MONSANTO, DUEÑA SILENCIOSA DE LAS EXPORTACIONES DE SOJA

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Por Patricio Eleisegui
La multinacional cuenta con el monopolio de los certificados de bioseguridad que permiten la colocación del grano en mercados como China. Pero casi dos décadas después, las entidades del campo decidieron denunciarlo. Qué dice al respecto la compañía.
En tiempos en que el campo acaba de asistir a un verdadero choque de gigantes, las diferencias recientemente explicitadas entre las entidades rurales y la multinacional estadounidense Monsanto desnudan particularidades hasta ahora desconocidas del negocio de la soja.
Hasta esta semana, la compañía que introdujo la primera semilla transgénica en el país y motorizó el uso del herbicida glifosato bajo la marca Roundup, batalló contra los productores nucleados en torno a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en búsqueda de asegurarse el cobro de patentes por su tecnología Intacta.
En 1996, cuando colocó a nivel local su primera soja modificada genéticamente, Monsanto no logró hacerse con la propiedad intelectual del producto. De ahí que jamás cobró por un desarrollo que, semilleras mediante, rápidamente fue copiado y diseminado hasta completar los más de 20 millones de hectáreas que hoy ocupa la oleaginosa.
Para evitar esto, el año pasado la multinacional implementó un control compulsivo en puertos de privados a fin de identificar quién comercializaba toda la semilla con tecnología Intacta que no le fue adquirida a Monsanto.
Mediante un sistema de monitoreo que, además, nunca fue homologado en el país, la empresa funcionó hasta el último jueves como un Estado paralelo. En caso de dar con un productor que no figuraba en su base de clientes como comprador de Intacta pero utilizaba el transgénico, Monsanto automáticamente pasaba a cobrarle 9,60 dólares de multa por tonelada. El productor que no abonaba la cifra no sólo podía afrontar consecuencias legales: también se veía complicado para exportar.
Este escenario llegó a su fin cuando este jueves se oficializó una decisión del Ministerio de Agroindustria de exigir autorización previa en todos los sistemas de control que se utilicen en el mercado de granos. La medida en cuestión invalidó los procedimientos de fiscalización de semillas para el cobro de regalías que venían impulsando precisamente Monsanto y los exportadores.
Pero, más allá de este reciente cruce de espadas entre la firma y las entidades del agro local, lo concreto es que la grieta sirvió para exponer algo nunca explicitado respecto de la forma en que la soja llega a los mercados internacionales.
En ese sentido, Daniel Pelegrina, vicepresidente de la SRA, expuso ante este periodista de Adelanto 24 que Monsanto es la dueña de los permisos que permiten colocar los cargamentos de la oleaginosa en destinos como, por ejemplo, China.
Según el directivo, la compañía es quien expide los avales de bioseguridad que exige el gigante asiático para acceder a la compra final de la soja. Dicho de otra forma, China sólo reconoce el certificado que emite la misma Monsanto respecto de la seguridad alimenticia del grano que adquiere.
“El destino ni siquiera toma en cuenta lo que pueda decir el gobierno argentino. Si uno como productor no firma un convenio con Monsanto, esta compañía puede trabar la venta de la soja a China. El filtro para colocar lo que uno produce es potestad de la empresa”, precisó Pelegrina.
De acuerdo al entrevistado, este monopolio de la comercialización es el aspecto que permitía a Monsanto ejercer presión para que los puertos cedieran al control sobre la potencial piratería de Intacta.
Consultados por este aspecto, desde la compañía reconocieron el dominio sobre los certificados de bioseguridad aunque, como es de suponer, desmintieron toda posibilidad de presión sobre los exportadores. “Desde la primera soja hacia acá, Monsanto jamás negó un solo permiso de venta de granos al exterior”, enfatizó un vocero de la multinacional.
Este mecanismo, naturalizado en casi dos décadas, pone a las claras el poder que en completo silencio la compañía fue acumulando en torno al negocio agrícola de la Argentina. Una hegemonía claramente permitida por las sucesivas gestiones presidenciales y que ahora, en pleno conflicto, queda sobre el tapete en otra situación de ausencia de intervención política.
“Es un monopolio que se hizo a base de favores políticos. Monsanto tiene el dominio de toda la genética de soja de la Argentina. Mañana, si quisieran, podrían intentar controlar hasta las verduras que comemos”, disparó Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria. Lo no reconocido por el directivo: que hasta la instancia de pelea por el canon compulsivo, su organización jamás denuncio el monopolio en más de diez años.
A la sombra del conflicto ahora en apariencia concluido, un pelotón de compañías aguarda por un futuro triunfo de Monsanto en la eterna discusión por la propiedad intelectual de la genética para, en breve, lanzar al mercado sus propias semillas modificadas. Dow, Bayer, y la local Bioceres, son algunos de los privados que cuentan con nuevas tecnologías en soja, pero temen que sus desarrollos también resulten copiados en caso de llegar a la instancia comercial.
“Están dejando que Monsanto haga el trabajo sucio. Una vez que el control compulsivo que ahora se frenó derive en otros marcos legales para proteger las invenciones en genética, van a avanzar con sus semillas porque ya tendrán el mercado asegurado”, confió a este medio un referente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
A modo de salida económica, la multinacional incentivó en todos estos años la utilización del herbicida glifosato, declarado en marzo del año pasado como potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente: Adelanto24

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