De ese total, entre el 70 y 65 por ciento está en la informalidad. Según el último convenio firmado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, cada tarefero tendría que cobrar 358 pesos por mil kilos cosechados. Pero reciben aproximadamente 300 pesos. Es decir, el productor le paga menos al tarefero, porque éste recibe menos del sector industrial. “Generalmente, el pequeño productor no puede blanquear al tarefero, y así se genera la cadena de perjuicios, donde la molinería se lleva el mayor porcentaje de la renta”, sostuvo Pereira. Según datos del Ministerio de Economía, sólo 10 molinos procesan el 80 por ciento de la producción yerbatera, mientras que cuatro de ellos se quedan con el 50 por ciento. Estos son Establecimiento Las Marías (Taragüí, Unión, La Merced), Hreñuk SA (Rosamonte), Molinos Río de la Plata (Nobleza Gaucha) y La Cachuera (Amanda).
“La fuerte concentración empresaria, que impone sus reglas de juego y una alta precariedad laboral puede explicarse, en parte, porque hay un sindicato que dejó de lado las reivindicaciones sociales. Acá se da una fuerte sociedad entre la dirigencia de Uatre y la patronal. Y si decís algo de esto, te echan”, sostuvo Escobar.
Este dirigente fue uno de los fundadores de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Fatre), hoy denominada Uatre. Trabajó en el establecimiento Las Marías, de la familia Navajas Artaza, y fue compañero de Neris Pérez y Marcelo Peralta, ambos secuestrados y desaparecidos por reclamar mejores condiciones laborales dentro del establecimiento y el sector en general. Escobar también estuvo secuestrado entre 1977 y 1980.
En la provincia de Misiones había 60 seccionales de Uatre, hoy son 18. Según indicaron a este diario desde la agrupación Sebastián Montoya, una agrupación político gremial que busca disputar una interna dentro de Uatre, hace varios años que el gremio de Venegas no realiza elecciones internas democráticas.
“Tampoco hay asambleas de base porque las comisiones directivas no lo permiten. Hace dos meses, Venegas armó una suerte de elección de un día para el otro, recorrió el país, pero sin avisarle a ninguna autoridad nacional. No hubo participación gremial. Fue una maniobra para evitar una posible intervención en su gremio, ya que nunca había hecho elecciones de delegados. El poder del Momo radica en lo económico, recauda aportes de los trabajadores, los que están registrados, y no se ocupa de las condiciones laborales de sus afiliados”, agregó Escobar.
Las malas condiciones laborales se observan en los recibos de sueldo de los tareferos (registrados). Si bien la CNTR fijó en 358 pesos los 1000 kilos cosechados, las empresas pagan como “sueldo básico” 294 pesos. Después de los descuentos correspondientes, el tarefero recibe 233 pesos.
“Ahora, con la nueva ley del peón rural, ni Uatre ni la patronal la quieren reconocer. Se ve en los recibos de sueldo, en el trato hacia los trabajadores, en las condiciones materiales de trabajo. Hay una misma metodología, que es el destrato hacia los laburantes”, concluyó Pereira.

Fuente: Página 12

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