PREOCUPACIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA POR EL AVANCE DEL DISCURSO DE «MANO DURA»

En un comunicado publicado ayer la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifestó que “siempre ha propiciado la transformación de la seguridad pública en clave democrática, en contraposición a la demagogia punitiva y las medidas efectistas. Sostenemos que éstas, lejos de resolver la problemática del delito la incrementan, al profundizar la delegación de la seguridad en las fuerzas policiales. Por eso nos alertamos ante las recientes medidas y propuestas surgidas de distintas esferas del poder político”.

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El esquema de saturación territorial, con la policía de la provincia de Buenos Aires, la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, constituye un dispositivo orientado a controlar a los sectores pobres, centralmente jóvenes, en base a la táctica de la sospecha y fundado en la construcción de un estereotipo que liga la pobreza con el delito. En tiempos de dictadura se construyó al “subversivo” como el “otro” peligroso causante de todos los males. Hoy esto se da en la figura del pibe pobre: en él se focalizan los peligros sociales. Con estas políticas públicas no se pone el esfuerzo en la prevención e inclusión, sino en la represión y expulsión del sistema.
El esquema, asentado en la delegación de la seguridad pública en las fuerzas policiales (Policía, Prefectura y Gendarmería), ha incrementado la inseguridad para aquellos que padecen la violencia policial y ha demostrado ser ineficaz en términos de reducción del delito.
La irrupción de la Gendarmería, una fuerza federal creada con objetivos distintos a la prevención del delito en interacción con la población civil, genera prácticas violentas que se registran en su actuación de saturación territorial, y va construyendo un imaginario social que comienza a naturalizar la presencia entre la población civil de una fuerza con una impronta marcadamente militarizada que excede el rol policial.
En paralelo se reinstala el debate sobre la baja de edad de imputabilidad. Entre 2008 y 2010 esta discusión se impuso a través de la agenda mediática y recibió un fuerte apoyo del gobernador Scioli y su ministro Ricardo Casal. El rechazo colectivo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos fue determinante para que no prosperara. Contundentes argumentos permitieron visualizar que la baja de edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito, y profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez. Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan; y elude una responsabilidad central del Estado que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños. Asistimos a una paradoja cruel: no garantizar derechos lleva a que estos niños arrastren consigo las características gestuales, de enfermedades, subalimentación, pertenencia barrial, deficiente formación educativa que precisamente los coloca en el perfil de los “otros” peligrosos que se quiere perseguir y controlar.
La injusticia social imperante por décadas ha herido hondo la trama de nuestra sociedad. Pero la fórmula que combina más represión y severidad en el castigo penal no es el camino, pues ocluye ver que los niños o jóvenes que cometen delitos son víctimas que padecieron antes la inseguridad de no acceder a la alimentación, la salud, la educación, el juego, a la alegría de vivir en libertad para su desarrollo como ser humano.
Alarman las declaraciones públicas de funcionarios y candidatos, que señalan a los jóvenes como responsables de participar en la mayoría de los delitos cometidos. Es dato falso, mientras se omite señalar u no verdadero: que el Estado incumple sistemáticamente proteger a los menores como lo establece la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
En la provincia de Buenos Aires, las cifras judiciales demuestran que dicha participación es ínfima. La Oficina de Estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte informa que en 2012, sobre un total de 685.808 investigaciones, el 4,3% (29.550) corresponde a investigaciones tramitadas en el fuero penal juvenil. El 95,7% (656.258) corresponde a personas mayores. En tres años los delitos de los jóvenes aumentaron 2 %, mientras el de los adultos aumentó 3 %. http://www.mpba.gov.ar/web/estadisticas.php
Las políticas de seguridad pública deben ser políticas de estado, y el piso de cualquier discusión es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Medidas como éstas ya se han aplicado y sólo han servido para profundizar la matriz autoritaria y para consolidar en la sociedad la creencia que ciñe la seguridad al incremento de penas y la violencia policial.
El anuncio de desdoblamiento de los ministerios de Justicia y Seguridad se da en el marco de estas respuestas coyunturales efectistas y evidencia la profundización de un discurso demagógico que sigue proponiendo respuestas simples ante fenómenos complejos.
El principal desafío es la democratización de las fuerzas policiales. Se debe garantizar un esquema de conducción político-civil, la profesionalización y definición de su función en términos de prevención y la transformación del actual esquema de intervención, que se apoya en la gestión territorial del delito en base a prácticas ilegales y violentas.
Para consolidar un sistema democrático pleno deben observarse prácticas democráticas. Para tener una sociedad justa e integrada debe apostarse a profundizar la igualdad brindando más derechos, no restringiéndolos.
Contacto prensa: Violeta Burkart Noe 11 156-520-5490 / Diego Díaz 11 1559-443174
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Fuente: Red Eco

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