MNCI: EL EMPRESARIO, COAUTOR NECESARIO DEL CRIMEN

Entrevista a Oscar Rodríguez, abogado del MOCASE

Por Maura Brighenti, del Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP)

El Doctor Oscar Rodríguez es miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, integra el equipo jurídico del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC) y será desde hoy uno de los abogados querellantes en el juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra.

¿Nos podes contar cómo se desarrollará el juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra?

Ante todo es importante el lugar del juicio, porque su elección no tiene un carácter inocuo. En un primer momento estaba previsto que el juicio comenzara el 3 de noviembre y se desarrollara en la capital de Santiago del Estero durante todos los días de la semana, de mañana. De pronto deciden que no se hace en Santiago capital sino en Monte Quemado, lugar de los hechos. Por lo general me parece correcto que cada juicio se celebre en el lugar del hecho, para garantizar el acceso de los testigos.

 

Pero en este caso la resolución del Tribunal es bastante problemática: Monte Quemado está a cuatro horas de viaje desde Santiago del Estero, por una ruta muy difícil de transitar. Todo el movimiento y la difusión que nosotros esperábamos (y esperamos) generar alrededor del tribunal, se desalienta.
Me parece, entonces, que se intenta quitar la visibilidad que podría tener el juicio. En Santiago del Estero todo el mundo es consciente de la capacidad de movilización del MOCASE-VC, y los gobiernos siempre tratan de desalentar este tipo de movilizaciones. Llevar el juicio a Monte Quemado que está al norte, en el límite con El Chaco, tiene el objetivo de aplacar todo. El juicio va a ser desde el 4 de noviembre hasta fin de mes. Algún juez optimista dijo que tal vez se termine antes. Pero esto va a depender del nivel de discusión. Si aparece la necesidad de acudir a pruebas nuevas, el juicio se puede alargar.
Para el MOCASE-VC se trata de un juicio histórico y por eso se está organizando una campaña nacional que cuenta con una amplia red de organizaciones sociales, de derechos humanos y de comunicación. Pero adentro del tribunal, ¿cómo va a ser la estrategia judicial?
Si se logra la condena del empresario, del dueño del capital, con toda la legitimidad política que normalmente tiene el inversor, la verdad es que sería una sentencia histórica. Desde el punto de vista del estado de derecho, el mensaje a los empresarios seria claro: vengan a invertir, pero sin bandas armadas, sin asesinatos (aunque la acumulación capitalista siempre fue “una apropiación con sangre”).
En Santiago del Estero últimamente se han producido otros hechos violentos. Hubo amenazas que fueron filmadas por parte de un empresario a la organización del MOCASE, frente a las autoridades provinciales de bosques. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata pedimos que intervenga la justicia federal, porque se trata de un atentado contra el orden democrático y no de una simple amenaza con revólver. Ese lenguaje empresarial tiene la matriz del genocidio: nosotros estamos armados y vamos a matar a estos mugrientos del Mocase. Se transforma al otro en un tipo sin derecho, lo cual significa que se puede amenazar, matar, secuestrar, torturar, y no va a pasar nada.

En los últimos días hubo nuevas amenazas a comunicadores del Mocase…
Entraron a una radio de Quimilí, localidad cercana a Monte Quemado. Y hay también amenazas personales o por interpuesta persona, a testigos del juicio. ¡Qué toda esta violencia pare ya! El mensaje es claro, porque si sigue la impunidad sigue la violencia. Por eso el juicio tiene una relevancia fundamental y debemos apoyarlo. Incluso Orlando Canido, empresario de la gaseosa Manaos, fue imputado recientemente porque contrató una banda que disparó sobre militantes del MOCASE que estaban resistiendo un intento de desalojo por parte de la empresa. No tienen ningún problema. Llegan con bandas de tipos armados, e incluso ex policías. Algunos fueron detenidos y otros huyeron por el monte. La verdad es que está bastante álgido el conflicto en el monte.

Desde la querella, ¿qué tipo de condenas esperan?
Volviendo a la estrategia judicial, intento hablar claro: nos interesa la admisión de la responsabilidad del empresario Jorge Antonio Ciccioli. Actualmente él es acusado en tanto partícipe secundario del delito de homicidio y de los demás delitos. ¿Qué significa partícipe secundario? Significa que se participa en el delito de otra persona, que el hecho delictivo es de otro. No podemos dejar que al empresario se lo acuse por la figura subalterna del participe secundario. Nuestra apuesta es la de reconocer una coautoría necesaria. Lo que vamos a pedir es la coautoría, porque la relevancia del empresario que pone las topadoras, las armas, contrata a las bandas y hace la inteligencia del delito, tiene que tener una relevancia mayor de la que estratégicamente se le está reconociendo. Así que nuestra estrategia va encaminada a esto. Asumo que será difícil.
El punto es que el matador es otro y, por lo tanto, está claro que en términos jurídicos el empresario no tiene la mano manchada con sangre. El que tiene manchada la mano con sangre es uno de los Juárez, que estaba en el lugar y mató, mientras que el empresario no estaba en el lugar. Es como en los casos de lesa humanidad: ¿qué hacemos con el hombre que no está en la escena del crimen pero tiene poder de mando en términos militares? El empresario no toca a la víctima. Y esto para el derecho penal siempre fue determinante. Aquí y en todo el mundo.

¿Qué se está jugando en este juicio?
Un mensaje claro. O hay impunidad o se reafirman derechos. Además, hay que tener en cuenta que el empresariado está mirando políticamente al juicio. Desde la Sociedad Rural de Santa Fe, por ejemplo, están viniendo a participar. Santiago del Estero está lleno de inversores. Lo he visto, gente que viene y de golpe te alambra el patio de tu casa, porque se le ocurre que le pertenece. Y esto genera un nivel de violencia intolerable. En el caso de Cristian Ferreyra, por ejemplo, cortaron el árbol que estaba en la escuela, donde los niños tomaban sombra durante el recreo, porque molestaba. Y el “inversor” Ciccioli le prometía que le iba a dar una bicicleta a cada uno, que les iba a mejorar las instalaciones… tres monedas a cambio de 10 o 20 000 hectáreas de campo.

Una última pregunta, más técnica: ¿podés decirnos algo sobre el fiscal encargado del juicio?
Hasta hace dos días no sabíamos qué fiscal íbamos a tener. Lo cual es un problema. No se puede nombrar un fiscal pocos días antes de un juicio como este, porque no cuenta con el tiempo necesario para estudiar el caso. El intento del tribunal es evitar la politización del proceso. Su mensaje es que se trata de un mero caso de homicidio, un hecho individual, desmantelando toda connotación política. Esto lo discutimos con los otros abogados del equipo jurídico y esperamos que el fiscal nos acompañe un poco en la reconstrucción del contexto. Seguro la presencia en Monte Quemado del MOCASE, de las Madres y de otras organizaciones de DDHH, así como la difusión de la campaña nacional, nos ayudara a darle la dimensión que se merece este juicio.

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