LA AUTOGESTIÓN EN LA MIRA: LOS VETOS PRO YA AFECTARON A MÁS DE 30 RECUPERADAS

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Por Javier Borelli
El veto a la ley de expropiación del hotel Bauen es el último de una serie que el hoy presidente de la Nación Mauricio Macri viene aplicando desde su gestión al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que ya afectó a más de 30 cooperativas creadas para impedir el vaciamiento empresarial y recuperar las fuentes laborales. En 2016, además, se sumaron vetos de los dos funcionarios del PRO con mayor responsabilidad ejecutiva: la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuyas decisiones impidieron la expropiación de otras cuatro empresas recuperadas. En un contexto de fuerte destrucción de empleos y aumento del costo de vida, la administración Cambiemos también les cierra las puertas a los trabajadores que se organizan para autogestionarse y garantizar así su sustento.
Macri adquirió una triste costumbre en los últimos tiempos: vetar leyes que protegen a las empresas recuperadas en época estival. Las primeras veces fue en su rol de alcalde porteño, y la última, esta semana, como presidente. Su historia “anti-autogestión” arrancó el 23 de diciembre de 2011, cuando decidió vetar la Ley 4008, sancionada un mes antes por la Legislatura porteña con el apoyo de todos los bloques (incluido el PRO), que prorrogaba por seis años la protección a 29 empresas que habían sido recuperadas por sus empleados desde finales de los noventa. La norma original (238/99) venía de la gestión de Aníbal Ibarra y declaraba de “utilidad pública” a todas esas unidades productivas para expropiarlas con fondos de la Comuna. Además, ordenaba al Estado porteño que, para garantizar ese mandato, se presentara en todos los juicios de quiebra contra esas fábricas para evitar su cierre y el despido de sus trabajadores.
La ley había sido prorrogada en 2004 y otra vez en 2008. Al vencer el último plazo, los legisladores promovieron una nueva extensión, que fue la que Macri vetó. La respuesta del movimiento de empresas recuperadas fue volver a la carga en la Legislatura al año siguiente, pero la Ley 4452, sancionada por unanimidad el 13 de diciembre de 2012, volvió a ser vetada por Macri el 24 de enero de 2013.
Ante el destrato por parte del Ejecutivo porteño, las recuperadas buscaron cambiar de jurisdicción. Así fue como, aun con dificultades y demoras, IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina), un símbolo del movimiento a nivel nacional, obtuvo en noviembre de 2015, a través del Congreso de la Nación, la expropiación definitiva de la fábrica y la cesión en comodato para la Cooperativa 22 de Mayo, que la gestionaba desde 1998. Los trabajadores del Bauen intentaron hacer lo mismo: obtuvieron la aprobación de Diputados, pero no llegaron a conseguir el voto favorable en el Senado antes del cambio político. Luego vino la historia conocida: 12 meses más de lucha para lograr que en la última sesión de la Cámara Alta se tratara su proyecto sobre tablas y se aprobara el sueño de la expropiación. Días después, un nuevo veto con la firma de Mauricio Macri.

No está solo
La modalidad de vetar iniciativas de empresas recuperadas se extendió entre los referentes del PRO con cargos ejecutivos. El primero en hacerlo fue Rodríguez Larreta, cuyo segundo veto, fechado el 4 de febrero de 2016, fue destinado a la ley 5500/15, aprobada en diciembre del año anterior, que permitía a los trabajadores del viejo restaurante La Robla, organizados en cooperativa, quedarse con los muebles del local vaciado por la patronal. Sus fundamentos fueron la “ausencia de una audiencia pública” previa y el planteo de que no hay “utilidad pública” cuando se beneficia a un “grupo privado” de personas, lo que desconoce el rol social y cultural de las empresas recuperadas.
Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, frustró tres expropiaciones en territorio bonaerense con la misma metodología. La más recordada es de la fábrica de acoplados Petinari, recuperada como Cooperativa Acoplados del Oeste, cuya expropiación había sido votada por unanimidad tanto en la Legislatura provincial (incluido nuevamente el PRO). Poco después, vetó la expropiación de la fábrica de cierres de cremallera Depende y del hospital de Llavallol.
¿A qué se debe esta posición del macrismo? “Hay un cuestionamiento ideológico y político, pero también cierto temor a este proceso”, explica Andres Ruggeri, antropólogo y titular del Programa Facultad Abierta de la UBA, que desde 2002 investiga la situación de las recuperadas. “Piensan que los negocios son para los empresarios y, en ese marco, las empresas recuperadas son una anomalía que no tiene que existir. Cada uno tiene su papel y el de los trabajadores no es gestionar. Eso se ve también en los fallos judiciales. Mientras que antes los jueces abrían las puertas a las fábricas recuperadas, ahora las cierran en la cara del trabajador. Tiene que ver con el clima actual”, explica.
Precisamente, en el último informe de Facultad Abierta se advierte de un creciente registro de causas penales por usurpación contra los trabajadores que ocupan las plantas, incluso en funcionamiento con permisos de juzgados comerciales. Algo que, por los mecanismos vigentes a partir de la reforma de la Ley de Quiebras, no debería suceder.
Este “clima de época”, marca el mismo informe publicado a mediados de año, también se puede ver en las intervenciones judiciales que privilegian el interés de posibles inversores por encima del sostenimiento de la fuente laboral. Sólo en cuatro meses de 2016, tres cooperativas de trabajo sufrieron esa visión. En el partido de San Martín están los casos de Forja San Martín y 2 de Diciembre (antigua Coventry), cuyo inversor no apostó a la continuidad productiva. En Berazategui, el juez de la quiebra de la metalúrgica Acrow permitió un cambio de la composición societaria de la cooperativa Crometal y un comprador se quedó con el predio a cambio de una suerte de indemnización.

Es la economía
“Más allá de esta agresividad política, lo que más afecta a las recuperadas son las condiciones generales de la economía”, aclara Ruggeri. “Este es un plan económico contra el mercado interno, que apunta a bajar los salarios mediante el desempleo. Entonces, las recuperadas no tienen lugar ahí. Porque si los desocupados recuperan fábricas y empresas no sirven. Hay que anular esa vía”, explica.
Eduardo Murúa, trabajador de IMPA y referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), comparte el diagnóstico. “Devaluación, tarifazo y baja de consumo es un cóctel explosivo para cualquier pyme, pero repercute más en las recuperadas, donde no hay ajuste de personal y la caída va directo a los ingresos de los trabajadores. A la clase trabajadora le sacaron de su bolsillo un 30% del poder adquisitivo y a los recuperados, un 50 por ciento”, señala. Con años de experiencia en el sector, Murúa pinta el panorama y traza un camino a seguir: “Hay muchas recuperadas que no pueden pagar la luz, y ahora viene el aumento de gas. Sabemos que la continuidad del ajuste es un hecho; por eso vamos a movilizarnos el 17 de enero contra las políticas económicas del gobierno.” Ya estuvieron en el fondo del mar y saben cuál es el camino para salir a flote.

Fuente: Tiempo Argentino

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