¿DEROGACIÓN DE LA LEY DE TIERRAS? MÁS EXTRACTIVISMO Y MÁS CAPITAL EXTRANJERO EN ARGENTINA

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Por Agostina Costantino
Un repaso por la “Ley de tierras” que el macrismo pretende modificar, los problemas de la extranjerización y los incumplimientos de la misma.
El día 29 de febrero, el diario La Nación publicó que evalúan cambiar o derogar la ley de tierras sancionada en el año 2011. Según la nota, Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (donde funciona el Registro Nacional de Tierras), aseguró estar estudiando esta posibilidad, con el visto bueno del Presidente de la Nación. Esta iniciativa de “cambio” surge luego de que representantes de las inmobiliarias rurales le plantearan sus inquietudes al funcionario en relación al “freno” que estarían teniendo las inversiones por parte de extranjeros en este sector.
Pero repasemos un poco de qué se trata esta ley y la problemática que regula. La “Ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”, más conocida como “ley de tierras”, fue sancionada en el año 2011. La misma tiene como objetivo regular los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. Entendiendo como “persona extranjera” a las personas físicas de nacionalidad diferente a la argentina y a las personas jurídicas cuyo capital accionario mayoritario (51%) sea de otro país, la ley establece que, ya sea sobre el territorio nacional así como los territorios provinciales y municipales, la titularidad extranjera sobre el dominio o posesión de tierras no puede superar el 15% del territorio. Asimismo, sobre ese porcentaje, las personas de una misma nacionalidad extranjera no pueden poseer más del 30% y una misma persona no puede ser titular de más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial.

La problemática de la extranjerización de la tierra
Si bien desde sus inicios como Estado nación existen inversiones extranjeras en tierras en argentinas, a partir del año 2002, luego de la devaluación y del elevado precio internacional que comenzaron a tener las materias primas, este tipo de inversiones aumenta exponencialmente. Este es un fenómeno que comienza a darse en la mayoría de los países del “Sur” global.
La expansión del capital extranjero se da sobre la tierra de todas las regiones del país. Un 16,8% de la tierra adquirida fueron tierras fiscales, es decir tierra pública, que en algunos casos constituían parques nacionales, bosques y tierras baldías, pero en muchos otros se trataba de tierras pobladas y trabajadas por campesinos y pueblos originarios, en muchos casos bajo formas comunales de tenencia y producción. La instalación de las nuevas inversiones sobre estas tierras generó multiformes conflictos con las poblaciones asentadas o vecinas: desplazamientos violentos y forzosos, cercamientos de accesos públicos a lagos o ríos incluidos en las tierras compradas, cesión irregular de tierras por parte de algunos provincias, denuncias por contaminación y desmontes, etc.
Además de todos los conflictos sociales generados, el cuestionamiento a la “entrega” de tierras a capitales extranjeros está relacionado con el uso y los objetivos que estos capitales tienen sobre las tierras adquiridas. Según nuestro relevamiento, desde el 2002, 4 países explican el 69% de las tierras adquiridas por extranjeros: Estados Unidos, China, Canadá e India. Los objetivos de estos inversores son principalmente dos: producir bienes primarios (agropecuarios y mineros) para exportar al mercado mundial (es el caso de las grandes cadenas agroalimentarias estadounidenses y las mineras canadienses) y producir alimentos para abastecer sus grandes mercados internos (sobre todo, los casos de China e India).
Estos objetivos no son indeseables en sí mismos, pero lo que hay que tener en cuenta es que la tierra es un recurso finito y su distribución es de “suma cero”: lo que gana uno, lo pierde otro. Si la expansión de estos capitales se realiza sobre tierras ocupadas por campesinos, pueblos originarios y productores familiares que producen, en algunos casos, para su autoabastecimiento y, en otros, para vender en el mercado interno, ¿qué efectos tendrá esta expansión sobre la soberanía alimentaria? ¿Qué ocurrirá con la ocupación y los medios de vida de estas miles de familias que son obligadas a desplazarse de sus lugares? Y en términos más “macro”: ¿cuántos recursos, ambientales y económicos, se transfieren al exterior con este tipo de operaciones?

Laxitud e incumplimientos de la ley
Ahora bien, es cierto que esta ley tiene algunos problemas asociados, que han existido desde su sanción y que vienen siendo denunciados por múltiples colectivos ambientalistas y campesinos. Pero estos problemas no tienen que ver con lo que ahora aduce el capital inmobiliario, esto es, con algún tipo de excesiva regulación que “frene” las inversiones, sino justamente por lo contrario: la insuficiencia o laxitud que esta ley parece tener en términos de entrega de tierras a capitales extranjeros, e incluso con la falta de cumplimiento de la misma reglamentación que la ley impone.
Por ejemplo, al igual que en el caso de la Ley de Glaciares, la ley de tierras establece que, en un plazo de 180 días luego de la sanción de la ley, debía crearse un Registro Nacional de Tierras Rurales en el que cada provincia informe la superficie total de su territorio en manos de titulares extranjeros. Y, al igual que en aquella ley, este registro no se ha cumplido. En el año 2013, Cristina Fernández presentó los primeros resultados del Registro Nacional de Tierras Rurales que surgieron, principalmente, de un relevamiento realizado a nivel nacional (es decir, no con información de las provincias), mostrando un total de 15.881.069 hectáreas en manos de extranjeros (un 5,93% de las tierras rurales a nivel nacional), con porcentajes por provincia que van desde un 1,04% en Córdoba a 13,87% en Corrientes y 49 municipios (sobre todo, en provincias del Norte) donde se superó el 15% estipulado por la ley. Sin embargo, según informó en septiembre de 2014 la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la mitad de las provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero) no entregaron sus informes para el Registro Nacional de Tierras Rurales, con lo cual es de esperar que los resultados presentados por el Poder Ejecutivo Nacional hayan estado altamente subestimados.
Ahora, aún si estas disposiciones se cumplieran y teniendo en cuenta que la ley no afecta derechos adquiridos, el límite de 15% incluso resulta una restricción alta que otorga, indirectamente, permiso para que la titularidad extranjera, según los resultados oficiales alrededor del 5%, aun pueda extenderse sobre otro 10% de la superficie nacional. Al igual que en el caso de la eliminación a las retenciones mineras, la potencial flexibilización de las leyes sobre la tierra parecen indicar un claro rumbo hacia la profundización del extractivismo y la extranjerización de la economía argentina.

Fuente: Marcha

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