DEBATE POR UNA NUEVA LEY PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Por Mariel y Silvana Iovanna

El lunes 3 de noviembre se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación el “Encuentro por la Agenda Legislativa Nacional de las Organizaciones Sociales. Una propuesta desde las redes y organizaciones de la infancia”.

El evento, impulsado por Interredes y convocado desde el Instituto de Capacitación Política (ICAP) -a cargo de la ex diputada oficialista Claudia Bernazza- reunió a representantes de más de tres mil organizaciones comunitarias y barriales, que desde hace años reclaman la elaboración de un marco regulatorio específico para sus trabajadores y trabajadoras, en su mayoría educadores populares, como así lo han logrado con la ley de incorporación de la modalidad de educación comunitaria al sistema educativo formal (N°79413/14).

Durante presentación de los proyectos de ley, Bernazza definió a las organizaciones convocadas como asociaciones de acción comunitaria directa con grupos vulnerados, para las cuales es necesario un reconocimiento especial, que involucre tanto a sus trabajadores como a sus mecanismos de financiamiento y gestión.
Redes de apoyos escolares y centros de primera infancia, escuelas comunitarias y cooperativas, radios comunitarias y clubes barriales, acompañaron la iniciativa legal, expusieron ante en el Congreso sus reivindicaciones y luchas e hicieron hincapié en sus modos de funcionamiento y financiamiento como organizaciones comunitarias no sólo como “sin fines de lucro”, lo que las diferencia de las fundaciones y ONGs que cuentan con el respaldo de -o son parte de- grandes empresas y corporaciones. Un nuevo régimen laboral, el alivio impositivo y un régimen tarifario especial serían no sólo un respaldo económico para estas organizaciones, sino un reconocimiento a su labor comunitaria y social.
Ana Gravina, de Interredes, enfatizó en que hace falta “otro tipo de financiamiento para que sea real la figura de seguridad social para nuestras organizaciones”. La Red de Apoyo Escolar -RAE- e Interredes (la RAE es parte de Interresdes, al igual que la Red EL Encuentro, El Colectivo de A Pie, Cáritas San Isidro, la Red Andando, Cáritas Quilmes, Coordinadora de jardines maternales de La Matanzay el Centro Monseñor Angelelli) son organizaciones sin fines de lucro con trabajo  territorial educativo y cultural que desde hace más de veinte años acompañan el crecimiento de más de veinte mil jóvenes y niños bajo el programa UDIS (Unidades de Desarrollo Infantil).
Como explicó Lucía Villagrán, también representante de estas organizaciones, parte de los salarios de sus más de 2600 educadores populares y el equipamiento de los centros proviene del programa de Desarrollo Infantil. Sin embargo: “Los adultos también necesitamos que nos cuiden así como nosotros cuidamos a nuestros niños”, detalló Lucía ante los Diputados y asesores presentes.
Al igual que sucedió con el debate en torno a la ley de reconocimiento de jardines comunitarios, durante esta jornada se planteó que la figura de educador popular, titulado o no, no está contemplada en ningún marco y que por lo tanto su trabajo no tiene reconocimiento por parte del Estado. Todos los panelistas de la jornada coincidieron en que su trabajo los involucra como militantes sociales pero también como trabajadores que tienen un proceso de planificación, de dedicación de tiempo y supervisión.
En este sentido, Laura Taffetani, miembro de Pelota de trapo, organización fundadora del Movimiento Nacional de los Niños del Pueblo, dejó en claro que “el trabajo con niños y jóvenes es una elección de vida, una apuesta por la transformación social”, lo que no quiere decir que sea trabajo voluntario, o que esté en negro, mal remunerado o no se garanticen condiciones dignas de trabajo. Enrique Spinetta, de la Cooperativa de Educadores populares “Andalui”, explicó que una forma de regularizar la situación de sus trabajadores y militantes fue la creación de esta cooperativa.
Muchas de las organizaciones sociales presentes tienen más de veinte años de existencia y de lucha en diversos territorios, sobre todo del conurbano bonaerense. Durante estos años, han interpelado al Estado y sus diversos gobiernos mediante distintas estrategias y de forma reiterada. La Lic. Delia Juarez, Coordinadora del Programa de Descentralización Municipal de La Matanza, posicionó a estas organizaciones además como constructoras de políticas públicas: “Nunca dejamos de poner el cuerpo. Fuimos construyendo e interpelando al Estado. Le hemos dicho lo que no estaba haciendo bien y lo que nos faltaba. Fuimos poniendo en agenda el tema de la infancia. Cuando interpelamos al Estado nunca dejamos de hacer una propuesta. No sólo protestamos”, cerró la educadora popular.
La jornada finalizó con la presentación de cuatro proyectos de ley que abarcan los siguientes ejes:
Servicios públicos: Se propone un régimen tarifario específico para las organizaciones sin fines de lucro que realicen trabajo comunitario y territorial, no para empresas y/o comercios. De esta forma, estas organizaciones podrían acceder a servicios básicos sin sobrecargarse de impuestos.
Campo laboral y utilidad social: Los trabajadores de dichas organizaciones sociales, que articulan políticas públicas con el Estado, podrán desarrollar sus tareas bajo un régimen laboral específico. En este sentido, las propuestas giraron en torno a contemplar a sus trabajadores bajo los convenios de UTEDYC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas  Civiles),  y brindarles beneficios sociales como monotributistas sociales. Asimismo, se busca garantizar que los bienes de estas organizaciones no sean embargados y sean considerados como patrimonio comunitario, ya que fueron el resultado del trabajo colectivo y fraterno de la propia comunidad.
Campo impositivo: Se busca exceptuar del impuesto al cheque y del pago de impuesto a las ganancias a estas organizaciones comunitarias.
En base a estas propuestas, queda debatir cómo efectivamente reconocer a estas organizaciones sin fines de lucro diferenciándolas de mutuales, fundaciones y cooperativas pertenecientes a grandes corporaciones, y cómo acercar estos beneficios a organizaciones  que realizan trabajos similares pero que no se están financiadas por planes y programas del Estado, y si sus trabajadores deben nuclearse bajo los convenios de UTEDYC (como lo propone uno de los proyectos de ley), si pueden nuclearse en otra organización o federación sindical o armar un espacio específico vinculado al trabajo social y de educación popular.
Además, algunas organizaciones vinculadas al proyecto UDIS presentaron un pedido especial que consiste en convertir el programa UDIS en una ley, es decir, establecer el financiamiento de estas organizaciones comunitarias culturales y educativas como parte de la partida presupuestaria anual y no sólo como parte de un programa a renovar anualmente. Dejar en manos de la voluntad política el financiamiento de estos programas ha llevado a la falta de respuesta política en situaciones de inestabilidad del programa. Por ejemplo, durante el 2012 y el 2013,  el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Daniel Scioli se retrasó en los pagos de los programas y puso en peligro la atención y el acompañamiento de miles de niños y jóvenes del conurbano bonaerense.

Fuente: Marcha

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