SIN ANTECEDENTES

Por Maximiliano Postay

Por Josiana García. El centro de estudiantes de la Unidad Penal Nº31 de Florencio Varela y el Espacio Locos, Tumberos y Faloperos (LTF) presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para remplazar el actual Certificado de Antecedentes Penales por un Certificado de Información Penal Socialmente Relevante (Cipsor).

 

 

En diálogo con el programa Crítica Penal, que se emite por la FM Comunitaria De la Azotea de Mar del Plata, el abogado Maximiliano Postay, integrante de Locos Tumberos y Faloperos, explicó el alcance de una propuesta que apunta a terminar con lo que denominan una “pena complementaria” como es el Certificado de Antecedentes Penales.

- ¿Qué implica la creación del Certificado de Información Penal Socialmente Relevante que impulsaron desde LTF y los estudiantes de la Unidad Penal Nº31 de Florencio Varela?
- Hoy existe un Certificado de Antecedentes Penales que surgió del decreto reglamentario 2004/1980 de la ley 22.117. Este documento implica que cuando una persona recupera su libertad, incluso después de haber cumplido su condena íntegramente, durante los 10 años posteriores queda señalado y estigmatizado con la etiqueta delincuencial.
Lo que pretendemos hacer con este Certificado de Información Penal Socialmente Relevante (Cipsor) es que en ese instrumento que solicita el eventual empleador, en vez de aparecer los antecedentes penales, es decir las condenas cumplidas o lo que hizo en su pasado la persona en cuestión, aparezcan solamente las cuestiones judiciales que hagan a la actualidad de esa persona. Es decir, si tiene alguna orden de captura (sea nacional o internacional); si tiene alguna condena pendiente de ejecución, salvo si se encuentra en la etapa de libertad condicional; y si está declarado en rebeldía frente a alguna causa en trámite. Lo único que tocamos es el contenido del documento, no pretendemos la abolición de los certificados ni de los registros.

- ¿La modificación abarca a todo tipo de delitos?

- El proyecto apunta a todo tipo de delitos. La idea es, como el nombre del documento que presentamos lo indica, desnaturalizar la idea de que un delito es una cuestión de orden público. Tenemos una noción de delito diferente, más emparentada a la noción de conflicto. Creemos que el conflicto considerado delito es de los particulares y como tal la sociedad no tiene que preocuparse de la actividad delictiva del pasado de cualquier de nosotros. La idea del Cipsor, más allá de que es un simple retoque que le hacemos al contenido del documento, es poner sobre la mesa el sistema penal en su conjunto. LTF es una agrupación abolicionista del sistema penal y pretendemos a partir de una reforma transicional muy específica como esta, empezar el debate hacia un cuestionamiento mayor como puede ser la lógica de la acción penal pública.

- ¿Cómo surge la propuesta?

- Surge a partir de la demanda de la población penitenciaria que, por un lado ve que la cárcel tiene como objetivo la reinserción social. Pero cuando quieren ejercer esa supuesta reinserción se encuentran con trabas como el Certificado de Antecedentes Penales que no permite ninguna reinserción post penitenciaria, porque genera dificultades para buscar un trabajo y muchas veces el único camino que les queda a las personas que recuperan su libertad es la reincidencia.

- ¿La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados de la Nación?
- Primero hicimos una divulgación a través de los medios de comunicación alternativos y en el seno de los penales y de las organizaciones sociales con las que estamos vinculados. A raíz de eso surgió un contacto el diputado nacional de Nuevo Encuentro, Gastón Harispe que se interesó en ser la vía institucional para llevar adelante el proyecto. Según él, en las próximas semanas comenzará a generarse todo el proceso legislativo en las comisiones. Seguramente se discutirá en legislación penal y seguridad y a partir de ahí veremos como evoluciona todo. Pero más allá de la cuestión institucional, lo que estamos haciendo es buscando adhesiones de toda la sociedad.

- Por eso impulsaron la campaña “Decile no al Certificado de Antecedentes Penales” a través del blog de LTF. ¿Cómo fue la respuesta hasta el momento?

- Desde que sacamos a luz la iniciativa, hace más de un mes, la respuesta general fue positiva. Las adhesiones llegan de jueces, fiscales, defensores, patronatos de liberados, organizaciones sociales o personas individuales conscientes de que esta reforma no solo beneficia a los presos sino que repercute en la seguridad de todos. Porque si tenemos menos índices de reincidencia tenemos menos delito, y si tenemos menos delito tendremos menos de eso que suelen llamar inseguridad. Entonces, al interpretar y entender este tipo de medidas como políticas de seguridad para todos y no solo como un beneficio para la población carcelaria, creo que podemos llevar el debate a un plano mayor al que generalmente los espacio críticos de la criminología o el derecho no estamos acostumbrados.
Por otro lado, vemos que hay diputados con ganas de discutirlo y hay actores sociales que en principio uno habría pensado que iban a poner algún tipo de objeción y que nos han hecho llegar la adhesión sin ningún tipo de inconvenientes. Somos optimistas de que se va a dar la discusión y después dependerá de los tiempos y los intereses políticos que siempre están dando vuelta.

Fuente: Marcha

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