LA METROPOLITANA MATA: EL GATILLO FÁCIL CONTRA EL JOVEN LUCAS CABELLO

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Con una inmediatez inusitada, la vicejefa de Gobierno porteño y gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, enfrentó a los medios repitiendo la versión que hizo circular la Policía Metropolitana (PM) en un caso de gatillo fácil que involucraba a un miembro de esta fuerza. La misma versión que desde temprano intentaron imponer en los medios hegemónicos.
Al día siguiente, por la trascendencia que tomó el tema, “la calladita”, como la describe en una excelente nota la periodista Luciana Peker, puso la cara y repitió lo que le dijeron que dijera, por más barbaridad que fuera. No era conveniente, claro, que Mauricio Macri fuera quien repitiera el guión que le pasó la policía que él creó, porque podía restarle puntos en el tramo final del balotaje por la Presidencia de la Nación.
Lucas Cabello, de 20 años, está (al menos al cierre de esta edición) muy grave en el sanatorio Los Arcos, adonde se lo trasladó luego de que fuera intervenido quirúrgicamente en el Hospital Argerich. Allí le practicaron una traqueotomía, se le extirpó un testículo y no se le pudo sacar una bala alojada en la médula.
Su padecer comenzó el lunes cuando recibió tres disparos del oficial de la PM, aunque, tal vez, comenzó bastante antes.
El joven Lucas, padre de Milena de dos años y cinco meses, vivía en condiciones precarias desde hacía 10 años en una casona del Instituto de la Vivienda (IVC) de la calle Martín Rodríguez 549, a la que había llegado “de forma transitoria” con otras 14 familias desalojadas de conventillos. En la cuadra y en el barrio las relaciones sociales estaban tensas por la falta de respuesta habitacional a todas las familias que empeoraron en los últimos años, a pesar de las promesas. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad, en lugar de buscar resolver los conflictos garantizando derechos a través de asistentes sociales, puso policías. Y peor, puso policías con muy poca experiencia, preparación y capacidad de contención.
Entre las 15.30 y las 16 del lunes regresaba Lucas de la panadería con su hija de la mano. En la otra, tenía los dos sándwiches de milanesa que comerían juntos y que acababa de comprar, cuando recibió un balazo del oficial Ricardo Ayala, de 24 años y pocos meses de instrucción. Según declararon los testigos, entre los que se encuentra la panadera, el primer balazo lo derribó y lo dejó en posición fetal en el piso. Sin embargo, Ayala se acercó y disparó dos tiros más, contra todos los protocolos, uno en el bazo y otro en el mentón. Claramente, quiso rematarlo a quemarropa. Se asomaron los vecinos y Ayala sólo atinó a guardar su arma y meterse en la casa contigua, que era donde estaba haciendo guardia por un conflicto entre vecinos donde nada tenía que ver Lucas. Ese no es un hecho menor, porque hacía varios días que Ayala tenía visto a Lucas.
La madre de Lucas pidió a otros policías que la ayudaran a llevarlo al hospital, pero se negaron; y encontró solidaridad entre los vecinos. Fueron al Argerich. Allí le dieron las primeras atenciones y le realizaron las operaciones quirúrgicas. La familia de Lucas regresó a la noche a su casa y se encontró con un vallado de la misma PM que les impedía el acceso. En los medios ya hacía horas que circulaba la versión de la Metropolitana que hacía referencia a un tiroteo con un “trapito”. Los vecinos, indignados, cortaron el cruce de las calles Almirante Brown y Villafañe en reclamo de justicia.
La versión policial es la que repitió Vidal agregando que “se trató de un caso de violencia de género”. Inventó así que el policía disparó porque defendía a la esposa de Lucas: “Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona y se agregó una consigna policial, para otorgarle protección a la mujer”.
El propio subjefe de la PM, Ricardo Pedace, la desdijo: “No, no, no es que desmiento (a María E. Vidal) sino que (la violencia de género) no era el motivo del hecho que ha ocurrido”. Ayala fue detenido y llevado a la Comisaría 24ª.
