EL HÁBITO DE DEBATIR MAL, ENTRE ALGUNOS Y PARA POCOS

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Por Federico Dalponte
Si los presidentes se sucedieron en la Argentina a lo largo de un siglo y medio sin apelar a los debates públicos, nada hace pensar que en esta oportunidad su concreción o suspensión importe demasiado a los votantes. O, lo que es igual: nada hacer pensar que le importe a demasiados votantes.
Y ello no es un dato menor. En campañas electorales en las que los candidatos se abstienen de decir y hacer aquello que –se supone– puede escandalizar a los votantes, nada mejor para un aspirante renuente que saber que su inasistencia no le hará perder simpatías.
Pese a ello, quizás buscando una excusa verosímil para no asistir, hace pocas semanas Daniel Scioli le reclamó al Congreso la sanción de una ley que regule los debates presidenciales; es decir, una norma que establezca cómo deben discutir sus propuestas los candidatos, durante cuánto tiempo, frente a quién, sobre qué temas, en qué lugar.
Aunque con un debate público inundado de descalificaciones personales, acusaciones y frases vagas, mal podría una ley llenar el vacío de propuestas que dejan los postulantes: si la mejor estrategia de un candidato es acusar a su adversario de corrupto o narcotraficante, ello habla más de la incapacidad de estructurar un discurso consistente que de una carencia normativa.
Sin embargo, mucho antes del reclamo sciolista, distintos legisladores de la más variada procedencia política ya habían presentado efectivamente sus iniciativas: desde Francisco De Narváez hasta Victoria Donda, pasando por el radical Oscar Aguad, el socialista Ricardo Cuccovillo y el oficialista Miguel Ángel Pichetto.

La privatización del debate público
Como si fuese poco, la desidia del principal candidato y la apatía social son complementadas por la ambición de ciertos medios de comunicación cuya actuación no sólo busca influir en la política nacional, sino que también anhela privatizar la organización y transmisión del debate público.
En junio pasado, el encuentro entre los candidatos a jefe de Gobierno porteño, televisado por la señal Todo Noticias (TN) del Grupo Clarín, le permitió duplicar aquella noche su nivel medio de audiencia. Sin embargo, la transformación de un evento político en una atracción comercial para los anunciantes no agota el manantial de razones que impulsan a un medio a querer monopolizar la organización de un debate presidencial.
En su mayoría, las iniciativas de ley presentadas durante los últimos años propusieron que los debates sean transmitidos por cadena nacional, garantizando la transparencia y la difusión que los canales privados se niegan a ofrecer.
En efecto, si alguno de esos proyectos hoy fuese ley, los grupos económicos titulares de medios de comunicación perderían todo control sobre el encuentro, transfiriéndose su organización a la Cámara Nacional Electoral –tal lo propuesto, entre otros, por la radical Carla Carrizo y la oficialista Cristina Fiore Viñuales–.
En igual sentido, se garantizaría la presencia de todos los candidatos que hubiesen superados el filtro de las elecciones primarias, evitando la arbitraria selección realizada por un grupo de empresarios y periodistas.
Triste excepción, sin embargo, configura el proyecto de Adrián Pérez (Frente Renovador), quien consideró –al igual que el Grupo Clarín– que sólo algunos candidatos merecían participar: su propuesta, en efecto, sólo contempla que debatan aquellos que, sumados, hayan obtenido el 75% del total de votos en las elecciones primarias, hasta un máximo de cuatro –criterio que en esta ocasión vedaría la participación de Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño y Adolfo Rodríguez Saá–.

El histórico miedo a perder votos
En 1993 y 1995 tuvieron lugar los famosos debates entre el dirigente radical Rodolfo Terragno y el peronista Domingo Cavallo, discusiones que en 1999 serían recopiladas, editadas e impresas en forma de libro.
Pero curiosamente, el día de su presentación, el ex ministro de Menem –y por entonces aspirante a la presidencia– le reclamó a los gritos a los radicales presentes que organizaran un debate con su candidato Fernando De la Rúa. Sin embargo, el postulante radical lideraba las encuestas y ello fue motivo suficiente para negarse a debatir con quien luego sería su ministro.
El comportamiento de De la Rúa constituyó, no obstante, apenas un episodio más entre la lista de candidatos que se negaron a debatir acobardados por la posibilidad de perder su posición privilegiada en las encuestas.
En efecto, diez años antes del desencuentro entre De la Rúa y Cavallo, fue famoso el episodio en el que el aspirante radical Eduardo Angeloz asistió en soledad a un debate al que Carlos Menem nunca se presentó. Y como era previsible, apenas cinco días después del suceso, el riojano candidato se alzó con la victoria en las urnas.
Desde allí, la escena del candidato favorito que se niega a debatir se repitió con frecuencia: en 1995 nuevamente con Menem, en 1999 con De la Rúa, en 2003 con Néstor Kirchner en el ballotage y en 2007 y 2011 con Cristina Kirchner.
Quizás por ello, pensando en los candidatos con mayores chances pero renuentes a debatir, la mayoría de los proyectos de ley presentados en los últimos años prevén una sanción ante la inasistencia.
Por ejemplo, el proyecto de Adrián Pérez propone que, ante cada anuncio de campaña en los medios, se comunique durante diez segundos que el candidato en cuestión no cumplió con la obligación legal de debatir. Aunque otras iniciativas, como las de Oscar Aguad y Elisa Carrió, propugnan que la Cámara Nacional Electoral directamente impida la difusión en radio y televisión de nuevos anuncios electorales del candidato ausente.
La duda, sin embargo, versa sobre el impacto real de la sanción. ¿Cuánto inquieta realmente al candidato mejor posicionado el impedimento de difundir nuevos anuncios en radio y televisión? ¿Menoscaba sus posibilidades? ¿No le alcanza con su propia campaña financiada con aportes privados?
En rigor, es posible que ninguna sanción económica sea más efectiva que el desprestigio público. Y en tanto la obstaculización del debate público y democrático de ideas no resulte ofensiva para los votantes, es posible que sigan existiendo candidatos reticentes, programas de televisión reacios a escuchar a todas las voces y medios de comunicación renuentes a trasmitir el evento.

Fuente: Notas

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