EL MODUS OPERANDI DE LA REPRESIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN PANAMÁ

La respuesta del derechista Ricardo Martinelli a los planteamientos indígenas, responde al modus operandi que se viene imponiendo en América Latina durante los últimos años, cuando entran en confrontación sus intereses con los derechos colectivos de los pueblos originarios.

El domingo 5 de febrero, el Gobierno panameño puso en marcha un contundente operativo militar para disolver la concentración del Pueblo Ngäbe Buglé, que mantenía cortada la carretera interamericana, en defensa de sus derechos territoriales. La represión se ha cobrado al menos un muerto.

 

 

 

 

Desde hace semanas, el Pueblo Ngäbe Buglé viene protagonizando movilizaciones y protestas, para exigir al Gobierno del derechista Cambio Democrático que cumpla con los acuerdos alcanzados en mayo de 2011. En virtud de éstos de los cuales se establecía un régimen de especial protección para los bienes minerales, hídricos y ambientales presentes en su territorio (Comarca Ngobe-Buglé). Estos acuerdos se ven amenazados después de que los diputados oficialistas eliminasen el artículo 5 -que recogía esta protección- de la Ley Minera, actualmente en debate en el Parlamento.
En respuesta a las protestas indígenas, el Gobierno de Ricardo Martinelli comenzó una serie de movimientos políticos para garantizar que su proyecto de aprovechamiento de los recursos naturales de la Comarca sigue adelante.
Hasta llegar a los enfrentamientos del pasado domingo, ha seguido una serie de pautas que comienzan a convertirse en generales cada vez que se producen contradicciones entre las políticas estatales y los derechos indígenas, en América Latina:
1. Identificación de los intereses del Estado con los del extractivismo. El Gobierno panameño parece haber adoptado la explotación minera, maderera e hidroeléctrica como la única vía para alcanzar el supuesto desarrollo, sin tomar en cuenta otro tipo de consideraciones ambientales o sociales.
2. Incumplimiento de la normativa nacional e internacional de protección de los derechos indígenas. Si bien Panamá sigue sin ratificar el Convenio 169 de la OIT, su Constitución garantiza explícitamente la propiedad colectiva de las tierras indígenas, que queda regulada en la figura de las comarcas, reconocidas por ley.
3. Desconocimiento de las autoridades propias. El Ejecutivo no sólo no ha cumplido los acuerdos alcanzados previamente con los representantes legítimos del Pueblo Ngäbe Buglé, sino que, en los últimos días, ha impulsado el diálogo paralelo con organizaciones afines a sus visiones.
4. Falta de respeto por la dignidad de los pueblos. El Ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino expresó, refiriéndose a los indígenas movilizados que “esta pobre gente son víctima de una manipulación tremenda”, en lo que constituye un absoluto desprecio de su capacidad para tomar decisiones de manera autónoma.
5. Opción por la represión. A pesar de las constantes llamadas al diálogo por parte de distintas organizaciones e instituciones, el Gobierno optó por disolver violentamente las movilizaciones.
6. Manipulación del concepto de bien general. Para justificar sus acciones y sus intenciones, el Gobierno enarbola la bandera del interés de la nación panameña, que vendría a ser amenazado por grupos minoritarios y opuestos al “desarrollo”.
7. Criminalización de las organizaciones indígenas y de defensa de sus derechos. La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé ha denunciado la persecución que sufren líderes y autoridades.
A pesar de este escenario adverso, el Pueblo Ngäbe Buglé ha anunciado la continuidad de su movilización, arropado por decenas de organizaciones sociales estatales e internacionales.

Fuente: Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas

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