POLÍTICAS ESTATALES Y PUEBLOS ORIGINARIOS: ¿CONTRADICCIONES O MECANISMOS DE DESARTICULACIÓN DE LA LUCHA?

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Por Sandra Tolosa y Florencia Trentini, antropólogas
Tucumán. El cacique Francisco Solano Chaile, de la Comunidad India de Quilmes está preso. El pasado 6 de junio, mientras intentaba una conciliación con el grupo de personas que desde marzo de 2014 se apropió del uso y manejo de la Ciudad Sagrada de los Quilmes, se produjo una confusa discusión y una intervención inmediata de la policía.
El cacique fue detenido, acusado penalmente bajo la carátula de “robo agravado, uso de armas y amenazas”. Junto a él, 11 comuneros más fueron detenidos y procesados. La organización ANDHES, en su calidad de patrocinantes legales de la Comunidad, ha denunciado la inconsistencia y la falta de elementos para el proseguimiento de esa causa y ha presentado un hábeas corpus solicitando atención médica para el cacique y traslado a su domicilio, en vista de su delicado estado de salud. La petición ha sido denegada, a pesar de que el fin de semana pasado Chaile tuvo que ser trasladado con urgencia al hospital.
Neuquén. La referente mapuche, Relmu Ñamku, de la comunidad Winkul Newen se encuentra acusada de “intento de homicidio” y será llevada a juicio a la brevedad. El 28 de noviembre de 2012, mientras se encontraban en la ceremonia de entierro de una beba de la comunidad se hizo presente una oficial de justicia para informar sobre una nueva orden de desalojo, acompañada de efectivos policiales, integrantes de la petrolera Apache y topadoras. La comunidad se defendió lanzando piedras. Un día después, Relmu se enteró que la oficial de justicia la acusaba a ella de haber lanzado la piedra que le alcanzó el rostro, provocándole lesiones.
Formosa. El 28 de mayo de este año, la justicia de la provincia elevó a juicio una causa en la que se acusa al qarashe Félix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) del delito de “usurpación”. La causa se basa en la denuncia del criollo Cecilio Celías y otros testigos vinculados a éste, que afirman que los integrantes de la comunidad ingresaron sin autorización a su campo con el fin de edificar viviendas.
Los títulos de propiedad que presenta Celías son parte del conflicto territorial que se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el CELS se presentaron recursos de casación y de queja y se realizaron peticiones de medidas de pruebas, pero fueron sistemáticamente rechazados.
Estos son sólo tres de los ya incontables ejemplos de criminalización de referentes y comuneros/as indígenas que llevan a cabo reivindicaciones de derechos. A esto se suman las difíciles situaciones que las comunidades viven en los territorios y que implican, entre otras cosas, desalojos y represiones violentas por parte de las fuerzas de seguridad, con altos saldos de heridos, pérdidas materiales y hasta muertos. En todos los casos el conflicto es territorial.
En contraste, el discurso oficial de los últimos años ha planteado una serie de cambios simbólicos que reconocen el genocidio sufrido por los Pueblos Originarios en la “conquista de América” (no así de los genocidios perpetrados por el Estado argentino). Así, el “Día de la Raza” fue transformado en el “Día de Respeto a la Diversidad Cultural”, el “Salón Cristóbal Colón” de la Casa Rosada se convirtió en el de “Pueblos Originarios” y, esta semana se inauguró en las afueras de la Casa de Gobierno el monumento a Juana Azurduy, en reemplazo del antiguo que homenajeaba a Cristóbal Colón.
Algunos entienden que estas acciones son pasos hacia la construcción de un Estado Plurinacional; otros se centran en la existencia de contradicciones entre un discurso políticamente correcto de restitución de derechos y las situaciones que se viven diariamente en los territorios, plagadas de violencia y donde referentes y comuneros/as son permanentemente criminalizados. Ahora bien, ¿es posible pensar ambos aspectos como simples contradicciones?
Las acusaciones y procesamientos a referentes y comuneros/as indígenas han funcionado, en algunos casos, como estrategias de evasión e incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, que declara la emergencia en materia territorial e impide los desalojos hasta tanto se haya culminado el relevamiento de los territorios comunitarios. Esta ley ha sido sancionada justamente para ofrecer una garantía real a las comunidades.
Sin embargo, en algunas provincias su aplicación ha demorado casi diez años, y esto tuvo sus consecuencias en los diferentes territorios indígenas, sobre los que siguieron avanzando los alambrados. El prometido relevamiento territorial (para el cual se ha asignado una importante cantidad de dinero) no se ha terminado de cumplimentar en gran parte de las comunidades, sobre todo en aquellas provincias como Formosa y Neuquén, en las que los intereses para las empresas extractivistas son evidentes.
A estas limitaciones se le suma la intervención de actores locales con intereses directos en los conflictos, cuyas redes de poder les permiten contar con el aval de los sistemas jurídicos provinciales para llevar a cabo acciones legales contra los referentes. Las causas penales son una estrategia eficaz, ya que involucra a los comuneros en forma personal, dejando de lado la figura de las comunidades, evitando así el marco de protección de la Ley 26.160.
Pero además constituye un mecanismo de hostigamiento que provoca desgaste y miedo, sumado a los costos personales y económicos que pueden significar enfrentar procesos judiciales. Por último, instala efectos de estigmatización sobre los referentes indígenas, limitando así el alcance de su acción política.
En este marco, es posible preguntarse si la distancia entre el discurso y políticas oficiales y las realidades territoriales están siendo contradictorias, o si la criminalización de la lucha indígena no constituye una modalidad de control político concreto, que se realiza en forma paralela a un discurso “políticamente correcto”.
Los muchos ejemplos que se sumaron en los últimos tiempos permiten preguntarse si se sigue tratando de casos excepcionales, o si es posible pensar que estas modalidades forman parte de dispositivos que intentan desarticular la lucha política actual de los Pueblos Originarios.

Fuente: Notas

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