Prisiones bonaerenses, la barbarie

Por Roberto Cipriano García

Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia de Noticias Rodolfo Walsh

«Los casos de tortura y malos tratos se incrementaron en sus distintas variantes: golpizas de todo tipo, aislamiento, picana eléctrica, submarino seco y húmedo, puñaladas penitenciarias, traslados constantes, manguerazos de agua fría, robo de pertenencias de parte de los agentes y negación de la alimentación». Son palabras del siguiente Informe realizado por Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria, donde actúa -entre otros-, el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel. De este modo, la AW continúa con el Balance (anti) Carcelario 2010
El Estado que gobierna Daniel Scioli (ex Menem, ex Duhalde, actual kirchnerista) es el que despliega mayor ferocidad hacía los seres humanos privados de libertad en el país. En 2010 elevó el número de muertes en las prisiones a 118.. Esta cifra refiere solo a los casos que pudo relevar el Comité contra la Tortura, ya se sabe las reales superan con holgura a las que trascienden. Precisamente, el ocultamiento es parte de esencial de la política kirchnerista, ya sea en asesinatos policiales, economía, Indec, etcétera.La provincia de Buenos Aires, por la gran concentración de excluidos reúne e intensifica todas las variantes de urgencias y represivas. Al calor de la incesante construcción de prisiones, compra de armas, patrulleros y cámaras vigilantes, se perfecciona la masacre cotidiana contra los hijos más vulnerables del pueblo.
Por caso, esta Agencia realizó talleres de Periodismo y Expresión en José León Suárez, en una zona cercana al Ceamse adonde acuden a comer del basural miles de personas a la madrugada. En absoluto estado de desesperación algunas mujeres y/o sus hijos e hijas en edad de primaria son violados cada noche, y solo así esas madres pueden disputarse más tiempo la basura con las ratas. El Estado podía haber realizado diversas obras como fábricas, escuelas u hospitales ante la miseria extrema, las urgencias y la degradación, pero eligió una notable: la construcción de Unidad Penal Nº 48 donde continúa la represión y el exterminio a quienes les fueron robados todos los derechos. Esa es la política para los excluidos y de ello habla, contundentemente, este Informe.
Oscar Castelnovo

La Provincia de Buenos Aires cuenta con el sistema de encierro más grande del país: 28.000 detenidos en 55 cárceles, 2.100 personas en 310 comisarías y 460 jóvenes en Institutos de Menores. Más de 30.000 personas.
Este dato que de por si solo da cuenta de la inflación del sistema penal, se muestra mucho mas descarnado cuando consideramos que el 76 % de los adultos (mas de 20.000 personas) esta en prisión preventiva, en mujeres este porcentaje trepa al 85 % y en jóvenes detenidos en Institutos o Centros al 70 %. O sea la mayoría presos por las dudas: inocentes sin condena judicial.
Estas personas se alojan en un sistema penitenciario que durante 2010 evidenció problemas gravísimos que se incrementaron: práctica sistemática de la tortura y malos tratos, elevada cantidad de muertes, violencia institucional, sobrepoblación-hacinamiento, un sistema de gobernabilidad penitenciaria centrado en el disciplinamiento-incapacitación del detenido más que en su resocialización y la profundización de la corrupción penitenciaria estructural.

