Se separó a los funcionarios responsables del operativo policial

 

El ministro de Justicia, Julio Alak, destacó que «la primera obligación es preservar la vida” y sostuvo que “hay que profundizar la investigación para dar con quienes dispararon”. “Los enfrentamientos son el síntoma de los problemas irresueltos en la Ciudad», afirmó.

El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, afirmó que «se separaron a los funcionarios responsables del operativo policial» que reprimió a las personas que ocuparon un predio en Soldati y que hoy fueron desalojados.

Además, el funcionario explicó que «hay que profundizar la investigación para dar con los autores de los disparos que provocaron dos lamentables muertes». «La primera obligación es la de preservar la vida y la integridad de las personas», admitió Alak.

Por otra parte, el ministro opinó que estos disturbios son «el síntoma de los problemas irresueltos en la Ciudad, como la falta de vivienda» y exhortó al Gobierno de Mauricio Macri «a que se encuentren soluciones a los problemas habitacionales».

«Toda la estructura del Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH a disposición de la investigación judicial», informó.

 

 

El gobierno porteño intimó a las familias a que desalojen el predio ocupado

Mientras el subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Presti, intimó a los ocupantes del Parque Indoamericano a «desalojar el predio y nombrar representantes», el juez de Instrucción a cargo de la causa por la muerte de Rosemary Puña y Bernardo Salgueiro separó a la Policía Federal de la investigación, y adelantó que los proyectiles encontrados en sus cuerpos son similares y «podrían haber sido disparados por armas largas de fabricación casera». El tercer juez interviniente, Roberto Gallardo, ordenó a la Gendarmería «un cerco perimetral» al parque para que no ingrese ni salga nadie del lugar.

Luego de la reunión mantenida con las familias que ayer ocuparon el Parque Indoamericano, Presti deslindó cualquier responsabilidad de la Policía Metropolitana en la represión de anoche y afirmó que solo actuó como apoyo de la Federal -lo contrario de lo que sostienen las fuentes del gobierno nacional-, recordó que la orden de desalojo dictada por la jueza María Cristina Názar sigue vigente, y ofreció la realización de un censo para iniciar las negociaciones. Quienes permanecen en el lugar rechazaron «cualquier subsidio» y exigieron «propuestas concretas».

La legisladora María José Lubertino, por su parte, adelantó que será el juez Roberto Gallardo, que ya dictó una medida de no innovar, quien resuelva la cuestión de fondo.

Federico Orchani, representante de los ocupantes y miembro del Frente Darío Santillán, advirtió, a su turno, que «la ocupación continuará». Si bien reconoció que se abrió una instancia de diálogo con el gobierno porteño, afirmó que los vecinos esperaban la presencia de «un funcionario de más alto calibre, como el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta».

Organizaciones sociales repudian la represión policial

Mediante un comunicado, un grupo de agrupaciones sociales calificaron al desalojo de «represión brutal» como «consecuencia del enorme déficit en políticas de vivienda del Gobierno de (el jefe de Gobierno porteño, Mauricio) Macri, el cual prioriza los negocios inmobiliarios antes que la grave situación habitacional».

«Los jefes policiales que estuvieron al frente de esta salvaje represión deben ser sancionados con todo el rigor de la ley y separados inmediatamente de sus cargos», sentenció el titular de la Federación Tierra y Vivienda, Luis D´Elía, que acompañó el comunicado. D´Elía agregó que «la desidia y el salvajismo del gobierno de Mauricio Macri en materia a políticas de hábitat popular en la ciudad son factores determinantes en el conflicto de Villa Soldati».

En el comunicado las organizaciones aseguraron: «No podemos dejar de hilvanar este lamentable hecho con lo sucedido en la provincia de Formosa el pasado 23 de noviembre, que costó la vida también de Roberto López y Sixto Gómez. Este hilo conductor, nos indica que los grupos más concentrados del poder económico y sus actores políticos, intentan frenar los avances y movilización del pueblo organizado en lucha por sus reivindicaciones históricas y necesarias».

Entre las organizaciones convocantes se encuentran el Movimiento Evita, Frente Transversal, Federación Tierra y Vivienda, Corriente Nacional Martín fierro, Movimiento Peronista Revolucionario, y Organización Social y Política «Comedor Los Pibes».

Vecinos y funcionarios porteños, ante la Justicia

El juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo pautó la cita a las 20.30 con el objetivo hallar una solución al conflicto. Los ministros de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, y de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, serían los representantes que asistirán a la reunión con el juez porteño. Gallardo tomó intervención en el caso tras un pedido de «no innovar» del Defensor General porteño, Mario Kestelboim.

El defensor general solicitó que se apliquen «protocolos de actuación del Ministerio Público Fiscal, tendientes a recabar información de las personas antes de desalojarlas y que se exija al Gobierno de la Ciudad que se garanticen los derechos económicos y sociales de las personas involucradas como paso previo indispensable a cualquier medida policial».

De este modo, requirió que «se articulen instancias de diálogo y negociación entre el Gobierno de la Ciudad y los habitantes que eviten más peligro para vidas humanas y que tengan como eje central la resolución de la cada vez más grave problemática de la falta de vivienda».

Una presentación similar fue realizada por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad para «preservar la vida, la integridad física y la salud de las personasafectadas». En su presentación, la ODH expresó: «Denuncia y repudia las muertes, la violencia y el accionar de las fuerzas de seguridad en contra de familias que tienen sus derechos básicos vulnerados y plantea la urgencia de trabajar en políticas públicas para solucionar los problemas habitacionales de esta ciudad»

Duhalde pidió mano dura

El precandidato por el Peronismo Federal a la presidencia Eduardo Duhalde aseguró que la Argentina está «necesitando orden» porque se vive un situación «que explota por todos lados» y destacó que ello «es un factor que contribuye a la inseguridad jurídica, junto con la falta de inversiones».

Sobre la situación actual de la Argentina, Duhalde enfatizó que «estamos necesitando orden y hay una idea ridícula que se fue consolidando en el sentido de que el orden es de derecha, que ha ido penetrado fuertemente en nuestro país».

Respecto de la seguridad jurídica del país y el vínculo con la llegada de inversiones, Duhalde insistió que «el tema del orden es al respecto de la norma y hoy estamos en un momento en que al no estar ordenada la cosa explota por todos lados, como las muertes de ayer, la de los tobas, de Mariano Ferreyra», remarcó el ex mandatario.

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