EL NEGOCIADO DE LAS TIERRAS EN ANISACATE

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En la ciudad cordobesa 20 familias luchan por la posesión de los terrenos que habitan. Los lotes fiscales fueron vendidos a una empresa inmobiliaria a precios irrisorios. Persecución, estafas y connivencia entre el Estado y los empresarios.
Los vecinos transitaban sus días con total normalidad hasta que llegaron las topadoras y las amenazas de la empresa Impetra Sociedad Anónima; el hostigamiento de las fuerzas de seguridad y la Justicia; y la complicidad de los poderes políticos. Son 20 familias que resisten en los lotes de Villa Río, Anisacate, lugar que habitan desde hace diez años.
“Tenemos a Infantería en la esquina de nuestras casas, los patrulleros nos rodean y alumbran las viviendas en la noche. Sufrimos continuos intentos de desalojos ilegales, allanamientos a cualquier hora del día y tenemos vecinos irregularmente judicializados. Queremos que se respete el proceso judicial”, denuncia Zaida Palmiño, una de las habitantes del barrio que lucha por la posesión definitiva de los terrenos.
“La primera vez fueron a la casa de un vecino. Entraron a la vivienda dos personas custodiadas por la policía. Y sin siquiera decir quiénes eran o a quién respondían, rompieron todo lo que se les cruzaba por enfrente. Fue violento y sorpresivo. Nunca antes habíamos tenido problemas”, cuenta la vecina de Villa Río.
La venta del predio está enmarcada en una presunta estafa al Estado provincial. Córdoba Bursátil, sociedad que administra los bienes del Estado, vendió a Impetra -sin proceso de licitación previa- los 200 lotes por 565 mil pesos en 2008. El valor total de esos lotes es de 20 millones de pesos, sin embargo se pagaron apenas 2.500 pesos por cada uno de ellos. Un precio irrisorio al que ningún vecino de la zona puede acceder.
“Desde que la empresa Impetra empezó a reclamar el predio perdimos el apoyo del Municipio. Nos acusan de usurpadores, no nos permiten pagar impuestos y le niegan la luz a los vecinos que no tienen. El intendente Ramón Zalazar toma partido por la empresa. Lo mismo pasa con la Fiscalía a cargo de Emilio Drazile”, dice Zaida.
La empresa inmobiliaria Impetra pertenece a Marcelo Laje, familiar directo de Carlos Laje, yerno de José Manuel de la Sota. “De manera directa y sin licitación, Laje compra tierras fiscales con familias enteras adentro. El yerno del gobernador es denunciado por el Banco Internacional del Desarrollo por presunta corrupción, y en esa misma época Laje compra los lotes. Hay otras investigaciones que hacerse antes de perseguir a los poseedores. Si estos personajes estafaron a la Provincia es un problema para todos los cordobeses”, sostiene Zaida.

Fuente: Revista Cítrica

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