LA TOMA DE LA BASTILLA EN TIEMPOS DEL PRO

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Lo que quedó tras las protestas de los vecinos en Flores: autogobierno, internas policiales, “fascismo societal” y los zigzagueantes reflejos punitivos del gobierno.
Por Ricardo Ragendorfer
Las escenas televisadas del ataque a la comisaría 38ª por una turba de vecinos del barrio de Flores -debido al asesinato del adolescente Brian Aguinaco en medio de un arrebato callejero- parecían plagiadas de la película La jauría humana (Arthur Penn, 1966), donde también una turba enardecida de vecinos -en este caso, de un poblado de Texas- ataca la oficina del sheriff para linchar a un hombre. Daba la impresión de que ese mismo propósito prevalecía entre los sitiadores de la sede policial porteña, aún sabiendo que en sus calabozos no hallarían ninguna prenda de sacrificio. Un rito, entonces, digno de ser puesto bajo la lupa de la entomología. Pero como fenómeno de la actualidad, un rito atravesado por los zigzagueantes reflejos punitivos del PRO, el autogobierno policial y el gran apego de la “parte sana” de la población por la práctica de un renovado deporte: la “justicia por mano propia”.

Tirando canas al aire
Brian, de apenas 14 años, agonizó por 48 horas, hasta el anochecer del último lunes del año. Y al difundirse la noticia de su muerte, se desató el vandálico show vecinal transmitido en vivo hasta la madrugada siguiente a todo el país. El reclamo de sus hacedores hacia los uniformados de la seccional situada en la calle Esteban Bonorino al 200 era algo confuso. Por un lado, los acusaban de proteger narcos, proxenetas y talleres clandestinos, también, por “liberar la zona” y de no ser ajenos a los robos en su jurisdicción; pero, a la vez, exigían de esos mismos policías una mayor presencia en la vía pública y “mano dura” con el verdadero enemigo: los moradores de la villa 1-11-14, del Bajo Flores.
En este punto, bien vale evocar un episodio, en apariencia, similar, ocurrido en la ya remota noche del 10 de agosto de 2002: el incendio de la comisaría de El Jagüel -una ciudadela del partido de Esteban Echeverría- en manos de sus habitantes, a raíz del crimen de Diego Peralta, de 17 años, secuestrado por una banda mixta, cuya pata policial tenía base justamente en esa peligrosa cueva de La Bonaerense. Una cueva abocada a todo tipo de arbitrariedades y delitos. De modo que en tal ocasión, el reclamo -también transmitido en vivo por TV- no era por “mano dura” contra otros sectores de la sociedad civil. Y esa fue su notable diferencia con el reciente “rechifle” Flores.
Más bien, dicho episodio remite -en cuanto a su espíritu- a otra hecatombe debidamente televisada: la muerte del camionero Daniel Capristo, malogrado con nueve tiros en una esquina de Sarandí por un pibe de 15 años, al pretender evitar con un revólver calibre 38 el robo del Fiat Palio de su hijo. Lo cierto es que el azar llevó aquella tragedia a una situación sin precedentes en materia de bestialismo ciudadano. Corría el 9 de abril de 2009.
Poco beneplácito habría causado entre los vecinos y familiares del difunto que el fiscal Enrique Lázzari, al llegar al lugar del hecho, dijera del matador: “Es menor, y no se puede hacer mucho”. Aquellos ocho vocablos bastaron para desatar un vendaval de golpes sobre él. También fue apaleado en el suelo y hasta recibió un ladrillazo en la espalda, después de que la horda ciudadana lo persiguiera a lo largo de dos cuadras. Ante esa circunstancia, el cronista de TN exclamó: “¡Fíjense en la indignación de la gente! ¡La bronca de los vecinos es clara y genuina!”.
Al otro día, cuatro mil vecinos convergieron en la plaza de Valentín Alsina para reclamar medidas urgentes contra la inseguridad. Y ante todo micrófono que se les puso a tiro, expresaron sus ideas al respecto. Una prima de Capristo, dijo: “La pena de muerte es un regalo; a los delincuentes habría que mutilarlos antes”. Un tipo que se identificó como Diego Díaz, sostuvo: “Hay que colgar a los chorros en postes de luz, y los medios deben mostrar cómo se desangran”. Otro sujeto portaba un cartel con una propuesta: “Control de la natalidad”. Es de suponer que muchos de los presentes habían participado la noche anterior en la agresión al fiscal. Lucían inmutables, como si la responsabilidad penal no los alcanzara.
Una “visión del mundo” similar flotaba entre la humareda y los piedrazos del tumulto de Flores. Acaso una suerte de Doctrina de la Seguridad Vecinal. Un credo cuyo corpus doctrinario se basa en dos sencillos pilares discursivos: “Hay un Estado ausente” y “La gente está cansada”. Tal vez para acuñar un imaginario así fue necesaria una tarea previa: la construcción del miedo, cosa que también incluye el diseño de un enemigo social (como los pibes chorros).
En suma, algo afín a lo que el sociólogo Boaventura de Souza Santos bautizó “fascismo societal”. Un fenómeno ideológico que -en contraposición a los procesos de extrema derecha en la Europa de la primera mitad del siglo XX- no es cincelado por la política ni el Estado sino que surge en las entrañas del cuerpo social. Una oleada técnicamente pluralista, sin jefes, pero provista de objetivos disciplinantes y “civilizatorios”.
Ahora, la brutal materialización de sus banderas estaba a punto de convertir la comisaría 38ª en un polvorín.

