LOGRAR LA BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD NO SERÁ TAN FÁCIL

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Germán Garavano, a cargo del Ministerio de Justicia, había iniciado en enero la ronda de consultas para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La estrategia era consensuar una Ley Penal Juvenil con distintos actores de la sociedad. Sin embargo, en las ocho mesas de discusión que se llevaron a cabo hasta el momento, de los 40 oradores, 34 se opusieron a la reforma punitiva.
Si el gobierno quería llegar con el tema en agenda y definirlo después de las elecciones, cuando supiera qué conformación tendrá el congreso, y además llegar a fin de año con un proyecto de ley respaldado por actores de peso en el tema, la estrategia se encuentra al borde del abismo. Tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) como la Sociedad Argentina de Pediatría, pasando por la Procuración Penitenciaria y funcionarios del ámbito de la niñez de distintas provincias dijeron que no estaban de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad.
Martín Casares, subsecretario de Política Criminal, reconoció que los planes de Maurio Macri están en problemas. Tan es así que no están seguros de anunciar el proyecto en el discurso con el que el presidente inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso este miércoles 1° de marzo. Garavano, puntal de la reforma, le desaconsejó al presidente dar marcha atrás.
El marco de la reforma -dicen los especialistas- no puede ignorar la Convención de los Derechos del Niño, que indica que la restricción de libertad para un niño o adolescente debe ser siempre el último recurso del Estado ante una situación de conflicto. La Convención dice, además, que se debe respetar el principio de “progresividad y no regresividad” según el cual ninguna reforma debería empeorar la situación vigente para los niños.
Lo cierto es que desde el gobierno no se analiza el tema como un asunto que concierne a las políticas de niñez y adolescencia -aunque el organismo nacional encargado de construir políticas públicas en materia penal juvenil dependa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia- e intenta llevar la discusión al campo de las políticas de seguridad.
Según un artículo de Irina Hauser para Página/12, todos los actores que intervinieron en el debate público hasta ahora -a excepción de los dos votos a favor- advirtieron que no se conocen los fundamentos del “por qué” y “para qué” de la reforma.
Si bien el gobierno quiere presentar la medida como destinada a combatir la inseguridad, entre los especialistas saben que las estadísticas no ayudan a sostener ese argumento. Un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad estableció que sobre 175 homicidios registrados en 2015, sólo un caso fue cometido por un menor de 16 años. Y en 10 casos los autores fueron jóvenes de entre 16 y 18 años lo que representa un 3,8% del total. En la provincia de Buenos Aires la situación no es muy distinta. La Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la provincia informó que durante el 2015 se iniciaron 26.798 causas contra menores de 18 años de las cuales 126 son por homicidio, es decir el 0,5% del total.
Unicef, por su parte, informó que en el país ya hay 412 jóvenes de 14 y 15 años privados de libertad aún sin reforma. Siguiendo la estadística de la Procuración, de esos jóvenes sólo dos habrían estado involucrados en un caso de asesinato.
Todos los actores involucrados en el debate coinciden que la Ley Penal Juvenil debe ser reformada porque su espíritu fue forjado durante la última dictadura cívico-militar y construye la idea de que el Estado debe “tutelar” a los niños y no, como marcan las normativas internacionales, intervenir sobre su responsabilidad frente a la comisión de un delito.
La postura del gobierno nacional fue sostenida en el debate por Diana Cohen Agresto, cuyo hijo fue asesinado en un robo en el año 2011 -por un joven mayor de edad- y por un representante de una organización no gubernamental.
Después del debate, el subsecretario de Política Criminal fue consultado por la prensa y reconoció que la posición del gobierno había sido derrotada. Sin embargo, un día después, el mismo Casares apareció en varios medios avisando que el gobierno no desistía de la reforma. Un funcionario del gobierno reconoció que estaban desorientados. Y dijo: “Lo que sucede es que el ministro y la mesa chica de Macri creen que la sociedad quiere gente presa”.

Fuente: Notas

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