¡HIPÓCRITAS!

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Por Mario Hernandez
La detención de Milagro Sala por la presunta comisión del delito de “asociación ilícita”, que ha merecido los pronunciamientos del Presidente del Parlasur, el ex Juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, el CELS, Amnistía Internacional, el presidente de la OEA y representantes del Parlamento Europeo, entre otros, por considerarlo un caso de violación a los Derechos Humanos y criminalización de la protesta social, ha sido aprovechado por los grandes medios y el gobierno de Mauricio Macri para poner en tela de juicio los emprendimientos productivos cooperativos vinculados a la Economía Popular.
Así, La Nación del pasado 20 de enero, entre otros, señalaba que: “El nuevo gobierno afronta el desafío de sanear un sistema de asistencialismo basado en la militancia política, que desvirtuó la sana figura de las cooperativas”.
Para continuar: “A través de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que alcanzan a más de 200.000 personas e insumen entre 15.000 y 20.000 millones de pesos anuales, se constituyeron, por decisión del gobierno saliente, seudocooperativas de trabajo, siguiendo un modelo que ya había sido desarrollado en la provincia de Santa Cruz, a partir de un falso concepto de cooperativismo asociado a una dependencia permanente de la asistencia del Estado. Salvo escasas y honrosas excepciones, sus integrantes, que en la mayoría de los casos ni siquiera se conocen, cobran mensualmente un subsidio.
Los recursos para adquirir los materiales y las herramientas de las obras que, a través de esos programas, supuestamente debieron realizarse han sido dirigidos exclusivamente hacia municipios con afinidad política y en otros casos, de manera directa, a cooperativas con reconocida influencia partidaria en su administración.
En aquellos pocos casos en que las obras se concretaron, se las ha presentado como públicas, realizadas por el gobierno nacional, encubriendo bajo la pantalla de un programa social una real precarización laboral. No han sido los trabajadores quienes decidieron constituir la cooperativa, no fue el Estado el que decidió contratarlos; por el contrario, los subsidió para disminuir ficticiamente y disimular el índice de desocupación y, en el mejor de los casos, los utilizó para la realización de obras con contabilidades difíciles de conciliar, apelando incluso a la dudosa supervisión, en algunos casos, de universidades nacionales”.

El verdadero alcance de la Economía Popular
En Argentina el término “economía popular” (EP) ha sido asociado al llamado sector informal y el de “economía social” a la promoción de emprendimientos productivos asociativos de personas excluidas o pobres, supuestamente rehenes de punteros políticos y el carácter precario en sus condiciones laborales y sociales, cuando en realidad el uso de esta categoría es parte de una batalla para darles nombre y representación a hombres y mujeres cuyas vidas laborales han sido desvalorizadas moral, económica y socialmente. EP es una categoría política que altera los términos de esta desvalorización.
Se trata de un proceso que comenzó 15 años atrás, previo al kirchnerismo, causado por la crisis del neoliberalismo, el quiebre del Estado y el crecimiento de la desocupación que llevó a miles de trabajadores a buscar en emprendimientos asociativos un lugar de inclusión y hoy representa entre el 25/30% de la población económicamente activa.
Este proceso se vio fortalecido en la última década por una serie de políticas públicas impulsadas desde el Estado, en particular las cooperativas de trabajo. Es el caso del programa “Argentina Trabaja” que mantiene el sentido de reinsertar a los pobres en el mercado que los excluyó, aunque muchas veces, como destaca La Nación, precariamente y sin sostenibilidad.
No obstante, esos programas han sido extraordinariamente importantes en medio de una crisis brutal como la heredada en el 2003 y la imposibilidad del sistema para absorber toda la población que busca trabajo.
Las fábricas recuperadas y los emprendimientos productivos de las organizaciones de trabajadores desocupados, heredadas por el kirchnerismo, son otros buenos ejemplos donde el trabajo autónomo, en especial el asociativo, es el factor central.
La multiplicación de redes de economía social y solidaria atestigua que no se trata de algo pasajero. Cada vez más Universidades y ONG incorporan a su agenda aportar capacidades indispensables a la EP y la Economía Social y Solidaria se ha convertido en objeto de programas de investigación y formación de posgrado.
Las redes de software libre son formas de trabajo autogestionado que se han transformado en uno de los rubros más importantes de exportación ingresando más de U$S 3.000 millones al haber de nuestro comercio exterior. La red de productores del mercado de la Estepa en Río Negro o la de 55 ferias francas en Misiones establecen otro tipo de relaciones entre miles de consumidores y productores artesanales y de la economía familiar. La “economía del cuidado familiar” cuyo valor equivalente de mercado es de alrededor de un 15% del PBI, las cooperativas de vivienda, las redes de comercio justo, son parte de la economía social, ocultada por una visión que limita la economía mixta a solo dos sectores: el público y el de las empresas de capital privado.
Otro ejemplo son las actividades de reciclado y el uso de tierras urbanas para huertas familiares y comunitarias y el espacio público para la instalación de ferias populares.
Sin reconocer la EP es imposible entender cómo funciona el sistema económico, cómo pueden vivir las mayorías con salarios que no alcanzan para comprar lo que se necesita para vivir. En la EP no predomina el objetivo de la ganancia sino el de reproducir la vida de los trabajadores y sus familias.
La EP solidaria es un sector cultural y políticamente estratégico que apunta a fortalecer lazos sociales y el cuidado del medio ambiente, frente al neoliberalismo individualista que propugna el “sálvese quien pueda”. Para esto, entre otras cosas, requiere superar la estigmatización.
Otro aspecto de la batalla cultural, y tal vez el más peligroso desde el punto de vista de la economía tradicional, es que todo este proceso es posible sin necesidad de un patrón o un capitalista. Un buen ejemplo es la Red Textil Cooperativa, que nuclea a más de 70 cooperativas de todo el país, que intervino en talleres de la Ciudad de Buenos Aires que explotaban a trabajadores de la comunidad boliviana con trabajo esclavo y los incorporó a la autogestión, lo que les permitió desarrollarse como trabajadores libres con trabajo digno y dirigir su propia empresa. Donde fracasaron las instituciones del Estado que deberían regular y controlar estas actividades, triunfó la EP “Social y Solidaria”.
Lo que el sector de la EP necesita, no es la crítica parcial y sin fundamento de los grandes medios vinculados a los intereses de la economía capitalista que no solo provocó la crisis del 2001-2 y fue incapaz de resolverla, sino de políticas públicas como pueden ser una Ley de compra cooperativa, un porcentaje de obras públicas para las cooperativas, la legalización de la tenencia de tierras para los pequeños productores y la agricultura familiar, solucionar la propiedad de los bienes inmuebles y maquinarias de las empresas recuperadas, contra el veto sistemático a las leyes que las protegen, como el reciente caso de “La Robla” por el flamante Jefe de Gobierno de la CABA, Rodríguez Larreta, siguiendo los pasos de su antecesor, Mauricio Macri; la creación de un fondo para el otorgamiento de créditos, etc.
Aunque debe incluir las políticas laborales y los programas redistributivos como la AUH, las “políticas sociales” son complementarias y no alternativas al trabajo autogestionado. Con recursos, la EP puede cubrir parte importante de la demanda de alimentos y textiles, construir barrios enteros, redes de infraestructura, sistemas de comercialización y transporte, etc., como ya lo ha demostrado.
Políticas activas que impliquen una revalorización social y monetaria de sus actividades mejorando los ingresos y remunerando trabajos todavía invisibilizados como el realizado en la economía familiar, casi exclusivamente por las mujeres.

