LA JUSTICIA IMPUTÓ A DIRECTIVOS DE DONNELLEY POR QUIEBRA FRAUDULENTA

El fiscal Patricio Evers solicitó información a la AFIP, al Banco Central y a la IGJ para justificar las acusaciones contra la empresa

Finalmente los representantes de Donnelley deberán acudir a la Justicia por su imputación en el reciente caso de quiebra fraudulenta de la empresa, denunciado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informaron ayer fuentes judiciales. La causa, iniciada por el fiscal Patricio Evers, está radicada en el Juzgado Federal Nº 3, Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº12, a cargo del juez Daniel Rafecas, y está identificada bajo el Expediente 7871/14. De esta manera, los directivos deberán defenderse de las acusaciones por el fraude. Además, Evers reclamó mayor información a las diversas autoridades competentes para que pueda avanzar la causa.

 

El fiscal pidió a AFIP la información de la situación patrimonial resultante de las propias declaraciones juradas de Donnelley con el objetivo de analizar la situación patrimonial y económica de la empresa al momento de la declaración de la quiebra. Se procurará, por lo tanto, saber si es cierto que la empresa anunció la bancarrota teniendo activos mayores que los pasivos. Evers también consultó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los datos de las personas responsables de la empresa. Al mismo tiempo será necesario un peritaje contable que analice si los balances no han sido adulterados para simular menores ganancias en la empresa.
También se le demandó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe el estado de las cuentas bancarias de Donnelley. Por último, el fiscal solicitó al Juzgado Nacional en lo Comercial Nº19 que certifique el estado de la causa por la quiebra acusada de fraudulenta.
Los motivos de la quiebra de Donnelley han sido sospechados desde el principio. En una maratón de decisiones, el 9 de agosto una asamblea extraordinaria de accionistas resolvió la quiebra de la empresa, avalada por el juez Gerardo Santicha del Juzgado Nº 19, Secretaría Nº 17 (de la doctora Fernanda Mazzoni), en tan sólo 48 hs. A tan sólo 3 días de que el magistrado decrete la quiebra, la AFIP la dejó sin efecto por considerarla fraudulenta, realizando las denuncias penales correspondientes a la empresa.
Los números de la empresa, según habían informado oportunamente fuentes de AFIP, mostraban que la firma estaba lejos de estar en una situación crítica, algo que corroboraron fuentes empresariales del sector. Para empezar, en el momento de la quiebra, el activo de la compañía era de $ 180 millones mientras que el pasivo es de $120 millones, por lo que el patrimonio era positivo, de $40 millones. Otros datos relevantes refieren a los aportes de los accionistas, quienes en noviembre de 2013 invirtieron $ 3 millones en la empresa y que en el balance se registraban ganancias reservadas para distribuirlas a los accionistas por un total de $ 20,2  millones. Donnelley registraba, por último, al 31 de diciembre de 2013 $ 600 millones más que en el mismo balance del año anterior, y no tenía deuda alguna con
Estas cifras, sumadas a la velocidad con la que se decretó la quiebra, alertó a AFIP y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que en la empresa «no hay ninguna crisis ni mucho menos. Sabemos que 30 días antes, habían cambiado el directorio, se retiraron todos los directores y dejaron 2 personas aquí en la Argentina. Más acto preparatorio, imposible. Con lo cual, se trata lisa y llanamente de una maniobra», sentenció la presidenta, mientras anunciaba la denuncia penal correspondiente.

Fuente: Tiempo Argentino

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