Unidos y organizados
El ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, siguió los acontecimientos por TV desde su despacho de la avenida Patricios al 1100, acompañado por sus colaboradores. Desde la pantalla, los vecinos -con el patio de la seccional ya tomada- exigían a los gritos su presencia en el lugar de los hechos.
Y él eligió la cámara de TN para responder:
-No es el mejor momento para entrar en una situación de diálogo.
Sabía de lo que hablaba: ese lunes había sido para él una jornada de luces y sombras; ahora, claro, transitaba entre las sombras; una bruma que no pudo ser más inoportuna: justo ese día había nombrado al jefe de la flamante Policía de la Ciudad. Se trataba del comisario inspector José Potocar.
“Un tipo de legajo intachable”, soplaban los funcionarios de Ocampo al oído de todo cronista que tuvieran a mano, como ofrendando una verdad revelada, tras la presentación en sociedad de aquel hombre delgado, con cabello corto y flequillo. Era nada menos que el poderoso titular -hasta la tarde anterior- de la Dirección Comisarías de la Federal. Pocos sabían que acababa de renunciar a su condición policial -por recomendación del área legal del Gobierno porteño- para asumir sus funciones como “civil”, tal como lo exige la ley. Desde ahora, estará a cargo de la unificación institucional de 19 mil efectivos de la Federal absorbidos por el Ejecutivo porteño con los siete mil de la Metropolitana. Sin duda la ilusión más temeraria del macrismo en materia de seguridad.
Tanto es así que tamaña iniciativa ya causó entre los federales una vidriosa interna en casi todos sus niveles y jerarquías.
Prueba de eso fue que, en los primeros días de octubre, 600 nuevos agentes abuchearon en la entrega anual de diplomas a la plana mayor de la fuerza. El motivo: la resistencia de esa tropa -integrada por muchos jóvenes venidos del interior- al impedimento de regresar como policías a sus ciudades de origen por quedar atados a la mazorca capitalina.
Lo cierto es que la creación de tan publicitada Policía de la Ciudad se torna casi como un salto al vacío. Y por factores tan complejos como peligrosos.
Ya en el plano administrativo el asunto no es fácil. Los federales no ahorran preocupaciones por el futuro de su caja de jubilaciones. También temen por el destino de su obra social (los federales tienen el Hospital Churruca; los de la Metropolitana, OSDE). Asimismo los desvela de sobremanera el asunto de las horas extras (la Metropolitana las tiene prohibidas). A la vez, están atentos con el tema salarial (los de la Metropolitana cuentan con haberes más elevados). Y ni hablar de las nauseas que les provocan los chalecos turquesa de los nuevos uniformes, tan parecidos a la indumentaria de la empresa OCA.
Otro campo conflictivo tiene que ver con los negocios clandestinos. ¿De qué modo la corporación de los federales articulará sus actividades recaudatorias en el marco de la nueva fuerza? ¿Acaso tendrá a bien compartir los beneficios con sus nuevos camaradas? ¿Acaso resignará sus fuentes espurias de ingresos? Si algo enseña la historia es que las respuestas a tales interrogantes usualmente se escriben con sangre.
En el aspecto operacional, la cuestión es también incierta y con perspectivas estremecedoras. Dado que el lanzamiento de la Policía de la Ciudad está fijado en los primeros días del año que viene, es de suponer que, sobre la marcha -y en base al inefable método macrista de ensayo y error-, serán ejecutadas sus etapas organizativas. En otras palabras, la seguridad de los porteños ya está subordinada a la incierta osadía de tal experimento.
Los primeros signos de esa crisis ya están a la vista.
-No es el mejor momento para entrar en una situación de diálogo -insistía en la noche del lunes el ministro Ocampo por televisión.
Los vecinos de Flores proseguían su embestida contra la comisaría.
Recién en la mañana del martes recibió en el Ministerio a una delegación del barrio. Y acordó con ellos una solución superadora, bien al estilo del Estado penal: desplegar operativos de “saturación policial”, controles de tránsito -en especial, para motocicletas con dos ocupantes- y controles poblacionales, tal como los “especialistas” llaman las aparatosas razzias en barriadas pobres. El compromiso fue firmado por ambas partes en un papel sin ningún membrete institucional. Es probable que, recién entonces, Ocampo haya exhalado una bocanada de alivio.
En ese mismo momento, un patrullero de la Federal avanzaba a los tiros por una calle de Mataderos para así neutralizar una camioneta utilitaria que huía con tres presuntos malvivientes a bordo. Ellos también disparaban. La única baja fatal de la refriega: el mecánico Jonathan Echimborde, quien reparaba un vehículo en la puerta de su casa.
Los sueños de la seguridad crean monstruos.

Fuente: Revista Zoom

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