NUEVA ASAMBLEA DE LA CUMBRE AGRARIA EN BOGOTÁ

CUMBREAGRARIABOGO

Por Javier Castellanos*
Ante el incumplimiento del gobierno nacional en Colombia en la mesa de negociación pactada con la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, se realizó una nueva asamblea para determinar los pasos a seguir.
Durante el paro agrario en Colombia de 2013 y 2014 fueron intensas las luchas y movilizaciones que se realizaron. En el 2013, tras 26 días de salir a las carreteras y que resulten numerosos los muertos y los heridos bajo la criminalización de la protesta y la desmedida represión estatal y para-estatal, los sectores campesinos e indígenas movilizados lograron conmocionar el país y hacer que la comunidad nacional e internacional volcara su mirada una vez más sobre el irresuelto problema agrario en Colombia. Pero, sobre todo, obtuvieron un gran respaldo desde los sectores populares de las ciudades, quienes, indignados, también se solidarizaron y movilizaron por la soberanía alimentaria del país, por mejores condiciones de vida digna de los pequeños productores en el campo colombiano y por el reconocimiento de los movimientos campesinos como sujetos políticos.
Finalmente, tras casi un mes de lucha, el primer paro se levantó en octubre, con un acto político de gran importancia para los sectores populares organizados: la instalación de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular (CACEP), escenario de articulación que nuclea a la mayoría de sectores rurales movilizados y a muchos otros que se sumaron en la construcción de un pliego unitario de ocho puntos con las principales exigencias, reivindicaciones y propuestas de cambio de esta gran diversidad de movimientos.
Por ese entonces el gobierno, obligado a negociar, implementó espacios de concertación sectorial desde su vieja fórmula “divide y vencerás”. Pero la cumbre exigió otro tipo de diálogo, que trascendiera las reivindicaciones inmediatas y fragmentadas para poner en discusión el modelo de desarrollo rural y de despojo que desde hace décadas viene impulsando la clase oligárquica enquistada en el Estado.
Ante la iniciativa de un debate mayor, la escasa voluntad del gobierno se tradujo rápidamente en incumplimientos y, a inicios de 2014 –año electoral para presidenciales– algunos movimientos de la CACEP retomaron las calles y las carreteras para presionar al gobierno de Juan Manuel Santos a la instalación de mesas de diálogo serias y permanentes con la Cumbre. Tras varios días de movilización, el gobierno cedió y se concertó una agenda y metodología de trabajo para abordar ordenadamente los ocho ejes del pliego unitario concebido y propuesto desde la CACEP.

Las mesas de diálogo como resistencia y presión
El trabajo de las mesas inició y dio pie, en medio de la desconfianza frente al gobierno, para fortalecer el proceso de coordinación y unidad en lo diverso de la pluralidad de movimientos que la CACEP contiene (Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Organización Nacional Indígena de Colombia, proceso de comunidades negras, COMOSOCOL, etc.). Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, el gobierno de Santos –que ante el escenario electoral le puso “todos los juguetes” a la instalación de las mesas– sacó la nómina titular (ministros, viceministros y responsables con capacidad decisoria) y empezó a llenar las mesas con suplentes (funcionarios y burócratas de medio rango) y a incumplir y dilatar las agendas de trabajo.
De esta manera transcurrieron los primeros cinco meses de 2015 y las desconfianzas y los escepticismos se convirtieron poco a poco en certezas sobre la repetición de una historia ya sabida: el reiterado y cínico incumplimiento estatal frente a las demandas y los debates de los movimientos sociales y populares. El escenario de crisis de la mesa de negociación entre la Cumbre y el gobierno Nacional se iba gestando; y mientras los movimientos de la CACEP aprovechaban el tiempo para aceitar consensos buscando afectar la desigual balanza de poder, el gobierno hacía lo propio con la clase empresarial nacional y las corporaciones transnacionales. Así, estos acuerdos iban dando cuerpo al documento borrador del Plan Nacional de Desarrollo, que orienta la profundización del modelo neoliberal, promovido por el accionar estatal, durante los próximos cuatro años.
Finalmente, en medio de un ambiente político caldeado por el paro nacional camionero, las incertidumbres de la mesa en la Habana, el paro nacional de docentes y las protestas frente al Plan Nacional de Desarrollo aprobado, los espacios de diálogo entre el movimiento social y el gobierno hicieron aguas ante la falta de voluntad política de Santos y la crisis se hizo pública.
Sin embargo, a un año de la instalación formal de las mesas de negociación entre la Cumbre y el gobierno, el balance para el movimiento social es positivo en términos de unidad, pero la negociación sigue pendiente, pues no se avanzó en casi nada con el gobierno. Es por eso que ayer se realizó en Bogotá la segunda asamblea de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular como principal espacio de deliberación de los movimientos sociales colombianos, para tomar decisiones sobre cómo proseguir con las luchas y los reclamos y para hacer frente a los reiterados incumplimientos del gobierno.

*Militante del Congreso de los Pueblos – Capítulo Argentina.

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