POR EL ASESINATO DE MIGUEL GALVÁN

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MoCaSE-VC) difundió un comunicado referido al asesinato de Miguel Galván, ocurrido el 10 de este mes. Responsabilizan a la policía, al Juez José Luis Torreli de Monte Quemado y al gobierno de la provincia de Santiago del Estero porque no actuaron ante innumerables denuncias que realizaron por amenazas de muerte de grupos armados a campesinos y porque dejaron la zona liberada para su actuación. Reproducimos.

 

 

 

A menos de una semana del asesinato de Miguel Galván, a once meses del asesinato de Cristian Ferreyra, desde los montes y barrios de Santiago del Estero, desde lo más profundo de nuestra indignación, decimos:
Que los hechos ocurridos en el Paraje el Simbol, límite de Santiago del Estero y Salta, han calado y dejado, una vez más, en evidencia de la grave situación que vivimos cotidianamente en nuestras comunidades campesinas indígenas y de cómo la policía, el Juez Torreli de Monte Quemado y el gobierno de la provincia de Santiago, no han actuado ante las innumerables denuncias que se han realizado por las amenazas de muertes de grupos armados y han dejado zona liberada para su actuación.
El territorio de la triple frontera entre Chaco, Salta y Santiago del Estero, desde el 2006 viene siendo un foco de combate terrible y la firmeza de las familias organizadas ha evitado el avance de empresarios.
Una de estas familias fue la familia de Miguel, nacido y criado en el paraje El Simbol, cuyos territorios comparten las provincias de Salta y Santiago del Estero. Su familia formó parte desde sus inicios de la Central Campesina 3 Fronteras del Mocase-VC. Durante todos estos años han estado resistiendo al avance de distintos empresarios como Romeral, la empresa El Alba de Salta que provocó un allanamiento de la comunidad por parte de la policía e infantería en 2008, el intento del empresario Raúl Micoli de Córdoba en 2010 y el santiagueño Gustavo Saa desde 2011, cuyas bandas armadas balearon a Don Sixto Ruiz el 12 de julio en el paraje Vinalito.
Desde hace 2 años, es la empresa Agropecuaria La Paz S.A, cuyo encargado es un tal Figueroa, quien intenta alambrar los territorios de la Comunidad. Para ello se ha aliado con la familia Risso Patrón, vecinos del lugar y quienes han dado entrada a los empresarios y a la banda armada de Tala Aranda. Estos custodian a los alambradores junto a Paulino Risso Patrón, contratado por la empresa para amedrentar a las familias de la zona, permitiendo el alambrado de los territorios de la comunidad.
Ante esta situación, su hermano, su madre y Miguel habían presentado varias denuncias desde el año 2011 por usurpación y por amenazas contra la empresa, las bandas armadas y contra el asesino Paulino Risso Patrón, cuyas constancias se adjuntan a este comunicado.
Todos estos conflictos y el alambrado del territorio se están realizando en la parte que corresponde a Santiago del Estero, aunque la situación se repite en el territorio salteño. La policía que ha “actuado” hasta ahora en la zona ha sido la policía de Santiago y las denuncias y las investigaciones han sido desarrolladas por el Juez de Monte Quemado. Incluso hace 15 días, el Comité de Crisis de la provincia visitó la comunidad y pudo constatar la presencia de las bandas armadas y el alambrado del territorio.
Pero las bandas armadas siguieron su trabajo y el pasado miércoles, Paulino se dirigió a la casa de los Galván con un revolver 38 y trató efectuar dos disparos. Miguel intentó inmovilizarlo y el asesino lo apuñaló en la yugular.
La causa quedó radicada en el juzgado de Metán, ya que el crimen se produjo en el lado salteño de la comunidad. El lunes los compañeros y familiares de Miguel se trasladaran a la ciudad de Metán para declarar como testigos del asesinato.
Hoy, la banda armada de Tala Aranda sigue alojada en la casa de los Risso Patrón, amenazando a los familiares y vecinos.
Toda esta situación la venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y a pesar de todas las denuncias, no se ha tomado ninguna medida efectiva que garantice la vida y el territorio de las comunidades campesinas indígenas y su producción de alimentos sanos.
Es por esto que exigimos:
Que se detengan inmediatamente a las bandas armadas de Tala Aranda y la de los Juárez, asesinos de Cristian, que actúan impunemente en la zona, amenazando a las familias campesinas del norte de la provincia.
Que se investigue y detenga a los responsables de la empresa Agropecuaria La Paz S.A, como responsables intelectuales del crimen y por contratar Guardias Blancas.
Que renuncie el juez José Luis Torrelli de Monte Quemado, quien no hizo nada ante las múltiples denuncias y que el revólver 38 del asesino que fue secuestrada por la policía de Monte Quemado no desaparezca como desaparecieron los cartuchos y la escopeta itaca que asesinó a Cristian Ferreyra.
Que el Comité de Crisis, como instrumento del gobierno provincial ante los conflictos de tierra, haga público el informe que hizo de la visita de la comunidad El Simbol, donde se reconoce la presencia de bandas armadas y explique qué acciones concretas tomó al respecto el gobierno de la provincia.
Del asesinato de Cristian hasta ahora el Gobierno de la provincia no ha asumido su responsabilidad. Ningún funcionario ha dimitido, ni siquiera quien aprobó el desmonte en la comunidad de Cristian. Hasta el momento, ningún funcionario de la provincia ha hecho ningún comentario sobre la muerte de Miguel.
Señalamos a Luis Fernando “Parano” Gelid, ministro de Producción, Tierra y Recursos Naturales como principal impulsor del avance del agronegocio en la provincia, y por lo tanto, responsable político directo de los asesinatos de Miguel y Cristian. Gelid, que proviene de una familia con más de 40.000 has de soja y ganadería de dudoso origen, es metido en el gobierno de Zamora por la Confederación Rurales Argentinas (CRA) y él básicamente les ha dado a ellos el poder para avanzar sobre los territorios comunitarios.
Exigimos que la provincia asuma de una vez por todas la realidad de las familias campesinas indígenas, proteja sus territorios y apoye su producción. Y esto significa prohibir los desmontes, los desalojos y el avance de las empresas del agronegocio.
Ni un metro más, ¡la tierra es nuestra!
¡Miguel Galván y Cristian Ferreyra Viven. La lucha sigue!

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