Muerte, torturas y violencia
Durante 2010 aumentaron las muertes, los casos de torturas o malos tratos y los hechos de violencia padecidos por los detenidos en cárceles provinciales.
Las 116 muertes registradas en 2009 crecieron hasta las 118 en 2010 y acontecieron en 34 Unidades carcelarias.
La mayor cantidad de muertes fueron por enfermedades, producto de los déficit estructurales en la atención de la salud penitenciaria: servicios médicos sustentados en guardias que no se cumplen, falta de recursos humanos, aparatología obsoleta, falta de insumos, medicamentos escasos, vencidos o que no se entregan, tratamientos que se interrumpen por pérdida negligente de turnos o por traslados constantes, atención médica mediada por la seguridad o voluntad penitenciaria, etc.
Creció de manera alarmante la muerte por VIH y las enfermedades oportunistas (tuberculosis, hepatitis, neumonía, toxoplasmosis): son 42 casos confirmados en 2010 mas otros 30 donde se consigna paro cardiorrespiratorio no traumático y que por nuestra experiencia suelen ocultar esta enfermedad.
Esto da cuenta de la barbarie tras los muros. Por enfermedades como el VIH nadie se muere en el medio libre. La tasa de letalidad del VIH-SIDA en las cárceles bonaerenses fue de 7.4%. Aceptando el subregistro en las muertes, más de 7 de cada 100 detenidos con VIH-SIDA fallecieron durante 2009- 2010.
Los casos de tortura y malos tratos se incrementaron en sus distintas variantes: golpizas de todo tipo, aislamiento, picana eléctrica, submarino seco y húmedo, puñaladas penitenciarias, traslados constantes, manguerazos de agua fría, robo de pertenencias de parte de los agentes y negación de la alimentación.
Durante el año 2009 este CCT presentó 1.220 hábeas corpus e informes urgentes por el agravamiento de las condiciones de detención de una persona. Cada uno de estas hábeas corpus contiene más de un hecho que constituyen torturas o malos tratos. En total, se denunciaron más de 3.500 hechos graves acontecidos en 48 cárceles provinciales.
Por otro lado en marzo de 2010, la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH) del Instituto Gino Germani de la UBA, lanzaron el Registro Nacional de Casos de Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, comenzaron los relevamientos en las cárceles bonaerenses y federales. En Provincia de Buenos Aires, se relevaron 675 hechos padecidos por 166 víctimas (162 hombres y 4 mujeres) durante esos 3 meses. De este registro de 675 hechos, 106 son agresiones físicas, 102 estaban alojados en condiciones inhumanas de detención, 101 aislados sin cumplirse con los estándares internacionales vigentes, 87 padecían hambre, a 64 no se les brindaba la atención médica elemental.
Por otra parte no se atiende a las víctimas de torturas: producidas las torturas a un detenido, habitualmente se lo alojará en una celda de castigo y su llegada a la atención médica estará mediada por la guardia. Muchas veces tendrá que curarse solo, si tiene suerte o esta muy grave accederá a sanidad. La participación, naturalización o complicidad por acción u omisión, del personal ligado a la atención de la salud resulta patente en gran cantidad de casos. Médicos y enfermeros omiten cumplir con sus juramentos éticos y legales siendo funcionales a la tortura penitenciaria.
Este cúmulo de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes constituyen una práctica sistemática frente a la cual el Estado provincial no ha construido políticas claras tendientes a su prevención, investigación, sanción, registro o asistencia de las víctimas. No hay lugares de no tortura, de las que todos participan por acción u omisión.
También se incrementaron los hechos de violencia que el SPB informó a la justicia provincial: 4.145 hechos ocurridos al 30 de junio de 2010 de los cuales 987 fueron de represión. En ese mismo período de 2009 los hechos fueron 3.987 y 848 de ellos de represión. La represión es la única respuesta de los agentes frente a los conflictos, disparar balas de goma a diestra y siniestra, sin respetar la reglamentación mínima y ocasionando graves lesiones a los detenidos. No se previenen los conflictos ni se construyen dispositivos adecuados y eficaces de resolución de estos.
La permanente apelación a instancias represivas se vincula con las condiciones de vida intramuros mencionadas: la violencia es fundamental para someter a detenidos que soportan hambre, falta de medicamentos, robo de sus pertenencias y vejaciones de todo tipo. Existe una perversa circularidad: las riñas entre detenidos, abonadas por tales regímenes de vida, justifican los medios violentos con las que se los encara, medios que a su vez generan más tensión y abonan rivalidades, fricciones y nuevos episodios de violencia.
Pero esta cruda descripción de la realidad no solo fue sostenida por este Comité. Durante el primer semestre de este año, tres instancias internacionales reclamaron al estado nacional que termine con la tortura en la Provincia de Buenos Aires. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Relatoría de Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana elaboraron duros informes que dan cuenta de la tortura, la sobrepoblación y las condiciones aberrantes de detención.

Sobrepoblación y hacinamiento
La posición de la Provincia ha sido fluctuante en este terreno. Distintos informes dan cuenta de la sobrepoblación penitenciaria: el Cels en su Informe Anual, al igual que este CCT, da cuenta de un 64 % de sobrepoblación considerando cárceles y comisarías. Faltan más de 10.000 plazas. El gobierno negó durante 2009 y 2010 estas cifras que avaló al principio de su gestión afirmando que no existía sobrepoblación. Luego de un diagnostico que el mismo realizara con arquitectos e ingenieros civiles en todas las unidades del sistema, cambio del criterio técnico al criterio penitenciario que considera que donde hay un detenido hay una plaza. Un informe presentado por los Defensores Públicos de la provincia hacia mediados de 2010 afirma que existe una sobrepoblación de más del 100 % en cárceles provinciales. Luego de esto la provincia modifica su posición, comenzando a reconocer la existencia de sobrepoblación, justificando así el pedido de créditos internacionales destinados a la construcción de cárceles y alcaidías. Una multimillonaria inversión que no resolverá el problema estructural de sobrepoblación. Este problema solo podrá revertirse si se modifica la política criminal provincial que tiene por fin perseguir y detener a vastos sectores de la población pobre.
Durante 2010 en varias Unidades carcelarias se constató situaciones de hacinamiento: 3 detenidos en celdas para 1 solo, 60 detenidos en celdas para 35, etc.

Corrupción estructural
La corrupción penitenciaria es estructural. Gran cantidad de denuncias nunca investigadas por la justicia dan cuenta de la connivencia entre proveedores y funcionarios importantes de la administración provincial. Contrataciones directas sin ceñirse a la ley, sobreprecios, adjudicaciones arbitrarias y pagos desmedidos en compras penitenciarias. También es habitual que los detenidos sufran el robo de pertenencias de parte de los penitenciarios.
En gran parte de su accionar cotidiano, los agentes penitenciaros y también los policías, cometen delitos. Delitos que los jueces habitualmente no persiguen.
La necesidad de acotar este informe a las líneas pautadas, impiden dar cuenta de otro de los principales factores que contribuye a reproducir esta situación: la inacción o complicidad de la justicia provincial que no investiga la muerte, las torturas ni la corrupción penitenciaria. Su accionar contribuye a generar una impunidad constitutiva del cuadro de situación descripto.
Frente a este cuadro de situación, las autoridades provinciales han optado por negar la existencia de la tortura, la violencia y la corrupción.
El ministro de Justicia Casal, en escrito presentado ante la Suprema Corte Provincial en el marco del Habeas Corpus Verbistsky, refiriéndose a la tortura, afirmo que : No obstante la independencia absoluta que caracteriza al Poder Judicial de la Provincia, no se han comprobado judicialmente hechos de esta naturaleza, lo que no puede atribuirse a ineficiencia o falta de investigación suficiente».
La lucha contra la tortura, encarna como pocas la defensa de la democracia, sistema esencialmente incompatible con estas prácticas. Las afirmaciones del Ministro de Justicia, negando las atrocidades denunciadas, conducen hacia el autoritarismo y debilitan el estado de derecho.

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