LA «EMERGENCIA EN SEGURIDAD»: SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA Y VIOLENCIA POLICIAL

Por Fernando Cocimano

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial por el Frente Para la Victoria, Daniel Scioli, encabezó el acto de egreso de 10.000 cadetes de la Escuela Vucetich que se suman a la policía bonaerense. Los mismos realizaran a partir de diciembre tareas preventivas en el conurbano bonaerense: en los “Comandos de prevención comunitaria” (CPC), en los “Comandos de prevención rural”, comisarías y en el operativo sol.

Se trató, según palabras del mismo Scioli, de un “acto histórico”, ya que constituyó la promoción de efectivos más grande de la historia de la fuerza policial.

El gobernador estuvo acompañado por el Ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados; el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y una serie de intendentes de distinto color político.

En un pasaje de su discurso, Scioli hizo mención a los supuestos “avances” que supuso la declaración de la “emergencia en seguridad” decretada el 5 de abril de este año, al tiempo que señaló que nunca prometió fórmulas mágicas para el “combate contra el delito”.
Este acto, junto con las palabras proferidas por Scioli, nos dicen mucho sobre qué entiende por seguridad la gestión bonaerense.
Las palabras, como sabemos, no son inocentes. Distintas teorías críticas han puesto el acento en los efectos materiales del discurso, en su cualidad para inscribir efectos contundentes en los cuerpos.
El “sciolismo” (si es que tal cosa existe) ha hecho de la cuestión de la inseguridad su bandera, su “lucha”. Más precisamente: una guerra. La “guerra contra el delito” que Scioli en repetidas oportunidades recuerda como su compromiso fundamental no da lugar a matices: se trata de una lucha a muerte, cuyos indicadores de éxito son medidos en términos de delincuentes abatidos.
En este lenguaje violento, plagado de connotaciones bélicas, aquel que cometió un delito es alguien a abatir, a reducir. De allí que la seguridad sea identifique con la saturación del espacio público por fuerzas policiales.

Los resultados de la “emergencia en seguridad”
El carácter regresivo de las políticas de seguridad que la provincia ha implementado en los últimos años no solo ha sido un fracaso, sino que ha arrojado como efecto practicas violatorias de los más elementales derechos humanos.
La “emergencia en seguridad”, que establece como política central la “policialización” del espacio público, ha significado un incremento de la violencia policial. Según un informe del CELS, la letalidad de la bonaerense se ha duplicado. En el año 2005 había una muerte cada quince enfrentamientos, hoy son dos cada diez.
La intensificación de las medidas de corte punitivo desplegadas por la provincia no solo no han reducido el delito, sino que han obturado cualquier perspectiva de democratización de la fuerza policial. Reforzando, de ese modo, la estructura profundamente corrupta de la policía bonaerense, atravesada por los más variados vicios antidemocráticos.
Al mismo tiempo, se ha incrementado el número de detenidos generando, entre otras cosas, el colapso del Sistema Penitenciario Bonaerense.
En efecto, según el informe citado, la cantidad de personas detenidas aumentó entre enero y junio de este año lo mismo que en todo 2013. Si esa tendencia continúa, a fines de 2014 habrá un 30% más de detenidos que el año pasado.
Hoy en día en la provincia de Buenos Aires hay 33.229 personas privadas de la libertad, la mayor cantidad en su historia. A lo que se suma una tasa de encarcelamiento de 201 cada 100 mil habitantes.
Donde el 60% de las personas están detenidas de forma preventiva, sin condena judicial, y cuyas condiciones de alojamiento son francamente denigratorias. La atención médica, así como una alimentación adecuada, brillan por su ausencia.
Por el contrario, lo que se encuentra a la orden del día son torturas y todo tipo de vejaciones, siendo la violación a los derechos humanos una práctica sistemática.
Frente a esta situación de sobrepoblación carcelaria, la respuesta de la provincia ha sido consecuente con su perspectiva: arrojar a los detenidos a los calabozos de las comisarias.
Esta práctica fue prohibida por la Corte Suprema de la Nación en 2005, ya que pone en peligro la vida y la integridad física de los detenidos, y ante todo, viola pactos internaciones con rango constitucional. Cuestiones éstas, la del respeto por los derechos humanos y las leyes, parecen ser veleidades que el sciolismo, en su “guerra contra el delito”, no está dispuesto a oír.

Fuente: Notas

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