PARAGUAY: MÁS DE 200 RADIOS COMUNITARIAS SERÍAN DECOMISADAS POR EL GOBIERNO GOLPISTA

Mientras se conoce el dictamen final y las posibles sanciones de la OEA a Paraguay, las organizaciones de derechos humanos alertan sobre las amenazas, la persecución y el retroceso democrático que se vive en el país. Las organizaciones de derechos humanos en el Paraguay denuncian que cuando todavía no se han cumplido dos semanas del golpe de estado parlamentario contra el expresidente Fernando Lugo, la situación de libertades y derechos humanos se ha deteriorado considerablemente.

 

 

Fernando Lugo fue destituido por el Senado de Paraguay el pasado 22 de junio luego de un juicio express motivado por su responsabilidad política en la muerte de 17 personas en enfrentamientos entre la policía y campesinos sin tierra. El hecho desató una crisis internacional y copó las agendas de los organismos regionales y continentales como Unasur, Mercosur y la OEA. El Secretario General de éste último, Miguel Insulza visitó el país y se espera en cualquier momento por parte del organismo, un veredicto de la situación, que servirá como base para que los embajadores de los estados miembros, debatan hoy martes en Washington, qué decisión tomar frente a la crisis política en el Paraguay.

Amenazas, persecución y criminalización
Los representantes de las organizaciones de derechos humanos lamentaron que el Secretario General de la OEA no los haya recibido. Pretendían trasmitirle a Miguel Insulza su preocupación por lo que ellos califican como graves indicios de un rápido deterioro de los derechos humanos en Paraguay. Alertarlo por ejemplo, sobre las primeras amenazas contra activistas y defensores.
La coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de la Mujer y miembro de la coordinadora de organizaciones de derechos humanos, Elba Muñoz denuncia que desde el mismo momento en el que se dio a conocer la destitución del Presidente Fernando Lugo comenzó la represión. «Hemos tenido declaraciones del presidente Franco, calificando la salida a las calles a protestar o a manifestarse como un llamamiento a una guerra civil, con la clara intención de infundir miedo». Denuncia la infiltración de policías de civil y francotiradores en las manifestaciones ciudadanas.
Un colectivo que teme un retroceso en el respeto a sus derechos fundamentales es el del gays, lesbianas y trans. Según relata Muñoz, manifestantes a favor del gobierno de Federico Franco han dicho que no quieren un Paraguay con sodomía, en alusión a los grupos GLTB y justificando procesos de estigmatización y persecución.

Retrocesos democráticos y sociales
La defensora de derechos humanos, Elba Muñoz cuenta que se ha roto un esforzado y valioso proceso de construcción ciudadana y democracia logrado en los escasos 23 años que lleva ese país sin dictadura. Muñoz advierte que ha regresado el temor y el terror que hacen revivir un pasado reciente que se creía superado.
Las organizaciones ven igualmente amenazados los avances logrados en estos años en cuanto a derechos sociales y citan como ejemplo concreto el del acceso al servicio de salud pública: «Una de las conquistas más importantes tenía que ver con la gratuidad y universalidad de la salud como un derecho, y hoy vemos como hay un proceso de regresión. Hay anuncios que nos muestran que se pretende frenar el reciente proceso de declaración de gratuidad de la salud en un país donde la mitad de las personas están en situación de pobreza», denuncia la activista Muñoz.
A Elba Muñoz le preocupa especialmente el retroceso que pueda haber en términos de los derechos de las mujeres. «Ha habido algunas declaraciones de gente allegada al gobierno que han dicho que éste es un gobierno que va a promover la cultura de la vida, refiriéndose a que efectivamente habrán retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos y estamos muy temerosas de que se den procesos como los que se dieron en Honduras de penalización y prohibición de píldoras anticonceptivas como la píldora del día después o de otros métodos anticonceptivos».

Temor por la libertad de prensa
Los medios populares especialmente las radios comunitarias son otro sector que teme por un empeoramiento de la libertad de prensa en Paraguay. Denuncian que la primera evidencia de ese retroceso sucedió el mismo día de la destitución del Presidente Lugo, cuando agentes de la policía paraguaya irrumpieron en la recién creada TV pública, primer canal estatal en Paraguay. Con ellos iba el director de comunicaciones del nuevo gobierno de Federico Franco quien pretendía interrumpir la trasmisión de las imágenes que mostraban a los partidarios de Lugo protestando en las calles, según lo denuncian varias fuentes. A raíz de estos hechos se creó la Coordinadora por la Defensa de la Tv Pública, un movimiento de resistencia que busca la restitución en su cargo del director del ente, Marcelo Martinessi y, al mismo tiempo, evitar la intromisión en el medio público del gobierno de Federico Franco.
Alcides Villamayor, Secretario General de COMUNICA, la Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria teme igualmente por el futuro de muchas radios comunitarias del Paraguay. «Hay una ley de medios que fue aprobada en el Parlamento y que justamente prohíbe la publicidad de las radios, que limita las potencias y que habla de imputación a los directivos que no tengan autorización del ente regulador». La ley a la que se refiere Villamayor había sido impugnada por el Presidente Lugo pero en el Paraguay el Parlamento puede o no rechazar el veto presidencial. En este caso, ambas cámaras rechazaron el veto de Fernando Lugo lo que hacía aplicable de inmediato la norma.
Los comunicadores populares y comunitarios tenían la esperanza que el gobierno de Lugo no aplicara la ley y buscará por medios judiciales su derogación. Ahora temen que el gobierno de facto, como ellos llaman al gabinete de Franco, la haga cumplir a rajatabla. «El gran temor es que casi todas las radios comunitarias no tienen autorización, ni licencia y hace dos días el nuevo director de CONATEL, el ente regulador, dijo que más o menos existirían 200 radios que serían decomisadas». Las radios comunitarias están en 15 de los 17 departamentos del Paraguay y a pesar de la poca tecnología con la que cuentan, se constituyen en una herramienta importante de expresión y libertad de prensa en un país donde los grandes medios de comunicación están en manos de importantes grupos económicos y políticos.
Con este panorama denunciado por las organizaciones de derechos humanos y los representantes de medios comunitarios en el Paraguay, y a pesar del clima de tranquilidad que dijo encontrar el Secretario General de la OEA luego de su visita, el temor a que se estén dando los mimos pasos que en Honduras, podría ser fundado. Un camino que llevaría al país a un clima generalizado de amenazas y persecución de defensores de los derechos humanos y un cerco a aquellos medios que tengan una postura contraria al nuevo gobierno. No obstante, los paraguayos esperan que sobre todas las diferencias y la crisis, primen finalmente los valores democráticos.

Fuente: RNW

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