Como coartada, en su declaración del jueves, Ayala aseguró que Lucas lo había amenazado con un arma, y que ése fue el momento en que disparó dos tiros. El tercero dijo no recordarlo. Sin embargo, y a contramano de lo que suele ocurrir, nunca apareció la supuesta arma de Lucas (ni siquiera se ocuparon de plantarla), no había rastros de pólvora en sus manos y los únicos tres casquillos que se hallaron eran del arma de Ayala. Respecto del botón de pánico, el mismo Ayala reconoció ante el juez Osvaldo Rappa que, como no funcionaba su teléfono, fue él mismo el que lo accionó para llamar a sus compañeros, luego de dejar a Lucas baleado en el suelo. Subió al primer piso de la casa contigua, donde estaba el departamento de la mujer a la que se le había facilitado uno de los artefactos y lo accionó. También Ayala declaró que Lucas lo había hostigado el día anterior, algo que debería haber sido informado de inmediato en comisaría y a los superiores. No existe tal registro.
“Consta en las actas de la Policía Federal que fue a dar respuesta que no se encontró más que el arma de Ayala y sólo las tres vainas de su pistola. Según los testigos que declararon en Procuvin, que con el primer tiro Lucas quedó en el piso, y se acercó a rematarlo”, sostuvo en diálogo con Miradas al Sur Nahuel Berguier, quien junto a la Dra. Gabriela Carpinetti representan a la familia de Lucas Cabello. Y remarca: “Es responsabilidad de la conducción política de las fuerzas de seguridad qué tipo de agentes ponen en qué circunstancias”.
La causa está caratulada como “tentativa de homicidio agravado” y cursa a cargo del juez Osvaldo Rappa, en el Juzgado de Instrucción 35. Intervienen la fiscal de La Boca Susana Calleja y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Ángel Palazzani, quien señaló que “Lucas no estaba armado. No se trató de un caso de violencia de género. Es un hecho de la más alta gravedad en materia de violencia institucional”.
En ese sentido, el Dr. Berguier remarcó que los dichos de Vidal son lisa y llanamente falsos. “No es cierto que Lucas tuviera una denuncia de su esposa, ella misma salió a declararlo. Es vergonzoso y es una falta de respeto que en lugar de poner al policía a disposición de la Justicia y de solidarizarse con la víctima que está luchando por su vida, salga a ensuciarla y a entorpecer la investigación. Incluso dijo que la esposa tenía un botón antipánico que fue lo que accionó la respuesta del policía y no sólo no es ella la que lo tiene sino una vecina, sino que además sonó después de los disparos, porque lo accionó el mismo Ayala para llamar a sus compañeros. Pero incluso si hubiera sido cierto, no es disparar una forma de atender un conflicto de violencia de género. Hasta el subjefe de su propia policía la desmiente. Y lo agravante es que para sus mentiras se valga de una causa que impactó tanto a la sociedad como es la violencia machista, algo que nunca le importó porque, de hecho, cerró el Programa de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual”.
En una conferencia de prensa dada el miércoles, estaban presentes junto a Carolina, la madre de Lucas, y sus abogados: Eugenia Vázquez, la hermana de otra víctima de violencia institucional, Miriam Medina; madre del estudiante asesinado Sebastián Bordón; Gustavo Melmann, padre de Natalia, muerta en un femicidio en 2001, algunos diputados y legisladores porteños que se solidarizaron con la familia. Entre ellos, el diputado Leo Grosso, referente de la Campaña Nacional contra la Violencia institucional y responsable nacional del frente juvenil del Movimiento Evita, se solidarizó con la familia de Lucas, manifestó su repudio a las fuerzas de seguridad del Gobierno de la Ciudad y remarcó: “Una vez más la Metropolitana dispara a sangre fría contra nuestra juventud. ¿Este es el cambio que propone Macri? ¿Qué futuro para nuestro país pretende Macri baleando a nuestros pibes? Lucas recibió tres disparos ¿y nadie dice nada? Definitivamente, el cambio no es por acá”.

Futuro por pasado
La gaffe de Vidal al saber que había ganado la gobernación de la provincia de Buenos Aires cuando dijo “Cambiamos futuro por pasado” tomó una vuelta tenebrosa en el nuevo contexto de este nuevo caso de gatillo fácil, que obliga a revisar algunos antecedentes de la Policía Metropolitana (PM) y que demuestra que el caso de Lucas Cabello no es un hecho aislado, que no hubo “excesos” ni “errores”, sino que se trató de una lógica de la derecha con poder.
