HOMICIDIO Y HOMOFOBIA

El proceso oral comenzó en un tribunal de Córdoba. Organizaciones por la diversidad sexual se manifestaron frente al tribunal. Sostienen que el crimen es consecuencia de la discriminación y el odio a la identidad de género.

Por Marta Dillon

“¿Usted entiende lo que es discriminación? ¿Usted cree que sólo a mi hija la discriminan? A muchas de las chicas que están acá les pasa, van caminando y les dicen ‘ahí va la torta’, ‘ahí va la machona’. ¿Quiénes mataron a la Pepa Gaitán? Parte de la sociedad la mató, la sociedad que margina.”

 

Graciela Vázquez de Gaitán todavía no podía hablarle directamente al acusado de haber disparado una escopeta calibre 16 contra su hija Natalia el 6 de marzo de 2010. Por eso su mirada apuntó al defensor de Daniel Torres. Le había preguntado sobre los antecedentes penales de su “gorda”, la había indagado en busca de indicios violentos en la personalidad de la Pepa, había insistido en busca de una fisura en ese perfil de persona solidaria y querida que se fue construyendo de la víctima a lo largo de la instrucción. Y por eso la madre se desprendió del guión de las preguntas y formuló las propias. “¿Sabe por qué la llevaron detenida la única vez que la tuve que ir a buscar? Por merodeo. Pero ella había ido de compras, entre sus pertenencias estaban las boletas que le hice buscar al comisario. La llevaron por discriminación, por portación de cara, ¿usted entiende lo que es discriminación?”
Esa palabra, de la que Graciela Vázquez conoce tanto su significado como sus peores consecuencias, será una constante en el juicio que se inició ayer en Córdoba contra de Daniel Torres, un albañil que ese mismo 6 de marzo en que disparó contra Natalia “Pepa” Gaitán, la novia de su hijastra, se entregó a la policía casi sin oponer resistencia. Porque esa palabra es el meollo de este juicio, aun cuando no haya ley todavía que agrave un homicidio cuando la discriminación que alienta a quien lo comete tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.
“Y eso es lo que tenemos que probar –dice Natalia Millisenda, abogada de la familia Gaitán–, que en el origen de la violencia que se descargó contra la Pepa había prejuicio, rechazo. A ella la mataron por ser lesbiana. Los jueces podrán tenerlo en cuenta o no, pero eso es lo que se está escuchando desde ayer.”
“Torres le disparó a mi hija con una escopeta para cazar animales, la trató como a un animal porque le causó rechazo. No sólo porque era el padrastro de su novia Dayana, también porque su mujer, Silvia, estaba enamorada de mi gorda. Ella era así, muy codiciada. Aunque desde chica sufrió mucho por el rechazo, porque la sociedad no la entendía. Nosotros, sus padres, sí. Por eso mi mensaje es para otros padres, para que vean a sus hijos y a sus hijas, para que no los rechacen, porque después se pueden arrepentir”, dijo Graciela Vázquez antes de sentarse en el lugar de testigo para volver a contar la historia de su hija. Esta mujer de poco más de 50 que se define como “trabajadora social sin matrícula desde hace 23 años, desde que los mayores de mis cinco hijos empezaron la escuela”, es una persona querida y respetada en su barrio, el Parque Liceo, en la periferia de Córdoba. Acostumbrada a lidiar con distintos poderes para conseguir unas cuadras más de asfalto, para que se levante una escuela digna en ese cordón humilde donde vive, para organizar una guardería en el barrio para las mujeres que no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas; también sabía cómo poner el cuerpo cuando se daba cuenta de que discriminaban a su hija: “Bastaba que pasáramos un peaje en el auto para que nos pare la Caminera. Y ahí se quedaban mirando a la Pepa, dos horas, que su cara, que el nombre del documento, como si no entendieran que era la misma persona, ¿y a ellos qué les importaba? Mi hija se cansaba de buscar trabajo y nunca conseguía. Porque los chicos así nunca consiguen o consiguen trabajo de mulas, para llevar droga”, contó a este diario y también frente al tribunal. “Ella se deprimía mucho, la llevé a la psicóloga de chica, a los 12 o 13 años, pero le daban vueltas y vueltas y yo ya sabía lo que le pasaba, que era difícil primero enfrentar a su familia y después a la sociedad.”
