¿QUÉ DEJÓ EL DEBATE POR LA EMERGENCIA SOCIAL?

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Por Juan Carlos Travela*
El proyecto de ley de Emergencia Social no ha pasado desapercibido. Además de provocar una multitudinaria manifestación en el Congreso, logró convocar conjuntamente a espacios que pocas veces coinciden: CGT, CTA, organizaciones sociales, y diversos partidos políticos, y copó la agenda en la Argentina, provocando diversos cruces entre algunos sectores de la oposición y el oficialismo.
Durante la noche del miércoles 23 de noviembre el oficialismo confirmó el acuerdo, luego de oponerse al proyecto de ley en varias declaraciones y amenazar con el veto presidencial, como pasó con otras leyes impulsadas este año por la oposición.
El giro político que significó el acuerdo, y que es entendido como una victoria colectiva de los movimientos sociales y las fuerzas políticas de la oposición, al menos por quien presentó el proyecto, Juan Abal Medina, implica la declaración de la Emergencia Social por tres años, y pretende ser un paliativo a la situación socioeconómica que está afectando a las clases populares.
Sin embargo, más allá del cambio de rumbo, los argumentos presentados por el oficialismo se centraron en el descrédito de la política como herramienta transformadora de las estructuras económicas que nos mantienen en la pobreza, y en el rol predominante que se le otorga al mercado como institución que orienta el desarrollo económico. Por ese motivo, a fin de comprender la situación económica del país, y los años que vienen, estas declaraciones merecen ser analizadas.
“Si fuera por una ley, ¿para qué nos quedamos cortos? En vez de un millón de puestos de trabajos pongamos cinco millones y resolvimos todo”, fue una de las desafortunadas declaraciones del presidente Mauricio Macri. En concordancia, el ministro de Hacienda y Finanzas públicas, Alfonso Prat Gay, afirmó: “No hay soluciones mágicas porque no creamos empleo porque a un legislador se le ocurrió”. Luego, y manteniendo la ironía con la que trataron el tema, agregó: “Ojalá pudiéramos crear un millón, cinco o diez millones de puestos de trabajo por ley, porque de esa manera resolveríamos todos nuestros problemas”.
Otros integrantes del oficialismo reprodujeron esta idea, que además de ser errónea minimizaba la ley a solo un artículo, ya que no solo se buscaba generar un millón de puestos de trabajo sino que además se proponía la creación del Consejo de la economía popular, el incremento en un 15% de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, y el aumento en un 50% de las partidas presupuestarias destinadas a políticas alimentarias.
No obstante, a la precaria situación social que estamos viviendo debemos sumarle una preocupación más: el rol que se le pretende dar al Estado.
Mientras organismos oficiales demuestran que hay una crisis de empleo y elevados índices de pobreza, el gobierno argentino pretende obviar el uso de la política económica para resolverlo, y se ha puesto la búsqueda de la solución en el mercado, es decir, la supuesta lluvia de inversiones que no llega. Esto demuestra cuál es el rol que se le otorga al Estado, simplemente brindar protección a las propiedades individuales de las personas y la aplicación de sus contratos privados. Luego, el mercado atraerá las inversiones y resolverá el problema de los argentinos.

No es magia, es decisión política
Alfonso Prat Gay afirmó que no hay soluciones “mágicas”, lo cual es cierto. Lo que debe haber es voluntad política, y con ella crear empleos. Así como por decreto se decidió bajar las retenciones e impuestos a ciertos sectores concentrados, el gobierno puede decidir redistribuir los ingresos a quienes más lo necesitan, es decir, quienes son beneficiarios de este proyecto de ley.
Claro que hay cuestiones estructurales que no se superan solo con una ley, y tienen que ver con el (sub)desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, se planteaba un proyecto de emergencia, que se basa en el detrimento de las condiciones de vida de la sociedad argentina durante el último año, y que golpea mucho más fuerte a quienes menos protección tienen.
El Estado ha sido un actor fundamental en la historia de los países que han alcanzado el pleno empleo y buenas condiciones de vida. Y esto lo ha hecho a través de políticas públicas y leyes, que, aunque Prat Gay quiera negarlo, se le han ocurrido a un legislador, un dirigente político, un referente social, un académico, etc. Lo que falta es la decisión.
El Estado podría volcar sus recursos en la urbanización faltante en tantos territorios de la república, en la construcción y la mejora de la infraestructura logística, y en la infraestructura educativa, lo que no solo generaría empleo de forma directa, sino también de forma indirecta dinamizando la economía y el mercado interno.
Sin embargo, esto requiere de una redistribución de la riqueza y un establecimiento de prioridades que no coincide con los objetivos de este gobierno.
Difícilmente podríamos afirmar que el gobierno ha virado ideológicamente, sino que más bien parece una decisión política con el objetivo de evitar un conflicto de magnitud tan cerca de fin de año. Lejos de las suposiciones, lo concreto fue la unión y el reclamo de todo un arco opositor al ajuste que logró la transferencia de ingresos en un mandato presidencial que parece priorizar la situación económica de la población.

* Licenciado en Comercio Internacional, Universidad Nacional de Quilmes

Fuente: Notas

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