La Policía Metropolitana fue creada por la Ley 2.894 de Seguridad Pública, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 28 de octubre de 2008 y entró en actividad el 5 de febrero de 2010. Bajo control del Jefe de Gobierno de la ciudad, comparte las funciones de policía de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires con la Policía Federal Argentina y, en la zona portuaria, con la Prefectura Naval Argentina. Y aunque el gobierno estimaba que tendría cerca de 15.000 efectivos en 2009, en 2014 había sólo 3.000 efectivos. En julio de 2009, Macri designaba como primer jefe de la Policía de la Ciudad a Jorge “el Fino” Palacios, un ex comisario de la Policía Federal que había sido dado de baja en 2004 por grabaciones que demostraron que, sin conocimiento de sus superiores, mantenía conversaciones telefónicas con uno de los imputados en el secuestro de Axel Blumberg. Sin embargo, el Fino ya tenía antecedentes penales entre los que se destaca su vínculo como encubridor del atentado terrorista contra la AMIA (1994), los homicidios en la represión policial de 2001, también por alertar de un inminente allanamiento a los empresarios textiles de la empresa contratada por el gobierno de Macri para proveer de uniformes a su Policía. En agosto de 2009 renunciaba Palacios y asumía Osvaldo Chamorro, que renunció unas semanas más tarde por estar vinculado a un caso de espionaje en la CABA. Se sucedieron entonces Eugenio Burzaco (hasta fines de 2011), y asumió el ex comisario de la Policía Federal Horacio Alberto Giménez.
Una nota publicada en Infojus en 2013 recuperaba un informe del CELS del que se desprendía la represión como método; y recorre un listado que va desde la represión en diciembre de 2010 en el Indoamericano hasta la represión “disparando a mansalva, indiscriminadamente, a corta distancia y al cuerpo” contra internos psiquiátricos, médicos, legisladores y periodistas que fueron golpeados en el momento en el que intentaban documentar la represión y que fueron amenazados verbalmente por integrantes de la PM dentro del Hospital Borda. Sin dejar de lado las intervenciones violentas en la Villa 31, en el Parque Centenario contra vecinos que se oponían a la colocación de las rejas, la Sala Alberdi del Teatro general San Martín donde intervinieron policías de civil y sin identificación golpeando a manifestantes, y los desalojos violentos en La Boca, la Villa 21-24 y los constantes operativos contra manteros y vendedores ambulantes.
En el caso del Indoamericano, donde unas familias intentaban encontrar un paliativo a sus problemas habitacionales irresueltos y se los desalojó en lo que resultó una verdadera cacería policial, la PM persiguió a los tiros a la gente afuera del predio y disparó desde un puente hacia el interior de la Villa 20. En esa oportunidad murieron Bernardo Salgueiro, de 24 años, que vivía en esa villa y que ni siquiera había participado en la toma, y Rosemary Chura Puña, de 28, asesinada por una bala de plomo.
La PM siempre utilizó gases, balas y golpes que se extendieron mucho más de lo explicable y después de la represión (que fue la única opción que evaluó para abordar el conflicto) el Gobierno de la Ciudad se ocupó de culpar de la situación a una supuesta “migración descontrolada” o a militantes opositores y, al mismo tiempo, de evitar investigaciones internas y sanciones a los responsables, como tampoco de tomar medidas preventivas.
Curiosamente, otro de los patrones que siguieron siempre fue que las declaraciones referidas a los hechos represivos “no apuntaron hacia el esclarecimiento de los hechos, sino a tergiversar los hechos con falsas versiones, negar la responsabilidad de la fuerza policial, justificar sus acciones o, incluso, a reivindicarlas. Algunas de estas declaraciones, con el tiempo, probaron ser faltas directas a la verdad”, afirma el CELS. Tampoco es un caso menor que los efectivos imputados sean defendidos por abogados que tienen como domicilio la sede del Ministerio de Seguridad porteño. El mismo informe refleja que “de los 52 altos mandos de la fuerza, 38 tuvieron actuación en fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar” y que incluyen allí a Guillermo Galdame, integrante de la Policía Federal hasta que fue pasado a retiro por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y que está imputado por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Repetir la historia
Tal vez, para comprender mejor, valdría revisar el libro La Bonaerense, donde sus autores, Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil (en breve podrá descargarse de la página web de Miradas al Sur) detallan cómo se estructuró la que para algunos sería “La Policía del Siglo XXI”, para otros “La mejor Policía del mundo” y para la mayoría “La Maldita Policía”.
