¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DE UNA NUEVA SUSPENSIÓN DEL JUICIO POR CURUGUATY?

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Por Rocco Carbone y Gustavo Torre* desde Asunción
El 22 de junio debería haber comenzado en Paraguay el juicio por la masacre de Curuguaty, hecho que desencadenó hace tres años en el golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo. Sin embargo, el juicio no comenzará. Una vez más, los jueces suspendieron el inicio (hasta el 27 de julio) argumentando que no hay salas para realizarlo. Es la terecra vez que sucede, y los argumentos son siempre insostenibles: el juicio más importante de los últimos años en Paraguay no encuentra una sala en el Palacio de Justicia. Se esconde detrás el intento de desmovilización de las organizaciones que acompañarán el juicio, de observadores internacionales, y la modificación de la fecha para que ese evento no coincida con la llegada del Papa al país.
La visita de Franciscus significa la atención internacional centrada en Paraguay (en Asunción ya hay figuras del Pontífice tamaño natural por las calles). Pero significa, también, la amenaza de que las enormes y descaradas irregularidades del proceso por la masacre que dio pie al golpe de Estado de 2012 queden expuestas a los ojos de la comunidad internacional. El juico debió haber sido anulado hace mucho tiempo por todas las irregularidades cometidas por el fiscal Jalil Rachid, sin embargo la Justicia y el Estado deben condenar a lasy los campesinxs para sostener todas las complicidades construidas desde la masacre: el golpe, el gobierno ilegítimo de Federico Franco, el gobierno “colorado” de Horacio Cartes y los sectores concentrados que participan de los beneficios del modelo económico basado en la exportación de soja.
La Justicia necesita que la sentencia pase lo más desapercibida posible, no importa si es de culpabilidad o de inocencia, ya que si es de culpabilidad quedará demostrada la injusticia sobre los campesinos, y si es de inocencia, deberán abrir otro proceso para investigar a los verdaderos responsables de la masacre. Es por esto que la Justicia se mantiene en un estado de indefinición. Ni ni: ni culpables ni inocentes, campesinos sin juicio, campesinos sin tierra, que quiere decir lo mismo que campesinos sin ser.
Con esto queremos decir que las y los campesinos de Curuguaty son la intemperie de la vida. Subjetividades sin ser. De esto desciende que –no tal o cual gobierno sino que– el Estado paraguayo en su complejidad les viene negando la tierra y la vida misma. Ha suspendido sus derechos a lo largo de tres años. No sabe qué hacer con ellxs. Y el Poder Judicial ha declinado su función básica ya que no sabe avanzar. La Justicia paraguaya ha demostrado ser heterogénea al Derecho.
Frente a todo esto la pregunta es: ¿si quienes representan una institución no cumplen con sus funciones básicas, qué deben hacer? Algo más, central: la movilización de las organizaciones sociales y políticas junto con la repercusión en la comunidad internacional del caso Curuguaty es un pedido enfático de nulidad.
Mientras tanto, los campesinos, los únicos imputados –hay que recordarlo: no hay ningún policía imputado a pesar de que en el enfrentamiento murieron 11 campesinos y seis policías- continúan sin el derecho a un juicio transparente, privados de la libertad y sin poder vivir sus vidas con los elementos y las acciones básicas que componen una vida como el ejercicio de la libertad irrestricta o el derecho al trabajo. Y este último elemento no es menor, pues se trata de campesinos pobres. Todos los campesinos y campesinas imputadas, desde hace tres años, y a la espera del juicio, no pueden salir de sus casas, mientras que uno de ellos, Rubén Villalba, está preso en la carcel de Tacumbú.
Se impide que se sepa la verdad de lo que pasó en Curuguaty y la absolución de las víctimas convertidas en victimarios. Hay que recordar que los campesinos son procesados porque, según la acusación, 60 de ellos, incluyendo muchos niños, son responsables de emboscar a una fuerza policial especial de 350 efectivos fuertemente armada y con helicópteros.
Entonces, los campesinos no tienen derecho a recibir justicia, condenados de antemano como responsables de lo sucedido, condenados a una espera interminable, mientras se aplazan las fechas, se esconden y pierden pruebas, se asesinan dirigentes campesinos y periodistas.
A tres años del golpe que derrocó al gobierno Lugo, la impunidad se replica con la tercera suspensión del juicio, utilizando un argumento que roza lo grotesco. Después de tres años de sucedida la masacre de Curuguty, las únicas pruebas certeras que existen llevan a condenar a la Justicia como responsable de abandono de personas, de negación de los derechos humanos y a sostener una farsa judicial que niega el Estado de Derecho.
Bien. El 27 de junio, temprano, al amanecer, los campesinos de Curuguaty, familiares de los asesinados y procesados hace tres años, ocuparon nuevamente las tierras donde tuvo lugar la masacre. Casi un centenar de familias campesinas exigen la titularidad de las tierras a favor del Estado, la libertad de los procesados y de los imputados, un resarcimiento para las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de 15 de junio de 2012 y la resolución pronta y favorable del sumario realizado contra los abogados defensores.
En Paraguay, la lucha la encabezan los campesinos. Y estas palabras tienen sólo un sentido: nulidad.

* Integrantes del Grupo CHIPA (Cultura, Ideas, Historia, Política y Arte de Paraguay) de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento

Fuente: Marcha

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