“TODOS SOMOS CARRERA”

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Con esa consigna, diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos realizaron ayer, martes 27, un festival en repudio al fallo de la Sala III de la Cámara de Casación de Capital Federal, que decidió una pena de 15 años para Fernando Carrera, acusado injustamente en 2007 por tres muertes, por las que fue acusado por medio de una causa policial armada. “”Estos policías que arman causas no lo podrían hacer si no tienen el aval y el acompañamiento del poder político”, señaló Pablo Pimentel, de la APDH.

Si bien estaba anunciada para las 18, las convocatoria comenzó a tomar forma alrededor de las 19, cuando por el escenario montado de espaldas a los Tribunales empezaron a desfilar las diferentes bandas musicales y los referentes que se habían acercado para brindar su solidaridad a la familia de Carrera.

 

 

 

La música estuvo a cargo de Jamaicaderos, el “Viejo” de La Perra que los Parió, entre otras que se fueron intercalando con los oradores. El público asistente estuvo compuesto por unas 2 mil personas.
Por todos lados se multiplicaba la imagen del rostro de Fernando Carrera, que habían sido confeccionadas y repartidas por los integrantes de la organización La Poderosa de la Villa 31, quienes además realizaron una intervención urbana con una “carrera con obstáculos para llegar a la justicia”.
Una de las que acercó su adhesión fue la titular de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien aseguró que “los familiares de Fernando no se merecen seguir viviendo esta incertidumbre. ¿Hasta cuando la justicia va a tener los ojos vendados? ¿Hasta cuándo van a ser indiferentes?”, se preguntó la referente de la militancia de derechos humanos. “Cuando se habla de ’Justicia Legítima’, que las madres hace 36 que la estamos pidiendo, y que si tenemos algún logro es por la movilización popular y la resistencia, porque no bajamos los brazos (…) ¿Porqué ahora, en este momento, se quiere tapar a la policía?”, se preguntó.
También acercaron sus palabras, los abogados de Carrera, Federico Ravina y Rocío Rodríguez López; el director del documental “El Rati Horror Show”, Marcelo Piñeyro; como así también Cecilia Lombardo, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga; Vanina Kosteki, hermana del asesinado Maximiliano Kosteki; y familiares de las también víctimas de una causa armada por la policía provincial del oeste, Luz y Diego, entre otros que acercaron su solidaridad y palabras.
Por su parte, Pablo Pimentel, de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) señaló que “la justicia tiene una medida para juzgar, y hay un porcentaje en que la justicia está sometida, que son nuestros hermanos pobres. El 80 por ciento de la población carcelaria son pobres o indigentes, y dentro de esa población, jóvenes”. Además sostuvo que el caso de Carrera no tiene que sentar precedentes, porque detrás de su causa “hay miles de causas que están armadas para resolver la estadística, para resolver un hecho que seguramente pasó. Pero para recaer sobre inocentes. De esta manera ante la política la policía se cubre, porque resuelve la estadística, pero el hecho queda impune”.
Además disparó contra la relación entre la política y la policía: “Estos policías que arman causas no lo podrían hacer si no tienen el aval y el acompañamiento de lo que yo llamo una relación cuasi mafiosa, que tiene que ver con parte de la policía, parte del poder judicial, pero también, compañeros y jóvenes, con parte del poder político. No podría haber todo esto sin parte del poder político que avale esto (…) Los derechos humanos se defienden o se violan, no hay términos medios. Y en este caso, se están violando”, culminó.
Finalmente, se leyó un documento unitario final, que dio cierre al festival. “Ahora, esta misma sala volvió a condenar (a Carrera) sostieniendo un fallo con verdaderas falsedades. La justicia vuelve a mostrar su cara más oscura. – denunciaron los organizadores en el documento. – Hay que decirlo: esto responde a una defensa corporativa y a una cobertura sobre amplios sectores policiales y judiciales. Si encontraran a Fernando inocente deberían pasar a investigar y juzgar a 22 funcionarios públicos, 11 policías y 11 judiciales, entre fiscales y jueces. Este caso es un claro ejemplo de violación a los derechos humanos por el accionar de la fuerza policial (…) Esperamos que la Masacre de Pompeya sea el caso bisagra en la eliminación del gatillo fácil y la violencia institucional en nuestro país.”

Fuente: AnRed

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