LAS EMPRESAS AUTOGESTIONADAS SE ABREN PASO EN LA JUSTICIA

Existen en el país unas 400 fábricas recuperadas que emplean a más de 25 mil trabajadores. Los representantes de los movimientos de empresas autogestionadas buscan la sanción de una ley de cooperativas de trabajo que se adecue al escenario que atraviesan. Cuál es la tendencia de la Justicia en materia de concursos y quiebras.

Las cooperativas buscan un nuevo marco normativo con identidad y pertenencia laboral en el esquema productivo nacional. La mayoría está cumpliendo los primeros diez años de autogestión, mientras surgen nuevas experiencias se dan incluso fuera de la crisis del 2001 por “malas conductas patronales” y sostener los puestos de trabajo.
“La inmensa mayoría de las recuperadas está cumpliendo los primeros diez años y demuestran que lo que se pensó como una salida de emergencia frente a la crisis, se convirtió en un modelo de gestión empresarial en manos de trabajadores que es absolutamente posible, viable y sustentable en el tiempo”, afirmó el titular de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) e integrante de la cooperativa del Hotel Bauen, Federico Tonarelli.
Conforme lo analiza Tonarelli, si se compara la respuesta que da el sistema de justicia en la actualidad con respecto a los casos que llegaban a sede judicial luego de 2001, “la situación es mas llevadera; cuando arrancamos los jueces que tenían los concursos que devenían directamente en las quiebras no permitían la posibilidad de que se formara la cooperativa de trabajo y que se continuara con la tarea de la empresa, hoy eso a partir de la reforma la Justicia tiene otra mirada y se tiende a pensar en esto como algo casi natural”.
En este sentido señala que este proceso “es parte del cambio que se va generando en el marco jurídico a partir de que uno se convierte en un actor social inocultable. Es un proceso que en un principio fue tomado de manera transitoria por la crisis, cuando se fue estableciendo como un proceso permanente de empresas en manos de trabajadores, la articulación legal y jurídica empieza a cambiar”.
Asimismo, y más allá de que el panorama sea mucho más auspicioso que en 2001 cuando fue el boom de las empresas recuperadas- el titular de FACTA advierte que “más allá de que venimos persiguiendo esta reforma desde hace 10 años, tenemos una batería de reclamos que exceden la reforma de la ley” y en este marco persiguen la sanción de una ley nacional de expropiación, una ley nacional de cooperativas de trabajo, la creación de la figura del trabajador autogestionado “dado que por ley nos obligan a estar dentro del régimen de autónomos monotributistas y la verdad no es una figura adecuada a esta situación”, sostiene.
Lo cierto es que en el marco judicial, Ornella Nociti abogada de FACTA explica que si bien en la modificación de 2011 a la ley de concursos y quiebras se cambiaron ciertos artículos que mejoran el marco de la recuperación de las empresas “sería necesaria una ley específica de de cooperativas de trabajo, dado que éstas no tienen la misma lógica o dinámica que una cooperativa común”. La abogada advierte que en este plano, existe una corriente que pide por una ley nacional de expropiación: “Si podemos soñar se puede pensar en la reforma constitucional donde se reforme el tema de la expropiación y se modifique el tema de la utilidad publica que es lo que generalmente traba las expropiaciones”. Sobre este punto, Nociti advierte que “muchos jueces dictan la inconstitucionalidad de una ley de expropiación porque no consideran que sea de utilidad pública salvaguardar la fuente laboral de las familias que se encuentran en la empresa. El tema es que el juez dicta la inconstitucionalidad de la utilidad pública cuando en realidad no está legislada y a veces el Poder Judicial avasalla las funciones del Poder Legislativo que declara de utilidad pública sujeta a expropiación una propiedad en materia de empresas recuperadas”.
Un modelo en pleno crecimiento
Según lo consideró el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, las empresas autogestionadas “son un modelo, un proyecto, una referencia de una economía que se ha resuelto, en todos los niveles de decisión política, que sigan existiendo como una muestra de que nosotros queremos crecer incluyendo y queremos incluir creciendo”.
Porsu parte, Franca Ventura, coordinadora del programa de Trabajo Autogestionado de la cartera laboral, detalló que la mayor cantidad de empresas, por sector son “la metalurgia, seguidas por las alimenticias, luego las textiles y de la construcción”, y en menor medida otros 27 rubros.
Si bien los emprendimientos están en todo el país, “el 60% se encuentran en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires, seguidas por Córdoba y Santa Fe”, agregó.
En relaciones a los productos y servicios que ofrecen, Ventura detalló que van “desde insumos para la industria hasta productos terminados, y un amplio potencial para la prestación de servicios  en virtud de las capacidades instaladas productivas de los establecimientos que lograron recuperar”.
Destacó además que “algunas empresas generan hasta 500 puestos de trabajo” y resaltó “la tarea que venimos haciendo para fortalecer la inserción de este conjunto de empresas en el mercado”.
La norma actual
En el marco actual, luego de la última reforma de 2011- entre otras cuestiones se establece que en caso de quiebra la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos, si las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso en formación, la soliciten al síndico o al juez.
También se establece que “en toda quiebra, aun las comprendidas en el artículo precedente, el síndico debe informar al juez dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha”.
En lo que refiere a la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo.
A tales fines “deberá presentar en el plazo de veinte (20) días, a partir del pedido formal, un proyecto de explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará, del que se dará traslado al síndico para que en plazo de cinco (5) días emita opinión al respecto. El término de la continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales”.
Se establece que el informe del síndico debe expedirse sobre la posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, salvo los mínimos necesarios para el giro de la explotación de la empresa o establecimiento.
También sobre la ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en marcha; la ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad; el plan de explotación acompañado de un presupuesto de recursos, debidamente fundado; los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse; en su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable su explotación; los colaboradores que necesitará para la administración de la explotación; explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.
En caso de disidencias o duda respecto de la continuación de la explotación por parte de los trabajadores, el juez, si lo estima necesario, puede convocar a una audiencia a los intervinientes en la articulación y al síndico, para que comparezcan a ella, con toda la prueba de que intenten valerse.
Por otra parte en otra modificación expresa que la autorización para continuar con la actividad de la empresa será dada por el juez en caso de que de su interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realización, se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse, en aquellos casos que lo estime viable económicamente o en resguardo de la conservación de la fuente laboral de los trabajadores de la empresa declarada en quiebra.
En su autorización el juez debe pronunciarse explícitamente por lo menos sobre el plan de la explotación, para lo cual podrá hacerse asesorar por expertos o entidades especializadas; el plazo por el que continuará la explotación; a estos fines se tomará en cuenta el ciclo y el tiempo necesario para la enajenación de la empresa; este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por resolución fundada; la cantidad y calificación profesional del personal que continuará afectado a la explotación; los bienes que pueden emplearse; la designación o no de uno o más coadministradores; y la autorización al síndico para contratar colaboradores de la administración.
En otra de las modificaciones expresa que “en toda quiebra que se haya dispuesto la continuidad de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos por parte de las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativas, incluso en formación, el Estado deberá brindarle la asistencia técnica necesaria para seguir adelante con el giro de los negocios”.
Sabrina Santopinto
Directora PuntoJus.com

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