LA PRESIDENTA PIDIÓ A LA JUSTICIA QUE GARANTICE EL ACCESO A LA TV GRATUITA

A través de Twitter, Cristina advirtió que en el mismo lugar donde estaban las antenas de ARSAT permanecen las de Cablevisión y radio Mitre autorizadas por el gobierno cordobés. La presidenta cuestionó ayer la decisión del gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, de clausurar cinco antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) en su provincia y exhortó a la justicia a intervenir para garantizar «la igualdad ante la ley» y «la protección de los derechos de usuarios y consumidores» para que puedan elegir entre TV paga o TV gratis.

 

 

 

 

La presidenta cuestionó ayer la decisión del gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, de clausurar cinco antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) en su provincia y exhortó a la justicia a intervenir para garantizar «la igualdad ante la ley» y «la protección de los derechos de usuarios y consumidores» para que puedan elegir entre TV paga o TV gratis. La mandataria se refirió además al doble estándar con el que se manejó la gobernación de Córdoba en la habilitación o clausura de las antenas de televisión. En uno de sus habituales comentarios a través de Twitter, denunció que en el cerro Mogote de los Congos, en la localidad de Malagüeño, Córdoba, coexisten en un espacio no muy grande las antenas de Canal 10 de Córdoba, de Radio Mitre, de Cablevisión y de ARSAT (que corresponde a distintos canales de TDA). De las cinco antenas, sólo una –la de ARSAT– fue clausurada por la administración delasotista. La cerraron con un argumento «ambiental», arguyendo que las emanaciones producían contaminación. Sin embargo, un estudio de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) demostró que las emisiones de las cinco antenas están dentro de los parámetros vigentes. El dato más fuerte del estudio, para colmo, revela que las antenas del sistema de TDA generan emanaciones cinco veces inferiores a las que produce la antena UHF de Cablevisión.
La mandataria se valió de este hecho, publicado ayer por el diario Página 12, para reclamar «igualdad de todos ante la ley». Y luego demandó que la justicia, que suele aplicar medidas cautelares para frenar algunas iniciativas del Ejecutivo (como la clausura de las antenas en Córdoba), sea igual de expeditiva para defender los derechos de los usuarios que quieren recibir una mayor oferta de canales de forma gratuita, sin pagar el abono de TV por cable. «¿No hay un juez en Argentina que asegure la igualdad de todos ante la ley? ¿No hay amparo judicial por la violación de la libertad de prensa?», se preguntó Cristina a través de las redes sociales.
Por la mañana, en su primer comentario en Twitter, la presidenta utilizó la ironía para criticar la clausura de las antenas de ARSAT. «Olivos. Lectura de diarios. Veo en Página 12 foto de varias antenas de transmisión. Dónde? Adivinen. Marte, Venus o Córdoba. Acertaron», twitteó para ir generando suspenso. Enseguida compartió otro posteo. «Córdoba. Ubicación Cerro Mogote, antenas Canal 10 (Universidad Nacional de Córdoba), TDA (Estado Nacional) and imagine… la antena de Cablevisión y Radio Mitre… a 70 mts! De la antena de TDA clausurada por pedido de la gobernación provincial por: MEDIDA CAUTELAR JUDICIAL», escribió con su estilo, en el que suele combinar palabras en castellano con expresiones en inglés.
El tercer twit del día lo dedicó entero a la justicia, a los jueces. «¿No hay protección para los derechos de los usuarios y consumidores de elegir entre TV paga, TV gratis o lo que quieran? ¿Qué está pasando con la justicia en nuestro país?», se preguntó. Los comentarios de la presidenta tuvieron un rápido impacto, tanto en las redes sociales como entre la dirigencia política, y dispararon una oleada de adhesiones y respuestas. Un grupo de diputados del FPV impulsó un proyecto de resolución en el que se denuncia que la clausura de las antenas de TDA en Córdoba no obedece a fundamento técnico alguno. Según el documento, que fue promovido por la cordobesa Mónica Gutiérrez, la clausura de las cinco antenas de ARSAT está basada en «excusas burocráticas» que apuntaban a «censurar a las más de 20 señales de TV públicas y privadas que se emiten a través del sistema gratuito». «Dejan a 500 mil cordobeses sin acceso a la información», denunciaron. Los diputados del FPV también enumeraron los antecedentes –como un convenio con la empresa de energía EPEC– que demostrarían que las antenas fueron instaladas tras una serie de consultas previas y no de manera unilateral. 
El gobernador, tras conocer los twits de la presidenta, insistió con que ARSAT no había pedido autorización y que tampoco había presentado los estudios ambientales. «A Córdoba llegó una banda (sic) de personas que instaló antenas por todos lados sin siquiera presentar un papelito solicitando autorización, sin ver el impacto ambiental que podría tener», aseguró. «Qué nos van a pedir autorización, si no reconocen a las provincias. Se creen que es tierra arrasada. Conmigo de prepo no, de prepo no. Por las buenas, cumpliendo la ley, todo. Pero de prepo y de patoteros, no», replicó De la Sota. Desde la Casa Rosada, finalmente, volvieron a contestarle: ARSAT ratificó que el 6 de diciembre le envió una nota al secretario de Ambiente de Córdoba, Luis Federico Bocco, en la que se dejaba constancia del cumplimiento de los estudios de impacto ambiental, económico y turístico para la instalación de las antenas.

Fuente: Tiempo Argentino

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