REPERCUSIONES DE LA MARCHA POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: EL GOBIERNO SE SIENTA A NEGOCIAR

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Por Mario Hernández
En el panorama sindical de la semana, abrimos con las negociaciones salariares que surgieron luego de la masiva movilización en defensa de la educación pública. El quórum que no sale para la Emergencia laboral y la tregua que el Presidente pide a las empresas privadas.
Luego de la masiva manifestación que se realizó el jueves 12 de mayo en defensa de la Educación y la Universidad Pública, el gobierno convocó este viernes 13 de mayo a una nueva mesa de negociación salarial.
En esta oportunidad el ofrecimiento fue por escrito y consiste en un 18% a cobrar en junio (incluye 2% de jerarquía docente) y un 15% a cobrar en diciembre (más nomenclador y adicional por título). Asimismo, plantea que la vigencia del acuerdo paritario propuesto sea hasta fines de febrero de 2017.
El Congreso de Delegados de la CONADU Histórica, reunido este viernes, analizó la propuesta salarial y resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 18 de mayo, para permitir el tratamiento de la propuesta en las asambleas de las Asociaciones de Base.
También el Secretario General de FEDUBA, gremio de base de CONADU en la UBA, Federico Montero, adelantó que, si bien hay avances en la nueva propuesta, aún faltan elementos y desde FEDUBA la consideran insuficiente.

Una emergencia sin quórum
Tras no conseguir el quórum, se cayó la sesión parlamentaria convocada para tratar la emergencia laboral.
Al respecto, el diputado Néstor Pitrola, presidente del bloque del Frente de Izquierda-Partido Obrero, declaró: “La instalación en la agenda nacional del problema de los despidos se la debemos a grandes luchas: desde Cresta Roja hasta los trabajadores de Tierra del Fuego. Con el fracaso de esta sesión queda claro que el Parlamento es el lugar donde ganan por goleada los lobbys patronales. Estamos llegando al fin de una experiencia de parlamentarización del reclamo de los trabajadores, porque aun aprobándose la semana que viene vendrá el veto de Macri. Lo que queda de este debate parlamentario es que es necesario dar una lucha de conjunto para enfrentar el plan económico que han dictado el capital financiero y los fondos buitre, y que es un ataque cada día mayor a los trabajadores”.
Sin embargo, las tres Confederaciones Generales del Trabajo (CGT) no están dispuestas a tensar la relación; apuestan al Consejo del Salario, en el que el Gobierno, las principales cámaras empresariales y las centrales obreras acordarán la suba del salario mínimo y del seguro de desempleo. El salario mínimo, que es actualmente de $ 6.060, se aumentaría un 30%, mientras que el subsidio al desempleo, congelado en $ 400 desde 2006, se iría a $ 3.000. La cita será el jueves próximo, en la sede del Ministerio de Trabajo.
En las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), en cambio, avanzan en la organización de un paro, sin sus aliados circunstanciales de la CGT.

