CÓRDOBA: UNA LEY APROBADA Y MILES DE VOCES QUE LA REPUDIAN

La Ley de Ambiente aprobada el pasado miércoles 11 de junio en la Provincia de Córdoba,vuelve a poner en evidencia una lucha desigual: el poder económico concentrado y el poder político cómplice, contra los pueblos que a pesar del avance de las corporaciones, se organiza a favor de la vida. Un recorrido de la resistencia hasta la ley mentirosa aprobada en los últimos días.

La superficie cultivada con soja ha crecido de manera consistente durante los últimos 40 años, se estima que hoy cubre más de 20 millones de hectáreas del territorio argentino. Son 200.000 kilómetros cuadrados sembrados con semillas transgénicas diseñadas para soportar fumigaciones con productos altamente tóxicos. Lo que equivale al 56% de la superficie cultivada. Las consecuencias: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión.

 

El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC) denuncia que al menos 200 mil familias fueron expulsadas del campo. A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento.
El 99% de la producción se exporta. China es el principal comprador de las cosechas que se trasladan como materia prima en millones de toneladas desde los puertos de Rosario y San Lorenzo. Los altos precios en el mercado internacional volvieron el país altamente dependiente de la soja

Malvinas Argentina un antecedente de lucha y resistencia
Malvinas Argentinas es una ciudad de 16 000 habitantes en lo que era antes el “cinturo?n verde” de la ciudad de Córdoba, a 800 kilo?metros de Buenos Aires. Monsanto pretende instalar allí? la mayor planta de procesamiento de semillas de maíz de Latinoame?rica. La empresaprometió? progreso y empleo para los habitantes. No solo incumplieron dicha promesa, además, y como en cualquier pueblo fronterizo con campos de soja transgénica, se han registrado un gran número de casos de leucemia, pu?rpura, abortos espontáneos, problemas pulmonares y manchas en la piel. La muerte allí ya no tiene que ver con la vejez.
Un grupo de vecinos reunidos en la asamblea “Malvinas por la Vida” inició el 19 de septiembre 2013 un bloqueo a la planta para exigir de la empresa una consulta popular y un estudio de impacto ambiental. El informe fue presentado por la empresa y rechazado en el mes de febrero por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba “al no identificarse los impactos relevantes y sus consecuentes medidas de mitigación, por lo tanto no puede considerarse el mismo como instrumento técnico válido que permita su correspondiente aprobación”, indicó el comunicado oficial.

La nueva Ley de Convivencia Ambiental

El pasado miércoles 11 de junio, con el voto de todos los bloques de la Unicameral, con excepción del Frente de Izquierda y la abstención del legislador José De Lucca, del Frente para la Victoria, se aprobó la nueva Ley de Convivencia Ambiental en la Provincia de Córdoba. La norma contó con el aporte de organizaciones ambientales durante el debate en comisión que llevó cerca de tres meses, y tuvo modificaciones que se fueron realizando al despacho final hasta último momento. Esto hizo que muchas de esas organizaciones desconocieran el texto final.
Cinthia Frencia fue una de las legisladoras que se opuso al proyecto argumentando que el mismo fue diseñado para permitir el ingreso de Monsanto a Malvinas Argentinas, ya que permite el reordenamiento territorial para que la multinacional pueda instalarse donde actualmente no podría hacerlo por la actual norma de uso de suelo. Desde su bloque la contrapropuesta era declarar la emergencia ambiental.
La ebullición del caso de Malvinas Argentinas dejó expuesto a Monsanto y al gobierno provincia: A comienzos de este año la justicia determinó que los permisos eran “inconstitucionales y arbitrarios”. Para que se entienda, la zona de Malvinas Argentinas donde Monsanto pretendía instalarse, está catalogada según la ley provincial de uso de suelo como “zona agropecuaria no contaminante”, lo cual permitió el fallo del 8 de febrero que prohibió la planta de tratamiento de semillas. Según la nueva ley provincial, el artículo que plantea un nuevo reordenamiento territorial puede favorecer, en la práctica, a las empresas. Ahora esa zona como otras, podrían redefinirse a partir de criterios ambiguos. Dice el artículo 10: “definir las eco-regiones del territorio provincial a partir del diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales, así como de las actividades productivas que en ellas se desarrollen”.
La nueva normativa, plantea audiencias públicas y consultas populares no vinculantes (lo que implica que el voto de la ciudadanía no es obligatorio). No va a permitir que una empresa presente un nuevo estudio de impacto ambiental luego de que se le rechacen uno primero, pero sí Monsanto podrá hacerlo en los próximos meses porque los legisladores de encargaron de aclarar que la ley no es retroactiva.
“La ley hace enunciados menores a lo planteado en la Ley Nacional de Ambiente. Habla de que se podría consultar a las poblaciones, pero a esta altura queda claro que para velar por los derechos de la población es fundamental que debe ser obligatorio la consulta cuando se puede poner en peligro la salud y el ambiente”, estimó Merardo Ávila Vazquez,integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (REDUAS) a Cba24n.
“Es sólo una declaración de intención y deja todo librado al accionar de la Secretaría de Ambiente que hasta ahora es una repartición que no reconoce la Ley de Ambiente Nacional y que ha dado autorizaciones sin ningún tipo de fundamento técnico, como ha pasado con Monsanto”, afirmó el médico.
Organizaciones ambientalistas acusan que el proyecto es “insuficiente” y que no cubre los requisitos de la Ley Nacional.
Para ellos, la normativa “reacciona ante la situación que se ha generado en toda la provincia, donde hay mucha gente que está reclamando por problemas ambientales, pero no aborda graves problemáticas que sufre la provincia”.
La Asamblea “Malvinas Luchas Por la Vida” que resiste la instalación de Monsanto en su localidad desde hace más de un año, denunció en un comunicado que “una vez más el Gobierno de José Manuel de la Sota pone por encima de los intereses económicos y disfraza de democracia el tratamiento de la ley de “supuesta convivencia ambiental”. Denunciamos que esta ley viene a garantizar la instalación de Monsanto y a permitir que continúe el modelo extractivista que va en detrimento de la salud de cada uno de los cordobeses”.

Fuente: Portal de la Economía Popular

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