LA OPINIÓN DE LOS FISCALES: «SE HA SILENCIADO LA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LOS CIVILES»

Por Diego Kenis

Un día después de conocida la resolución del juez subrogante Santiago Martínez que denegaba sus pedidos de detención e indagatoria contra el director de La Nueva Provincia Vicente Massot y su secretario de redacción durante la dictadura Mario Gabrielli, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani brindaron una conferencia de prensa en su despacho de la Unidad de Derechos Humanos bahiense.

La investigación sobre la participación del diario y sus directivos en el plan criminal de la última dictadura llegó a los fiscales luego del fallo que en septiembre dictó el Tribunal Oral Federal que condenó a diecisiete represores del Ejército, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario y ordenó extraer testimonio de las publicaciones del matutino y remitirlas al juzgado federal en turno.

Tras recibirlas, el juez Martínez delegó en la Unidad Fiscal la facultad investigativa y “nosotros comenzamos a trabajar, como se comienza con cualquier investigación: recabando las pruebas y pensando la fórmula de imputación para un fenómeno criminal que claramente no ha sido comprendido por el juez actuante”, dijo Palazzani. La Unidad Fiscal que junto a su colega Nebbia dirigen tiene también a cargo las investigaciones sobre la actuación del ex capellán del Ejército Aldo Vara y el asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo, ultimado en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur en 1975 por un matón que respondía al rector interventor Remus Tetu, oscuro personaje vinculado a la Triple A.
Para el fiscal, la resolución de Martínez sobre el pedido de detención de Massot y Gabrielli “va en línea con la consagración de una impunidad y una manera de no abordar el fenómeno criminal en lo que hace a la pata civil (del Terrorismo de Estado) acá en Bahía Blanca. Ha costado muchísimo incluso juzgar a los militares, pero se ha silenciado la investigación en torno a los civiles”, dijo el fiscal, que junto a su colega Nebbia se puso a trabajar inmediatamente en la apelación a presentar ante la Cámara Federal.
“Es una resolución que no tiene fundamentos. En la jerga le decimos ‘dogmática’, pero básicamente es eso: una carencia de fundamentos absoluta, que justamente no aborda ni se hace cargo de todo el cúmulo de pruebas que le hemos puesto de manifiesto en la requisitoria. Teniendo en cuenta lo dicho por la Cámara Nacional de Casación Penal (ver aparte), los argumentos que utilizó el juez sólo pueden ser puestos de manifiesto por un abogado defensor. Nunca por un juez imparcial”, resumió Palazzani. “Martínez se arroga el papel de abogado defensor de Vara y de Massot y Gabrielli”, agregó.
Por su parte, Nebbia apuntó que durante la investigación sobre la actuación de La Nueva Provincia, “encontramos elementos de prueba contundentes. Hicimos una presentación en donde desarrollamos los argumentos y la prueba medularmente. Es una presentación de doscientas páginas, con mucha prueba. La decisión del juez no es una decisión razonada, sino que allí marca sus límites, sus miedos, y donde no trata inclusive prueba muy concreta e incriminante. Hay párrafos (de la presentación) donde se enumeran siete elementos de prueba y él dice que con eso no es suficiente para encontrar un indicio de que se pueda haber llegado a cometer un delito”.
“No estamos hablando de la libertad de expresión”, subrayó Palazzani al explicar la fórmula de imputación que elaboró la Unidad Fiscal. “Justamente la libertad de expresión es la que violó La Nueva Provincia brutalmente durante años, malinformando y no manejándose con la verdad. Entonces, no estamos hablando de libertad de expresión. Estamos hablando de un rol concreto en consonancia con reglamentos militares. Eso no es periodismo”, añadió.
Con su respuesta al pedido de los fiscales, el juez no dejó sorpresa por dar. “Es interesante que Martínez es la única persona que desliga inclusive a La Nueva Provincia, como medio, de la comisión del delito. Ni siquiera la propia Nueva Provincia se ha desligado de su rol en esa etapa”, indicó Nebbia.
Para los fiscales, “el error en el abordaje del fenómeno criminal” de Martínez implica “no percibir que los genocidios no surgen de manera espontánea sino que se preparan, se realiza la cobertura para que se puedan concretar materialmente y luego se justifican. Esta resolución se enmarca en esa manera de realizar simbólicamente el genocidio. Para nosotros, esa resolución es volver a matar a (los obreros gráficos Enrique) Heinrich y (Miguel Ángel) Loyola, porque es lo que está haciendo (el juez) cuando ni siquiera pone el apellido de Heinrich de manera adecuada”.

Fuente: Agencia Paco Urondo

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