LA CONFERENCIA EPISCOPAL RECHAZÓ EL NUEVO PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE ABORTOS LEGALES

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El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) lanzado hace unas semanas por el Ministerio de Salud de la Nación recibió un fuerte apoyo de las organizaciones que plantean la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en la Argentina, por un lado; y, por otro, las duras críticas de la Conferencia Episcopal Argentina que emitió un documento titulado La vida, primer derecho humano para cuestionar la política pública.
El documento en cuestión (analizado para Notas por la médica y activista Stella Maris Manzano), actualiza el emitido por el mismo Ministerio en 2010, bajo el nombre de Guía Técnica para la Atención de Abortos No Punibles. Esta nueva edición, según Manzano, representa un salto cualitativo con respecto al anterior “ya desde el título”. “En lugar de hablar de la no-punibilidad, o no castigabilidad del aborto, habla del mismo como un derecho, haciendo eco de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL”, afirma.
Por el contrario, y malinterpretando de forma intencionada el espíritu y los objetivos concretos del Protocolo, la asamblea de obispos sostiene que mediante este, “las autoridades obligan a impulsar el aborto”.
De acuerdo a Manzano uno de los puntos centrales es la concepción mucho más amplia del causal salud que permite interrumpir un embarazo de forma legal, como establece el artículo 86 del Código Penal. Según su mirada, avalada por la de la Organización Mundial de la Salud y ahora también por el Ministerio de Salud de la Nación, la salud entendida de forma integral es el “estado de bienestar físico, psíquico y social”.
Otro de los puntos criticados duramente por el clero local es el tema de la objeción de conciencia. Para la Conferencia Episcopal, presidida por el santafesino José María Arancedo, se trata de “un derecho humano fundamental” y cuestiona que el Protocolo prohiba la objeción de conciencia institucional. Textualmente, el documento estatal afirma: “Toda/o profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica del aborto no punible, siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica (CSJN, 2012)”.
“La objeción de conciencia es siempre individual y no institucional. De acuerdo a esto, todos los efectores de salud en los que se practiquen ILEs deberán garantizar su realización en los casos con derecho a acceder a ella. Asimismo, deberán contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley les confiere a las personas en relación a esta práctica”, continúa.
María José Filipelli, integrante de la comisión de articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en diálogo con Notas respaldó la posición oficial: “Independientemente de las convicciones de cada profesional, hay una práctica médica que tiene que garantizar cada institución del sistema de salud”. “Las conciencias son individuales, por definición”, agregó la activista que además es psicóloga,”el fallo FAL de la Corte Suprema lo plantea con claridad”.
También Manzano apoya el posicionamiento del Ministerio: “Esto es muy importante, debido a que en ningún otro caso se nos permite a los médicos poner nuestra ‘moral’ por encima de los derechos básicos de las personas”.
El Episcopado cuestiona también en su posicionamiento público sobre el tema que “al no favorecer la denuncia cuando el aborto es producto de una violación, la mira del Protocolo parece estar puesto en la eliminación de la persona por nacer, ignorando la responsabilidad del violador y favoreciendo el encubrimiento de un delito gravísimo”. Lejos está de la posición estatal desalentar las denuncias.
Por el contrario, como bien explica la abogada Soledad Deza en Página/12, el Protocolo “se adecua al fallo FAL, que respeta la autonomía de las mujeres en si quieren instar la investigación del delito o no, y separa eso del derecho a acceder a la intervención sanitaria si quiere interrumpir el embarazo”.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Filipelli insistió con que “la batalla ahora es por el cumplimiento efectivo del Protocolo en todas las provincias y por su amplia difusión, para que toda persona que decida interrumpir su embarazo enmarcado en los causales que el Ministerio admite como legales de acuerdo al Código Penal, pueda hacerlo sin trabas ni dilaciones”.

Fuente: Notas

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2 thoughts on “LA CONFERENCIA EPISCOPAL RECHAZÓ EL NUEVO PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE ABORTOS LEGALES

  1. como en la imagen de inicio que es en contra de Dios el abortar,, estoy en contra de esa decision de parte de la iglesia, las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus vidas, vivimos en un mundo semilibre sin embago ellas deberian oder decidir que hacer sobre sucuerpo

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