Sólo para sintetizar, el libro detalla que la Bonaerense tiene ciertas características de dependencia política por sobre una estructura militarista, porque fue formada en los primeros años peronistas. “Una de las pocas cosas que la ‘Revolución Libertadora’ de1955 dejó en pie”, destacan los autores. Pero el tiempo y ciertas debilidades políticas irían naturalizando el accionar de una fuerza vinculado a lo delictivo. Sin embargo, el verdadero salto “cualitativo” en la corrupción de la Bonaerense se daría en los años de la dictadura, cuando quedó al mando del general Ramón Camps. Años en los que empieza a darse el “autofinanciamiento operativo” que rápidamente llevaría al financiamiento personal.
En La Bonaerense se explicita: “El militar genocida y su temible director de Investigaciones, el comisario Miguel Etchecolatz, convirtieron a la policía y especialmente a sus Brigadas de Investigaciones en máquinas de matar que trabajaban a destajo y cobraban sus horas extra de entre los bienes robados a sus víctimas”. También recuerdan que en 1985, Etchecolatz fue acusado de integrar una célula golpista junto al hijo del ex general y otros terroristas de Estado “desocupados”. Y la Bonaerense resistió cada intento por dar de baja al apropiador de hijos de desaparecidos y médico experto en torturas Jorge Antonio Vergés.
Cuentan los autores que un comisario de escalafón profesional les dijo en 1984 que “la Bonaerense es un nido de víboras imposible de gobernar. Los tipos que se formaron con Camps no conocen otra vida, están cebados. Ellos pueden llevar el nivel de delincuencia a niveles insoportables”.
Las distintas intervenciones que intentaron una limpieza tuvieron tan poco tino que cuando pretendieron “desarmar los bolsones más conflictivos de la herencia militar”, desparramaron criminales de uniforme por toda la provincia, “contaminando los pocos vestigios de salud que podrían haber quedado en la institución”, según cita el libro.

“El Cabezón” de Banfield
Eduardo Duhalde fue el primero en ofrecer apoyo a Vidal, a horas de saberse el resultado inesperado para muchos. “Hay que ayudar a María Eugenia Vidal, no le va a ser fácil gobernar la Provincia”, decía el viejo adorador de la pena de muerte, que mantuvo siempre relaciones de larga data y buen cimiento con la Policía Bonaerense.
Duhalde, que había hecho de la “seguridad” su bandera de campaña, ya en 1991, prometía “mano dura” contra la delincuencia y los narcos, una carta que le permitió ligarse a la embajada norteamericana. Por cierto, en el libro se refiere a que parte de su carrera política se debió a sus fuertes contactos con la DEA.
Conocedores de la relación que unía a Duhalde con Pedro Klodczyk, y contando con la promesa de un fuerte reequipamiento y, sobre todo, de no interferir en asuntos internos, la Bonaerense aceptaría dar en contraparte subordinación, presencia en las calles y la mano dura que le pedía el gobernador. Para garantizar el pacto, Duhalde sustrajo a la Secretaría de Seguridad y a su Policía del control de la Legislatura, que sólo podría interpelar a sus ministros. Y además, disciplinó a su bloque parlamentario para que diera apoyo a los pedidos de financiación presupuestaria por compras millonarias de equipos, aun a costa de la transparencia de las mismas.
El libro recuerda también que, en 1993, eran inocultables las consecuencias de esa política: espionaje ideológico, desaparición de personas, y la represión por parte de policías desbocados contra estudiantes, dirigentes de DDHH, transeúntes y periodistas puestos a nivel de enemigos públicos número uno.

Tiempos de decisiones
Entre aquella vieja cultura represiva incuestionable de Duhalde y la nueva de Vidal, hay un eslabón que funciona de nexo: Cristian Ritondo, ex jefe de la SIDE durante la gestión de Duhalde, ligado con la barra brava del Club Nueva Chicago y verdadera pata peronista del PRO, que ya fue anunciado como ministro de Seguridad de la provincia a partir del 10 de diciembre de 2015.
El próximo domingo, entre las muchísimas cosas que se ponen en juego, también se define si a la dirección que el PRO ya tiene de la Policía Metropolitana y de la Bonaerense, se le sumará la conducción de la Policía Federal, de la Gendarmería y del Ejército. El voto decide.

Fuente: Miradas al Sur

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