Las empresas y el marketing
El lunes pasado, el Presidente escenificó una tregua con los empresarios por la caída del empleo –de la que las centrales sindicales no quisieron ser parte–, de la que participaron Techint, Arcor, FIAT, IRSA, AGD, Banco Francés, entre otras 200 empresas y cámaras empresariales. El acuerdo no supone ningún compromiso legal, sino que apela a la buena voluntad de los popes empresariales para no reducir su nómina laboral por 90 días, la mitad de lo que establece el proyecto de Ley de emergencia ocupacional.
Al respecto, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), José Listo, denunció que “los mismos empresarios que firmaron el acuerdo con el gobierno por el empleo, anunciaron un día después suspensiones y cesantías”.
Listo dijo que la empresa TN Platex avisó de la suspensión de sus 450 trabajadores en sus plantas de La Rioja, Tucumán y Chaco y que la empresa Alpargatas “anunció que suspenderá por los próximos siete viernes consecutivos en su planta de La Pampa”.
El sindicalista añadió: “Alpargatas nos notificó también que quiere desprenderse de sus trabajadores eventuales, que suman alrededor de 450”. Además, señaló que esa empresa dijo que implementará también un retiro voluntario para entre 60 y 70 personas, para reducir el personal en sus plantas de La Pampa, San Luis y Catamarca.
También a Techint le duró poco la buena voluntad, ya que pese a firmar el compromiso para no despedir empleados por 90 días, el grupo que comanda Paolo Rocca espera el final de la conciliación obligatoria en su empresa SIAT para echar a quince trabajadores. Además, mantiene conflictos y suspensiones en otras fábricas. Siderca, en Campana, sigue con suspensiones rotativas bajo el amparo de un acta que vence el 12 de junio y un grupo de 130 trabajadores reubicados de sus funciones hacia un área sin tareas específicas. En Siderar, en San Nicolás, hubo despidos masivos en empresas contratistas y préstamo de personal hacia otras fábricas para cubrir el bache de producción. También hubo suspensiones en la fábrica de varillas que el Grupo tiene en San Luis.
Por su parte, la Federación de Trabajadores del Tabaco denunció el lunes en la cartera laboral que la empresa Massalín Particulares despidió a veinte empleados de forma “injustificada”; y los trabajadores portuarios bloquearon el ingreso a Terminal portuaria de Zárate por 50 despidos.
También se conoció que la empresa austríaca KTM despidió a 25 de sus 40 trabajadores y anunció que se va de la localidad de Campana al finalizar su producción. Trasladaría sus instalaciones a Thames y permanecerá con una planta mínima de personal hasta fin de año.
La Asociación Bancaria (AB), por su parte, denunció que “las autoridades del Banco Hipotecario continúan cesanteando trabajadores”, a pesar de haber firmado con el gobierno “un compromiso para no despedir”.
Un comunicado gremial firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, y el secretario nacional de prensa del gremio, Eduardo Berrozpe, aseguró que “el presidente del Hipotecario, Eduardo Elztain, fue uno de los empresarios que asistió a Gobierno y suscribió un acuerdo para evitar despidos durante 90 días, pero hoy cesanteó a cuatro más”.
La metalúrgica Eitar amaneció el jueves ocupada por sus casi 500 trabajadoras y trabajadores. Los operarios recibieron de parte de la compañía 70 telegramas de despido, los empleados reaccionaron ocupando el edificio, con la consigna de que la empresa revierta la resolución.
Además, los obreros de Acoplados del Oeste fueron notificados de una orden de desalojo que se haría efectiva dentro de 10 días. Hace dos semanas la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, vetó la ley de expropiación definitiva y abrió la puerta para que la justicia actúe.
Mientras tanto, el gobierno de Mauricio Macri firmó el jueves pasado un convenio con McDonald’s para que la firma de comida rápida más famosa del mundo incorpore jóvenes pobres y desocupados: “Este acuerdo establece la capacitación laboral de hasta 5.000 mujeres y hombres de entre 18 y 23 años pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social, a través de un esfuerzo compartido entre la Nación y la empresa”, remarcó un comunicado del Ministerio de Trabajo, donde se agregó que la medida está “en sintonía con el objetivo de alcanzar la pobreza cero en el país en el más corto plazo”.
Los jóvenes tendrán un sueldo mensual de 4.500 pesos, cobertura de salud provista por la Obra Social Elevar y “un certificado de entrenamiento laboral”, entre otras prestaciones. Actualmente, el salario básico es de 6.060 pesos, por tal motivo, este programa laboral dista del objetivo de “generar trabajo de calidad” que el Presidente repite en cada acto que brinda por el país como meta de su gobierno para alcanzar la “pobreza cero”.
A la par, siguen los despidos tanto en el sector público como privado. Se estima que son, hasta el momento, alrededor de 150.000 las argentinas y los argentinos que perdieron su trabajo.

Fuente: Marcha

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