EL DERECHO DE LOS PUESTEROS A LA TIERRA

La siempre controvertida cuestión de la posesión de la tierra y los derechos sobre ella, ha vuelto a ser puesta sobre el tapete con la iniciativa de un diputado a través de un proyecto que pretende “crear un programa provincial de regularización” en los departamentos oesteños de la provincia. Dicha herramienta legal, de concretarse, “tiene como objetivo informar, registrar, analizar y -lo más importante- regularizar los títulos y derechos de los ocupantes rurales”.

Lo interesante de esta iniciativa es que, al margen de su concepción en gabinete, ha requerido la opinión de los actores principales, esto es: los puesteros, además de otros protagonistas secundarios que también han sido invitados a opinar en el ámbito de los representantes provinciales.
El emprendimiento aparece como oportuno; han sido demasiados los hechos oscuros, controvertibles e injustos que se han originado alrededor del tema en los últimos años. El problema tiene, en el fondo, dos aristas claves y bien distintivas: quienes ocupan la tierra y aquellos que la pretenden. Estos últimos suelen apelar a derechos respaldados por papeles, muchas veces de dudosa procedencia y hasta abiertamente cuestionables. Enfrente están los que habitan el lugar desde hace varias generaciones, repechando la soledad y el aislamiento, ya que todos esos campos se ubican en áreas desérticas o semidesérticas. De hecho esas gentes, viviendo por décadas en tierras olvidadas, han creado su propio derecho de posesión.
Los antiguos ocupantes han visto con beneplácito la iniciativa, proponiendo reducir a la mitad el plazo de habitabilidad necesaria para hacerse acreedores a la titularidad de los terrenos, de cuarenta a veinte años. Considerando la dureza de las condiciones de vida la propuesta no aparece como descabellada, máxime que algunas familias superan largamente el medio siglo de presencia.
El olvido que se advierte para con esas tierras es consecuencia del poco valor que desde hace más de un siglo se les adjudicó a causa de las escasas lluvias características de la región; sin embargo bastó que las nuevas tecnologías agrarias, el mercado o alguna otra posibilidad abrieran otras perspectivas para que los poseedores -reales o presuntos- se lanzaran sobre los puesteros, a menudo legalmente desprevenidos, generándose situaciones muy preocupantes y hasta violentas con maniobras de colocación de alambrados de forma imperativa e inconsulta.
Algunos testimonios de los concurrentes a la comisión ad hoc de la Legislatura fueron no solo conmovedores sino también indignantes, como el de la mujer enferma que debió ser trasladada en una carretilla y pasada por encima de un alambrado, ya que su predio estaba totalmente cercado. No fue, por cierto, el único ejemplo de violencia disimulada o explícita sufrida por los pobladores. Conviene subrayar que el problema se repite con distintos matices desde nuestra provincia hacia el sur.
La reunión sirvió para escuchar testimonios de primera mano respecto a otros problemas y circunstancias que hacen directamente a la inacción y falta de un enfoque político integral por parte de los poderes públicos, como es el denunciado pago de derechos de pastoreo al Ente Provincial del río Colorado sobre tierras que no aprovecha. El caso más conmovedor y repetido es el de la obtención del agua para consumo humano y bebida de animales, un tema en el que sucesivos gobiernos han tenido políticas oscilantes pero nunca concretas y definitivas.
La afirmación del autor del proyecto de ley respecto a que también se escucharán otras voces y opiniones inherentes al tema abriga la esperanza de que los principios que han servido de base a la iniciativa -informar, registrar, analizar y regularizar- sirvan efectivamente para buscar una solución justa que, por su índole y antigüedad, no debería postergarse por más tiempo.

Fuente:  LA ARENA

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