LEY DE COMUNICACIONES: SE CREÓ LA COMISIÓN DE LA DISCORDIA

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Por Agustín Bontempo
El miércoles se conoció la conformación de la comisión que redactará el anteproyecto de Ley de Comunicaciones. Analizamos, a partir de su composición, dificultades, proyecciones y desafíos para el mapa comunicacional.
No es ninguna revelación si repasamos y destacamos que los últimos años de gobierno kirchnerista estuvieron atravesados por una fuerte disputa en y de los medios de comunicación, especialmente los masivos. Al menos discursivamente, la pelea era entre libertad de expresión y apertura de voces frente a la libertad de empresa y la censura.
Con un gran compromiso asumido por Mauricio Macri para encarar las elecciones, comenzar un proceso de reorganización, también en este ámbito, era una responsabilidad que la nueva gestión debía cumplir con varios sectores empresariales, especialmente de medios y específicamente del Grupo Clarín.
Así fue que se tomaron medidas resonantes como la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y, más importante aún, el Ministerio de Comunicaciones; dos medidas que disolvieron la autarquía del AFSCA y AFTIC, responsables de la promoción y el funcionamiento de la llamada Ley de Medios, si bien algo limitada y con bajo nivel de aplicación, pero destacada por su alto nivel de discusión y participación democrática, como ya lo advertíamos en otro artículo.
En este contexto, se presentó la comisión que redactará el anteproyecto de ley de comunicaciones, que unificará las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones.

Necesidades del siglo XXI
Desde el largo debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 –Ley de medios–, que logró sancionarse el 10 de octubre de 2009, es que la discusión acerca de la regulación de todo los actores de medios tuvo un intenso pero no tan fructífero resultado.
La poca regulación sobre diversos soportes digitales como internet, TV digital, el famoso triple play (telefonía, internet y televisión), así como, especialmente, los actores involucrados en él (cabe destacar la acertada decisión de no permitir la participación de las telefonías en el marco de una ley audiovsiual), la conformación de monopolios y la aparición de testaferros. Todos estos son temas que la Ley de Medios de la Democracia no terminaba de resolver pero que, como ya hemos señalado en otras oportunidades, esa norma seguía siendo buena, mejorable y, sobre todo, abría la posibilidad de hacerla cumplir de la mejor manera.
No cabe duda, al menos para este periodista, que aquellas decisiones fueron fruto de ciertos acuerdos e intereses de clase, más allá de la apertura de voces. Por eso no es sorprendente que una de las resistencias más contundentes haya salido de un medio alternativo, cuando la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social FM En Tránsito logró imponer un freno a través de un fallo en defensa de la Ley.
Desde esta actualidad, se pueden abrir algunas reflexiones. Por la positiva, que resulta necesario un marco normativo que permita trabajar con todos los actores de todos los soportes que hacen no ya al sistema de medios en particular, sino de la comunicación en general. Los programas de radios y televisión por internet, sus pautas publicitarias, los portales de noticias, son ejemplo de esto. Tampoco habría que descuidar la circulación de periódicos, ya que una ley no puede ser de medios o de comunicación completamente sin este soporte fundamental para la constitución de la opinión pública (y publicada), aunque nuevamente quedará afuera del marco regulatorio. También se hace necesario mejorar los órganos de financiamiento, de control y aplicación.
Si se recuperan los 40 años de debate y aportes a la Ley 26.522 y se discuten, democráticamente y con plena participación de especialistas y la ciudadanía, una ley de comunicaciones podría ser auspiciosa.
El problema no radica en la idea, sino en la forma y el fondo. Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, afirmó que se busca “generar una ley que promueva la diversidad y la competencia entre los prestadores de servicios de comunicación audiovisual”. Competencia que, como sabemos, no suele darse en igualdad de condiciones. En este sentido, no contemplar los debates mencionados y promover un texto normativo al servicio de quienes tanto hicieron para frenar la aplicación de la Ley de Medios podría ser un retroceso devastador.

¿Quiénes integran la comisión?
Una de las principales razones para preocuparnos por el objetivo de la futura de Ley de Comunicaciones tiene que ver con quiénes integrarán la comisión que redactará el anteproyecto que luego se elevará al Congreso de la Nación.
La comisión será encabezada por Silvana Giudici, de origen en la UCR y que desde hace varios años integra el Pro. Legisladora porteña electa, asumió en el directorio de ENACOM a principios de febrero tras renunciar a su banca y en remplazo del interino Agustín Garzón. Sin trayectoria reconocida con relación a temas de medios y comunicación, cuenta con el antecedente de oponerse a la Ley sancionada en 2009.
También integra la comisión el filósofo Santiago Kovadloff, que para la opinión pública no es tan conocido por su desempeño académico, sino por ser columnista del diario La Nación y un asiduo invitado de diversos programas del canal Todo Noticias (TN).
Otro miembro es el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien se presenta como especialista en derecho a la comunicación pero, sin embargo, sus artículos datan desde su oposición a la ley 26.522. Previo a la misma, se puede recordar su férrea defensa de algunas cadenas de bares a favor del consumo de tabaco en lugares cerrados.
Hector Huici, ex legislador del Pro y hombre muy cercano a Mauricio Macri, también es parte del “equipo”. A pesar de no haber registros sobre su participación en la los debates y la creación de la Ley de Medios, anuncian que ocupa este privilegiado lugar por su experiencia en la materia.
Alejandro Pereyra, otro de los integrantes, tiene un largo recorrido. Integró el COMFER durante la alianza y en representación del FAP fue candidateado al directorio del AFSCA, aunque su designación fue impugnada por diversas organizaciones. Actualmente ocupa un cargo directivo en el ENACOM.
Cierra el equipo la persona con más recorrido en esta materia: Henoch Aguiar. Quienes estudiamos y nos especializamos en el ámbito de la comunicación lo conocemos muy bien y sabemos lo complejo y ambiguo que es interpretarlo. Con un vasto prontuario académico, tiene como antecedente político haber sido Secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Discursivamente, siempre expresó reclamos no muy distantes a los que se presentan aquí, pero en los hechos actuó considerablemente a favor de ese combo integrado por la libertad de expresión, competencia y posibilidades que siempre beneficia a unos pocos. Con la excusa de que la Ley de Medios era buena pero no, descuidó poner el acento en los años de discusiones y los avances normativos en comparación con la Ley de la dictadura y los decretos que se sucedieron desde aquel entonces hasta, al menos, 2007.
Aunque el ministro Aguad afirmó que esta comisión se crea “para la redacción de un marco regulatorio moderno que contemple las nuevas tecnologías de la información, TIC’s, internet, redes de telecomunicaciones y los medios audiovisuales”, si nos basamos en el directorio que lo conforma y en los especialistas que serán consultados, como Diego Molana, ex ministro TIC del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y Carlos Winograd, especialista en defensa de la competencia, el futuro se presenta incierto y poco alentador.
Deberemos esperar el proyecto y seguir discutiendo, siempre desde este lado de la trinchera.

Fuente: Marcha

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