REBELIÓN Y DESPUÉS

Después de una semana de protestas protagonizadas por el pueblo panameño, la Asamblea Nacional de ese país derogó con 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la ley 72 que permitía la venta de tierras de la Zona Libre de Colon.

Dando una resolución tardía al tema de la controvertida ley 72, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en la madrugada del domingo el proyecto 541 que deroga la normativa que permitía la venta de tierras de la Zona Libre de Colon (ZLC) y que generó una semana de protestas populares en el país centroamericano, con un saldo final de 3 muertos, decenas de heridos y cerca de 200 detenidos.

La sesión de la asamblea fue acompañada por una vigilia realizada por miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos económicos y Sociales (Frenadeso) y la resolución fue publicada el lunes en la Gaceta Oficial, marcando la culminación del proceso revocatorio. Ese mismo día se realizaron movilizaciones pacíficas en Colon para exigir la creación de comisiones que investiguen la represión durante las protestas populares en los nueve días de manifestaciones contra la ley.
El emporio comercial de Colón, la segunda zona franca del continente, tiene una actividad comercial que supera los mil seiscientos millones al año. Sin embargo, los beneficios económicos que deja a la provincia son mínimos, siendo ésta una de las provincias con mayores índices de pobreza. De allí que se ha dicho que la ZLC es una isla de riqueza en medio de un mar de miseria. De allí la masividad de la respuesta popular, que incluyó cinco días de páro de la gran mayoría de gremios de la zona.
Previo a esta resolución, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, había ofrecido desde Japón, donde se encontraba de gira comercial, la derogación del artículo que permitía la venta de tierras públicas en el área, ofrecimiento que fue rechazado de plano por la población de Colon.
“Si el pueblo colonense no quiere que se vendan las tierras del ZLC, se derogará la venta”, había escrito el presidente en un mensaje ‘formal’ a través de su cuenta de twitter. El mismo fue considerado insuficiente e informal por los dirigentes de la protesta del Frente Amplio Colonense, que respondieron que las medidas de fuerza sólo se levantarían con la derogación completa de la norma.
Durante los ocho días que la ley estuvo aprobada provocó la pérdida de seis millones de dólares diarios para la economía nacional, tanto por los saqueos como por los paros que acompañaron a las movilizaciones. Dirigentes de la oposición responsabilizaron al gobierno tanto de estas pérdidas económicas como de la situación de violencia generalizada, por tomar tan tarde la decisión de derogar la ley.
El proyecto 541 incluye un artículo que prevé la conformación de una comisión para investigar las muertes y heridos causados por la represión durante las protestas. La misma estará integrada por tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos y tendrá un periodo de 60 días para rendir informe ante el parlamento. Esta resolución establece que “las autoridades deberán cooperar con esta instancia para que se realicen todas las investigaciones”.
Por su parte, Martinelli se dirigió hacia los panameños y convocó al diálogo para resolver qué se hará con la zona libre. “Debemos seguir unidos para diseñar un plan de desarrollo para Colon, ese debe ser nuestro próximo paso: sentarnos en la mesa de diálogo y ver como el Mar Caribe y Colon le dará ingresos a la ZLC. Debe ser un debate constructivo con ejecución inmediata. Colon era una taza de oro, juntos podemos lograrlo otra vez. Colon necesita de todos y todos necesitamos de Colon”, afirmó.
El presidente se justificó asegurando que la explicación de la ley no le había llegado a todos, y afirmó que se acercaría a los hogares de los muertos y heridos por la represión para darles la ayuda necesaria. “Tengo el corazón triste por los heridos y las vidas que perdimos, así como por los bienes saqueados. Todos debemos recapacitar sobre lo ocurrido, por el bien del país y de los panameños esto no se puede permitir”, sentenció.
En cuanto a las sanciones a aplicar, Martinelli aseveró que los responsables de los actos perpetrados en Ciudad de Colón, deben ser juzgados por la ley. “Los responsables de estos hechos deben ser procesados por las autoridades correspondientes, que en vez de buscar el beneficio para los colonenses buscaron su bien propio».

Fuente: Marcha

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