El caso de la Túpac Amaru
La organización construyó dos escuelas. Una fue bautizada Germán Abdala, lo otra, Olga Aredes. Los trabajadores terminan sus estudios primarios o secundarios y obtienen títulos legales reconocidos por la provincia. Entre ambos colegios tienen 150 profesores, cuyos sueldos paga la organización. Los fines de semana los profesores realizan trabajo voluntario en los barrios más humildes de Jujuy. A las escuelas asisten jóvenes y adultos de 17 años en adelante. Además del programa de estudios se dictan tres materias obligatorias: Autoestima, Historia y cultura de Jujuy y de los pueblos originarios y Lucha del movimiento obrero. En dos centros de salud atienden 42 médicos y hay farmacéuticos, bioquímicos, y enfermeros. Funcionan una farmacia y un laboratorio. Además, adquirieron un tomógrafo y un mamógrafo.
En el barrio Túpac Amaru está el CEMIR (Centro Integral de Rehabilitación para personas discapacitadas) que fue construido en cuatro meses. Hay una plaza con juegos adaptados. El edificio es gratuito y abierto a la comunidad. A él son derivados pacientes de los hospitales provinciales. Hay salas preparadas para diferentes discapacidades, un gimnasio acondicionado, pileta climatizada, una sala con Cámara Gesell para el uso de psicólogos y psicopedagogos. Hay baños en distintas versiones y con variantes de protección, y salas con la acústica preparada para discapacidades auditivas. Compraron dos ambulancias de alta complejidad equipadas para el traslado y la atención de pacientes. La atención y los remedios son gratuitos.
Se establecieron seis fábricas con fondos del Ministerio de Desarrollo Social que emplean a 600 ex desocupados. Todas ellas venden su producción al público. En el barrio Túpac Amaru hay una fábrica textil con 146 empleados. Hacen delantales blancos, acolchados y remeras por encargo. La Túpac Amaru creó una fábrica de bloques de construcción, con los que se ahorran buena parte de los costos de las viviendas.
La Túpac Amaru trabajando como cooperativa de vivienda, construyó ―con dinero del Gobierno Nacional para cooperativas de vivienda― un barrio de 1.800 casas llamado «El Cantri de los Villeros» en el Alto Comedero, a 15 kilómetros de la capital provincial.
Todos los barrios tienen pileta de natación, cibercafé, telecabinas, minimercado y polideportivo con canchas de fútbol, básquet, hockey y rugby. A partir de 2003 recibieron planes para la construcción de viviendas de 54 m², con dos habitaciones, cocina comedor, baño y lavadero. Desde entonces llevan levantadas 3.800 viviendas. Cada casa cuesta $ 86.700 y da empleo a cuatro personas ―contra $ 130.000 pesos y un empleo y medio cuando son construidas por empresas comerciales―, porque producen ellos mismos los bloques de cemento y las carpinterías metálicas son hechas en el taller metalúrgico. Las cooperativas de la Túpac Amaru construyen 200 casas populares en seis meses, mientras que a las constructoras privadas les llevaría dos años o más.
La intendencia de San Salvador ha empleado a otras 13 cooperativas municipales. También tienen cooperativas la Iglesia católica y otras ONG. Realizan, por ley provincial de Jujuy, el mantenimiento de los edificios públicos y escuelas como cooperativa social. La Túpac tiene 8 de esas cooperativas y se encarga de la mayoría de los trabajos, los cuales siempre son entregados a tiempo.
Entre lo que recaudan por construir casas (130 millones de pesos), reparar edificios, coser delantales, fabricar bloques de ladrillos, un porcentaje de los planes y otros ingresos, los fondos de la Túpac rondan los $ 200 millones de al año.

Fuente: Rebelión

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