LA UCEP VOLVIÓ A LAS CALLES DE BUENOS AIRES

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El regreso de la «patota macrista» a la Ciudad de Buenos Aires se pudo corroborar por diversas denuncias de violencia a personas en situación de calle. Las victimas hablan de amenazas de muerte y tentativa de secuestro de menores.
La actual gestión de GCBA ha encomendado a los equipos operativos de la Subsecretaria de Higiene Urbana, a cargo del funcionario Pablo Di Liscia, el rol otrora asumido por la polémica y denunciada Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) de Mauricio Macri: hostigar a la gente en situación de calle para que abandonen la vía pública como sea necesario. La subsecretaria depende de la cartera del actual Ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Machiavelli.
Para ello, el organismo cuenta con los informes y censos anuales elaborados por los equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat), técnicamente elaborados para asistir a la población en situación de calle, teniendo así acceso a detallada información respecto a la localización y conformación de todas las “ranchadas” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El regreso de la UCEP
La Red de Organizaciones de Constitución, conformada por diversas instituciones tales como el CeSAC N°10 y el Comedor “Madres de Constitución”, ha recabado en las últimas semanas los testimonios de más de una decena de casos en dicho barrio. En todos ellos se evidencia la misma modalidad de acción: camionetas correspondientes a Espacio Público se acercan a las ranchadas por la noche, destruyendo sus pertenencias, instándolos a retirarse de allí vía amenazas e inclusive violencia física.
Estas recorridas nocturnas suelen ser acompañadas por miembros de la Policía Federal o Metropolitana, y en algunas ocasiones por equipos del BAP. Un dato no menor, es que en el último tiempo se han incrementado las apariciones sin presencia del BAP, lo cual las organizaciones que trabajan con la población arguyen a la posibilidad de ejercer mayor violencia por parte de los restantes efectores.
Una de las conductas que más inquieta a las familias es la recurrente acción de fotografiar a los niños/as, ya que la asocian a la amenaza inminente de ser separados de sus hijos. Una amenaza que es una realidad: la noche del 1 de Marzo, un grupo familiar residente en la zona del Retiro y del microcentro fue abordado también por personal identificado con el uniforme de Espacio Público, que de forma sumamente agresiva intentó quitarle a su hijo de 4 meses para llevárselo en una camioneta de dicha institución. La denuncia no llegó a ser elevada ya que luego de este episodio decidieron abandonar el barrio, según señalaron los vecinos.

El riesgo y la necesidad de denunciar
El jueves 18 de Febrero por la mañana, personal de la Policía Metropolitana y Espacio Público irrumpían a bordo de una camioneta en las intersecciones de Cochabamba y Entre Ríos, donde vive Natalia junto a su pareja y dos hijos, a fin de forzarlos a dejar el lugar. Mientras el efectivo de la policía le arrebataba la silla de ruedas al menor de ellos -quien padece de epilepsia- rompiéndosela en un intento por meterla en la camioneta, el personal de Espacio Público procedía a “limpiar” la vereda en la cual se hallaban sus pertenencias personales. La familia, que reclamaba su derecho a permanecer en el lugar, fue víctima de agresiones tanto verbales como físicas.
Si bien en esta oportunidad la denuncia fue formalmente presentada ante la Unidad Fiscal Sudeste, son pocas las ocasiones en las que se logra alcanzar dicha instancia, debido a varios factores. Al temor a represalias se le suma la dificultad por encontrar una alternativa a la calle, principalmente por la ausencia de políticas públicas reales por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para afrontar esta problemática.
Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, señala que la situación se repite en varios barrios de la Ciudad: Palermo, Congreso, Retiro, Once, Constitución y Liniers son los que más episodios presentaron. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, gente en situación de calle de diversas ranchadas de la ciudad porteña manifestaron sus temores y escepticismo a denunciar. «Una vez me desperté y un tipo me estaba manoseando. Fui a hacer la denuncia a la Comisaría y me terminaron llevando en cana a mí. Me pusieron contra una pared y me esposaron. ¿Denunciar aprietes (de la Policía o Espacio Público) en la calle? Yo no piso una Comisaría nunca más», manifestó una señora que fue víctima del EP y habita en el centro de la ciudad. Su compañero de ranchada afirmaba que hace tres noches se acercó un efectivo de la Metropolitana a advertirle que en breve recibiría un tiro en la cabeza si continuaba negándose a dejar el lugar.

Buenos Aires Ausente
En el 2011, el ex Jefe de Gobierno y actual Presidente Mauricio Macri vetaba el Artículo N°5 de la Ley N° 3706 de “Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”, en cuyo texto establecía que “El derecho a la Ciudad es definido como una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales”, evidenciando así su postura en relación a la población en situación de calle, quienes no son considerados ciudadanos.
No es de extrañarse entonces el estado actual de las políticas públicas que debieran apostar a restituir sus derechos y revertir dicha situación. Basta darse una vuelta por Parador Retiro o Parador Costanera sur, para encontrarse con trabajadores precarizados, instituciones desfinanciadas y sin recursos, cuyo reducido personal apenas alcanza a responder las necesidades básicas inmediatas de quienes asisten. Personal del propio BAP señala, por ejemplo, que de los supuestos “más de 40 móviles que recorren la ciudad” según el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, hay únicamente 5 camionetas en funcionamiento en la actualidad. Denuncian también el poco profesionalismo del Censo Anual llevado adelante por el programa, que no da cuenta del número real de gente en situación de calle, y no es empleado para repensar y mejorar las políticas públicas involucradas, sino únicamente para control social.

Estado de alerta y movilización
Proyecto 7 y varias organizaciones que trabajan con esta población se declararon en estado de alerta y movilización, afirmando que elevarán un Habeas Corpus Colectivo como medida para reclamar al Estado una respuesta ante esta situación y por la aplicación real de la Ley N° 3706, entendiendo que la calle no es un lugar para vivir, y mucho menos para morir.

Fuente: Agencia Paco Urondo

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