LA TOMA SE LLENA DE PUEBLO EN CONTRA DE CUALQUIER INTENTO DE DESALOJO

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Por Mario Hernandez
Invitado por la cooperativa de trabajadores, que desde hace 15 años puso el establecimiento al servicio de los sectores populares, el Juez Quaglia, magistrado que tiene a su cargo la causa de la quiebra del ex Supermercado Tigre hizo un relevamiento del lugar.
El juez Marcelo Quaglia, titular del juzgado Civil y Comercial Nº 14, realizó el jueves una inspección en el Centro Cultural La Toma, ubicado en Tucumán 1349, para corroborar “la utilidad y función social” que la cooperativa que allí funciona le da al inmueble del ex híper Tigre, donde sus miembros trabajaron hasta su cierre.
La recorrida respondió a una invitación lanzada en el marco de la resistencia a una “nueva amenaza de desalojo”, cuya sentencia está en manos del magistrado, y está “firme” desde hace tres años, pese a que con anterioridad la expropiación del edificio fue aprobada por Ley provincial por partida doble en 2004 y 2009. Antes de que se concretara la medida judicial, los representantes de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha, habían presentado un escrito ante el letrado, donde reseñaron la historia que desde hace 15 años brinda espacio a múltiples organizaciones sociales.
“Mientras algunos vivos especularon con la evolución de la quiebra, queríamos que el juez venga a hacer un inventario social. Además, dos leyes avalan el proyecto de los trabajadores”, dijo Carlos Ghioldi, uno de los referentes de La Toma.
El dirigente resaltó que el lugar tiene estatus de utilidad pública: “Además de preservar el trabajo, pensamos en los compañeros de otros sectores populares, regeneramos la solidaridad de los trabajadores, y así se creó el Comedor universitario, la galería de arte de Humanidades, la Asociación Argentina de Actores, los talleres de microemprendimientos de la Municipalidad, la Mesa de Jubilados y, finalmente, el Mercado Popular”.
“El lugar nunca fue la recuperación de una empresa –distinguió Ghioldi. Siempre fue un establecimiento puesto a funcionar en manos obreras, es decir, con un criterio distinto, no con la voracidad de lucro y la búsqueda de rentabilidad que caracteriza a los empresarios, sino anteponiendo la solidaridad, valores que tienen que ver con lo colectivo, con el compartir y ayudarnos entre sectores populares. Lo que vino a hacer el juez, es constatar cómo a lo largo de estos 15 años, 30 organizaciones populares, instituciones como la Universidad o la Economía Social de la Municipalidad, han desarrollado y construido un espacio de producción, de solidaridad, de divulgación de ideas, de divulgación de cultura, mientras otros creen que es un lugar que sólo sirve para especular”.
Al magistrado lo estaban esperando miembros de la Cooperativa y de la sindicatura. No participaron de la inspección los representantes del fondo Seguros de Depósito SA (Sedesa), a quienes les fue cedido el crédito garantizado con la hipoteca del Banco Finansur -el acreedor original-, que pretenden llevar el inmueble a remate.
Acompañado por su secretaria, el juez Quaglia mantuvo primero una reunión con los representantes de la Cooperativa y de la sindicatura para explicarles cómo iba a realizar la inspección. Luego, todos salieron a recorrer el primer piso de La Toma. Primero fueron a conocer la sede rosarina de la Red Experimenta, un espacio para potenciar el crecimiento de proyectos basados en un modelo colaborativo.
Después fue el turno del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), una ONG compuesta por un equipo interdisciplinario especializado en la defensa y promoción de los derechos humanos de mujeres y niñas, donde le explicaron al juez las tareas que desempeñan y además le obsequiaron algunos libros. También se cruzó con Pablo Juncos, secretario General de la CTA de los Trabajadores, que tiene allí su sede y donde desarrollan tareas de capacitación. Seguidamente recorrieron el Comedor Universitario, y un integrante del Movimiento de Acción Solidaria, que entregan raciones de comida a chicos de la calle, le contó la experiencia.
El abogado de la Cooperativa, Juan Lewis, dijo que cualquiera sea la resolución que se tome “tiene que contemplar necesariamente la utilidad pública que acá se está desplegando”. El ex ministro de Justicia dijo que la visita del juez genera expectativas: “Vemos con muy buenos ojos que judicialmente se haga lugar a una medida de este tipo, porque implica la posibilidad de contemplar algo que está más allá de la mera ponderación económica de todo el problema”.
Previamente, una asamblea en defensa de La Toma realizada a mediados de marzo, ante la citación del Juzgado dirigida a los “ocupantes del inmueble” recibida el 4 de febrero, se pronunció por: “1- Defender hasta las últimas consecuencias la permanencia de la utilización social y solidaria del establecimiento puesto en funcionamiento por sus trabajadores.
2- Convocar a la “utilización militante” del mismo por parte de todas las organizaciones e instituciones, sociales, populares y comunitarias.
3- Realizar un acto público en defensa de La Toma el 22 de marzo a las 18:00 para reafirmar esta voluntad de lucha.
4- Apoyar la propuesta de invitación para que el Juez que tramita la quiebra del viejo supermercado conozca el accionar productivo solidario.
5- Expresar el acompañamiento a las medidas de lucha de los trabajadores en función de lograr que se deponga la actitud hostil que desde sectores del poder judicial se han expresado hacia esta experiencia y que se encuentre una solución política que permita la continuidad de las actividades laborales, sociales, y culturales que se desarrollan en el establecimiento en manos obreras.
6- Constituir una Comisión Permanente en Defensa de La Toma, para acompañar esta larga lucha que llevan adelante los trabajadores. Además, esta Comisión acompañará las gestiones legislativas y políticas que lleven adelante los propios trabajadores en lucha”.
El pronunciamiento fue suscripto por un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas.

Fuente: Notas

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