PARAGUAY: ESTADO DE LA AUDIENCIA POR LA MASACRE DE CURUGUATY

En junio del 2012 ocurrió la Masacre de Curuguaty, en la que murieron 17 personas, entre campesinos y policías, a raíz de una violenta represión policial contra un desalojo en dicho distrito de la República del Paraguay. Hoy, la audiencia y la investigación del hecho avanza caracterizada por descripciones absurdas, complicidades con el poder y presos políticos.

La Masacre de Curuguaty ya cumplió más de un año y el avance de su investigación no hace más que agregar más sospechas.

 

 

El único progreso que ha realizado el poder judicial hasta la fecha es la detención de catorce campesinos, que se encuentran presos desde junio de 2012. Actualmente, continúa la audiencia preliminar por el caso, que evidencia la falta de una búsqueda profunda de las causas de la masacre y genera desconfianza hacia el aparato judicial.
Al respecto, la organización social Articulación Curuguaty afirma que ésta audiencia “viene acumulando un proceso penal plagado de arbitrariedades e irregularidades por parte del Ministerio Público y un aparato judicial que legitima todas las violaciones procesales, con el propósito de condenar –a solicitud de ciertos “mandantes”– a personas que no tienen nada que ver con los hechos que se les atribuyen”. A su vez, la agrupación pone el ojo en el rol del fiscal Jalil Rachid, acusado de ocultar pruebas, por ejemplo, con la recoleción de evidencias sin ser todavía fiscal de la causa, y de mentir acerca del rol del aparato policial y el nivel de armas que sus escuadras portaban. La organización tilda al análisis del fiscal de “realismo mágico”, ya que este pretende hacer creer que “35 campesinos con sus mujeres e hijos hasta de 3 meses de vida, emboscaron a 324 policías equipados con helicóptero, camionetas, camiones, armas automáticas, escopetas, caballos, granadas, gases lacrimógenos, chalecos antibalas, pistolas, comunicación y hasta fotógrafos”.
Por otra parte, la agrupación también critica fuertemente la acción de la jueza en función, Janine Ríos, porque creen que ya tiene el final de la novela escrito, sin pasar ni por la introducción ni por el nudo: “Esta crónica de una condena anunciada no es otra cosa que la simulación de un juicio penal, una representación teatral, una parodia”. La jueza parece estar “lista para mandar a todos a juicio sin escuchar argumento alguno”. Según Articulación Curuguaty, Ríos ejecuta órdenes que recibe desde altas esferas del poder político: “Lamentamos que la magistrada se preste a este juego bochornoso, recibiendo instrucciones por teléfono que termina cumpliendo al pie de la letra”.
De esta forma, la organización denuncia que el fiscal ocultó, desvió y omitió evidencia, al mismo tiempo que actuó con parcialidad para llegar a un final “tramado con anticipación”, y exige que realice una investigación más exhaustiva, incorporando elementos que hoy están por fuera de la causa. Asimismo, le pide a la jueza Ríos que tome “conciencia” y haga a un lado sus “temores egoístas”, se muestra preocupada porque no hubo intención alguna en el proceso de esclarecer las muertes de los campesinos en la jornada de junio de 2012 y denuncia la ausencia de indemnizaciones a las familias de las víctimas por parte del gobierno nacional.

Resumen

Sospechas y dudas son denominadores comunes en la causa por el esclarecimiento de la Masacre de Curuguaty. En este contexto, la organización social Articulación Curuguaty muestra su descontento con la orientación de la investigación, y critica duramente el rol del fiscal, la jueza y el poder político.

Fuente: ANRed

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