Al mismo tiempo que la sala siete del Tribunal II abría las puertas para que se acomoden la familia y las muchas amigas de Pepa Gaitán, dispuestas a escuchar cada detalle de la audiencia, aunque con el temor de volver a encontrarse con el acusado por primera vez desde el escopetazo final, en las afueras de los tribunales, las banderas de siete colores que identifican a la diversidad sexual se plantaban señalizando un territorio propio. Organizaciones que llegaron desde Buenos Aires –como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) o La Fulana–, desde Rosario –como Las Safinas, Vox y del Area de Diversidad de la municipalidad de esa ciudad– o de Tucumán –como Las Cruzadas– se reunieron en torno de la Radio Abierta que propuso la local Devenir Diverse y el Encuentro por la Diversidad, también de Córdoba, para amplificar lo que sucedía dentro del edificio: que casi por primera vez se estaba juzgando un crimen contra una lesbiana por el hecho de serlo. Un crimen de odio, aunque esa terminología no tenga todavía validez legal. “Sería muy importante que se incorpore a la legislación penal la figura del crimen de odio”, dijo Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT. “Estamos acá para apoyar a la familia y para que se sepa que éste no es un caso aislado, la violencia existe y es cotidiana. Más contra las personas trans y travestis –agrega Alejandra Portatadino, de la CHA– y en este caso también porque Pepa Gaitán tenía una identidad masculina y eso suele generar más rechazo.”
La primera audiencia del juicio por el asesinato de Pepa, como prefería que la llamaran, se inició con la lectura de la acusación que dio cuenta de la relación entre ella y Dayana Sánchez –hija de Silvia Suárez, pareja, a su vez, del acusado Daniel Torres–, de una discusión en la calle entre la madre de Dayana y una amiga de Pepa, de la intervención de Pepa para separarlas y de un disparo que irrumpió inexorable como la muerte sin que mediara palabra alguna. Cuando le tocó declarar a la amiga de Pepa, Gabriela Cepeda, la congoja tomó la sala. Con palabras sencillas y la voz quebrada, la joven contó que tomó la cabeza de Pepa, le pidió que no se duerma, que aguante, la depositó en el suelo y se fue contra Torres: “Si la matás a ella matame a mí también”, pidió, desesperada, aunque Torres ya se había subido a la moto para intentar huir. Después la defensa intentó demostrar con sus preguntas que tanto Pepa Gaitán como Gabriela Cepeda habían amenazado a la familia de Torres, pero no lograron que esa sensación se instale en la sala. Cuando declaró Silvia Suárez, madre de Dayana, aludió al modo en que la habían provocado: “Me decían cosas, que Pepa y Dayana estaban juntas, para burlarme”, pero no pudo dar cuenta siquiera de ningún otro insulto amenazante. “¿Por qué le molestaba que su hija tuviera una relación con la víctima?”, preguntó el fiscal Fernando Amoedo. “Porque antes mi hija tenía novio, era una persona normal, después le cambió el carácter”, dijo la testigo, y la defensa aprovechó para reforzar otro lugar común, el del amigo o la amiga diferente para justificar que no hay discriminación: “¿Usted sabía que Pepa era lesbiana?”. Suárez contestó que sí. “Y había dicho que eran amigas, o sea que usted aceptaba que fuera lesbiana.”
En esta primera jornada, el acusado se negó a declarar. No es su última oportunidad y la defensa se la reservó para más adelante para poner en práctica, por ahora, la estrategia de sentar la sospecha sobre la víctima, pidiendo, por ejemplo, que se incorporen a la prueba sus registros penales –antecedentes que ni siquiera llegaron a condena– o indagar sobre sus conocimientos de box o “vale todo” –un estilo de lucha libre–. A lo primero fue a lo que más firmemente se opusieron tanto la fiscalía como la querella. “Eso sólo podría suceder si estamos frente a una caza de brujas”, dijo Amoedo. “En este juicio no se está investigando a la víctima, sino al victimario, por lo tanto sí tengo objeciones”, se plantó Millisenda, abogada de la querella y obligó a que la decisión del tribunal quedara, al menos, en suspenso.

Fuente: Página 12

 

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