INSTRUCCIONES PARA CRIMINALIZAR: EL CASO MILAGRO SALA

casomilagro

Por Ulises Bosia
Con la detención de Milagro Sala, acusada de promover un acampe en defensa de la fuente de ingresos de miles de cooperativistas, la política de criminalización de la protesta social de la Alianza Cambiemos dio un salto de calidad.
Para construir legitimidad social para los miles de despidos en el empleo público, el gobierno nacional y los principales medios de comunicación están llevando adelante una fuerte campaña de estigmatización de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Con una particular vocación gastronómica, por un lado hablan de los “ñoquis” y por otro lado de la “grasa militante”.
A cambio de funcionarios políticos y militantes, proponen gerentes de grandes empresas -presentados como eficientes administradores del patrimonio común- y referentes de Organizaciones No Gubernamentales -seres desinteresados “no contaminados” por la política-.
La detención de Milagro Sala por parte del gobierno jujeño de Gerardo Morales llevó esta política de estigmatización a un salto de calidad y prolongó la ofensiva a un nuevo terreno: el de la militancia política y social, en particular en el sector de la economía popular.

Mauricio Macri explica el procedimiento
Con una dosis de ingenuidad, uno podría pensar que si bien Morales es parte de la Alianza Cambiemos, sería injusto comprometer a Mauricio Macri en el encarcelamiento de Milagro Sala. Sin embargo, el propio presidente se encargó de disipar cualquier duda en una entrevista con medios gráficos internacionales.
“Hace mucho tiempo que se hablaba (sic) de los abusos de poder de Milagro Sala y violaciones a la ley”, declaró. Y enseguida agregó que “si hay jueces que han decidido que eso que el periodismo comentaba es verdad, esto confirma que hay jueces dispuestos a hacer respetar la ley”.
El presidente aclara muy bien cómo funciona el mecanismo de criminalización. Primero se lleva adelante una campaña de desprestigio y acusaciones desde los medios de comunicación, algo que resulta accesible cuando se le promete a esos mismos medios eliminar la legislación antimonopólica que se negaban a aceptar.
A continuación, se busca un juez que impute a la persona indicada por los medios por algún delito cualquiera, en este caso promover un acampe en una plaza. Pero si no se encuentra al juez hay otra solución conveniente.
Se nombra un nuevo juez a cambio de que sus fallos sean los que le hacen falta al gobierno de turno. Es el recurso al que echó mano el gobernador Morales, de la “republicana” Unión Cívica Radical, que no contento con agrandar el Tribunal Supremo de Justicia de la provincia para garantizarse la mayoría propia a poco de asumir, también nombró al juez Ustares Carrillo a comienzos de enero. Casualmente es uno de los jueces que ordenó el desalojo del acampe.
En tercer lugar, se convierte un procesamiento en una condena violentando cualquier versión del principio de inocencia -“hay jueces que han decidido que eso que el periodismo comentaba es verdad”, aseguró el presidente- y se concluye la operación felicitando a los jueces por su criterio independiente.
Tenemos derecho a pensar que el presidente habla en serio. Por eso llama la atención que no haya tomado nota de la diferencia entre estar procesado y estar condenado, teniendo en cuenta su largo procesamiento en la causa de las escuchas ilegales, en el que con un gran sentido de la oportunidad, la “Justicia” lo sobreseyó pocos días después de haber ganado las elecciones presidenciales.
Finalmente, el último paso es la represión violenta de la protesta, con la que el propio gobernador Morales ya amenazó a los manifestantes, aunque según declaró, “por ahora” no la va a llevar adelante.

Espíritu de revancha y resistencia popular
La principal referente de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur concentra en su figura distintos condimentos que, ante cada nueva ofensa, dejan entrever el ADN de la derecha que nos gobierna: es mujer, de origen pobre, indígena, militante política, dirigente de su movimiento y abiertamente kirchnerista.
Con esto queda de manifiesto que el espíritu de revancha económica con que las grandes corporaciones iniciaron esta nueva etapa política del país va acompañado por un espíritu de revancha cultural, fuertemente impregnado en sectores de la sociedad. Racismo, clasismo, machismo, porteñismo, gorilismo, todo se mezcla en un combo explosivo concentrado en la figura de Milagro Sala.
Por otro lado, los ataques por corrupción contra la Tupac buscan desacreditar al conjunto de organizaciones de la economía popular que construyen viviendas populares en nuestro país, entre las que se destaca la organización de la dirigente jujeña.
¿Por qué no pensar que las grandes empresas constructoras como Techint, Roggio o Caputo -cuyo dueño es uno de los principales socios del presidente-, están también detrás de esta campaña de desprestigio para quedarse con una porción mayor del negocio de la construcción?
A su pesar, esta ofensiva de la clase dominante y de su gobierno poco a poco va generando marcos de unidad en el campo popular, como reflejo defensivo. Algo de eso pudo verse en la Plaza de Mayo el día lunes, en una manifestación en la que se mezclaban las banderas celestes y blancas con las banderas rojas.
Sin embargo, esa tendencia “objetiva” a la unidad del campo popular para resistir de mejor manera los golpes, todavía se encuentra ralentizada por las dificultades “subjetivas” producto de muchos años de fragmentación.
¿Cuántos ataques más deberemos recibir como pueblo para ser capaces de apelar a la más amplia unidad de acción contra la política de ajuste y represión del gobierno?

Fuente: Notas

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